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En horas de la tarde de este 2 de abril, Keralty, mayor accionista de EPS Sanitas, emitió un comunicado en el que expresa su rechazo a la decisión que tomó la Superintendencia de Salud de prorrogar por un año más la intervención de esta EPS.
“Expresamos absoluto rechazo a esta determinación, que es una medida arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”, señalan en el boletín, en el que anuncian que aún están a la espera de las decisiones judiciales que están en marcha tanto en tribunales nacionales como internacionales.
A finales de enero de este año, se supo que el Grupo Keralty presentó una solicitud de arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), en el que busca una indemnización de, por lo menos, US$ 1,2 billones.
Según dicen en el reciente comunicado, Keralty ejercerá todas las acciones legales adicionales que permitan recuperar la administración directa de EPS Sanitas y “resarcir los daños causados, con el fin de garantizar la salud y bienestar de más de seis millones de colombianos”.
A los ojos de ese grupo económico, la medida de extender por un año más la intervención, que anunció la Supersalud en horas de la mañana de este miércoles, es equivocada en tanto “los resultados de este año demuestran que esta intervención no ha solucionado la crisis, sino que, por el contrario, la ha agravado y los indicadores de patrimonio, reservas técnicas y quejas han empeorado a niveles alarmantes”.
En la otra orilla, para la Supersalud, la decisión de esta prórroga fue tomada porque “en el momento actual persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a los usuarios”.
Pero para los dueños de EPS Sanitas hay un problema de fondo que no tiene que ver con la “mala gestión” de la empresa, sino de la “insuficiencia de recursos por la desfinanciación, atribuible al Estado colombiano”.
“La propia resolución de prórroga constata que las acciones tomadas en el marco de la intervención ‘no favorecen los resultados del costo de acuerdo con el cálculo del indicador de siniestralidad, quedando en 105,29% al corte de diciembre 2024’”, se lee en otro apartado del comunicado de Keralty.
También agregan que desde que la EPS está intervenida ha habido “un deterioro significativo de la situación financiera en el último periodo evaluado”. Aseguran que no se están cumpliendo con los indicadores y metas propuestas.
Una de las muestras para ese grupo económico es que la Defensoría del Pueblo, incluso, señala que las “quejas en el Sistema General de Salud Colombiano han aumentado un 75,7% en los últimos dos años, lo que refuerza que la intervención de las EPS no ha resuelto los problemas estructurales del sistema”.
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