![Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/5PXQ6DM6QBCGVNJT4OYY4DCUBI.jpg?auth=2a9302dc2fa0d23621e6cf4003286bb4b4973f27c78a6f5ca2d6d87c50778adb&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Antes de responder preguntas, Andrés Aguirre prefiere conversar varios minutos sobre lo que está sucediendo en Colombia con la pandemia. Le gusta ser pedagógico y dar detalles del contexto en el que vive la salud del país. Lleva dos décadas como director del Pablo Tobón Uribe, uno de los hospitales que suele estar en la lista de los mejores de América Latina y cree que estos meses han dejado muchas enseñanzas e inquietudes sobre las que vale la pena reflexionar. Una de ellas tiene que ver con lo que se avecina tras el fin de las cuarentenas: “Es un error creer que estamos protegidos porque ya pasó el pico de la pandemia. Aún somos susceptibles. Se está creando una falsa seguridad, pero la gente debe comprender que debe evitar las ‘tres c’: espacios cerrados, concurridos y donde haya cercanía entre las personas”.(Vea toda la información sobre el coronavirus en Colombia)
Su preocupación no solo tiene que ver con lo que sucederá las próximas semanas. Concuerda con que el virus SARS-CoV-2 ha mostrado muchas de las fragilidades de un sistema de salud que, pese a los esfuerzos, tiene grietas formadas tiempo atrás que aún no se han podido sellar. “Ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para atender una pandemia”, dice. “El nuestro tampoco. Lo que necesitamos es un enfoque de salud pública, pero tenemos un sistema de aseguramiento individual. Además, un gran retraso en infraestructura hospitalaria. Lo muestra el informe de la OCDE sobre el sistema de salud colombiano: Colombia tenía 1,6 camas hospitalarias por mil habitantes, cuando los países de ese grupo tenían 4,8 camas. Colombia tenía 1,6 médicos por cada mil habitantes y los otros países 3,7. Nosotros tenemos una enfermera por cada mil habitantes y los otros 9. Entonces hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme”.
En su caso logró salir de esos aprietos gracias a que los empresarios antioqueños decidieron invertir casi unos $15 millones de pesos en el sector hospitalario. Sin eso, cuenta, no hubiesen podido ampliar el número de camas de cuidado intensivo (UCI), que a medida que avance la pandemia desatarán una seria discusión financiera. “¿Quién va a mantenerlas?”, se pregunta Aguirre. “Cuestan mucho dinero y el sistema no las paga”.
¿Cómo que no las paga? “Al sector hospitalario le están pagando por cada UCI disponible $450 mil. Pero una UCI disponible al día vale cerca de $2 millones. Es decir que estamos hablando, en el mejor de los casos, de una cuarta parte. Y ahora muchos hospitales tendrán UCI vacías. Es como decirle a un piloto que sostenga un avión en el aire durante 10 mil kilómetros pero que solo tiene gasolina para 5 mil. El resto pónganle buena voluntad. Una de las cosas importantes es abrir la economía, pero si no hay una manera de mantener estas UCI disponibles, pues habrá alerta roja otra vez. Simplemente los hospitales van a cerrarlas por razones de insostenibilidad”, responde.
Para Aguirre el 2020 ha planteado muchas paradojas que, asegura, se deben resolver con decisiones equilibradas y tratando de entender las complejidades del país. Un buen ejemplo son las cuarentenas: “Uno puede tener un escenario de cero muertes porque todo el mundo está encerrado, pero la economía destruida. Es un escenario tan catastrófico como el opuesto: una economía y una sociedad abierta y muertes por doquier. La solución, entonces, no está en ninguno de los extremos. Esto no debería ser una competencia de quién muestre los números más bonitos”.
En medio de todos este escenario, ¿qué tan saludable está el hospital financieramente después de esta emergencia?
Hemos logrado encontrar la sostenibilidad. Los meses de marzo y abril fueron muy duros. Una de las cosas que dijimos era que había que proteger a los que cuidan. Entonces no descuidamos a nadie. Se les ha pagado a todos de manera cumplida. Pero en abril tuvimos pérdidas de $8.500 millones. Desafortunadamente las estrategias de financiamiento del Gobierno no han sido eficaces. El Acuerdo del punto final no ha empezado y es muy posible que tenga varias dificultades porque muchos aseguradores no quieren meterse en él. Eso es muy desafortunado. Para el caso nuestro, en Antioquia, pasó algo particular: las principales dos EPS, que son Savia Salud y Sura, entendieron esa responsabilidad social y mantuvieron los pagos. Eso es una condición excepcional que en muchas otras ciudades no sucedió. Ha permitido que el hospital pueda mantener un flujo de caja suficiente para poder mantener su operación. Pero esto necesita medidas más eficaces del Gobierno.
Ya lo dijo: el Acuerdo de punto final, con el que el Estado iba a resolver deudas del sistema, parece una promesa que no se concreta. ¿No ha visto algún resultado?
Hay que decirlo: lo que está en entredicho es la legitimidad del sistema de salud. Yo hago un llamado a una responsabilidad social de los aseguradores. Muchos de los asegurados no han querido utilizar este tipo de instrumentos. Si colapsa el sector hospitalario, sin UCI, ¿qué le pasa a la economía?. Sin UCI disponibles, el Gobierno vuelve a imponer cuarentenas. El Gobierno le dijo a las aseguradoras “utilicen las reservas técnicas”; la mayoría no quiso. Les dijo: “métanse al Acuerdo de punto final”; y lo que sabemos es que muy pocas EPS quieren hacer uso de ese instrumento. También les dijo: “den anticipos cuando tengan pacientes en las UCI de COVID-19”; pero el hospital no ha podido cobrar el primer anticipo. No lo autorizan. Entonces, hay que hacer un llamado a la responsabilidad social. No es un tema del hospital, es de país.
¿Qué ha sido lo más desafiante para el hospital en estos meses?
Cuidar a nuestro propio grupo humano. Si no les dábamos elementos de protección, si no hacíamos procesos seguros para ellos, pues sucedía lo que pasó en España e Italia, donde buena parte de los enfermos de COVID-19 los puso el sector salud. Y si un sector se queda sin cuidar a los que cuidan, entramos al peor de los mundos. Eso fue muy desafiante. El hospital también montó muy rápidamente las pruebas PCR para hacer un seguimiento a nuestra propia gente; para que pudiera llegar a sus casas de forma segura. La otra cosa que fue muy desafiante y que fue muy desafortunado fueron las declaraciones de que había un cartel de COVID. Nuestra gente ha sido agredida y ha sido señalada. Incluso, ha habido casos dramáticos. Personas no se han dejado hospitalizar por miedo a caer en una institución del supuesto “cartel de COVID-19”. Entonces las desafortunadas declaraciones, que nunca fueron corregidas de una forma contundente, generaron una deslegitimación del sector hospitalario colombiano.
¿Cuántos casos positivos tuvo en el personal de salud?
Hasta el momento éramos unas 150 personas de 2.600, aproximadamente. Hay que decir que sigue siendo bajo. Muchos de esos casos no fueron adquiridos en el hospital sino a través de otras interacciones sociales. Debo decir con alegría que ninguno ha perdido la vida ni ha necesitado estar en UCI durante un tiempo prolongado.
¿Cómo está la salud mental del personal de salud?
Estamos haciendo un monitoreo constante. Tenemos una línea donde la gente puede llamar a buscar ayuda. Generamos una serie de actividades de bienestar a través de sistemas de salud ocupacional y yo, como director del hospital, mantengo una comunicación constante con la gente elevando la moral. Todo eso ha hecho que hasta el momento podamos decir que hemos sorteado la situación. Pero siempre seguirá siendo un reto. Hace poco se publicó un artículo que muestra que el personal de salud es el que más está expuesto a sufrir el síndrome postraumático, que genera pesadillas, insomnio, alteraciones de comportamiento. Pero, como digo, hemos creado todo un sistema para que la gente pueda acudir en búsqueda de ayuda. Tenemos un grupo de psicología que lo volcamos a la atención, a hacer terapia grupal. La presencia de líderes del hospital y dar compensación y reconocimiento y cercanía ayuda muchísimo a sortear este tipo de situaciones. Pero tenemos que seguir pendientes de esto.
En esta pandemia sucedió algo extraño: en ocasiones hubo una ruptura de la confianza que suelen tener pacientes y familiares en personal médico. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cómo recuperar esa confianza?
El origen fue unas declaraciones desafortunadas por parte de un congresista en el Valle del Cauca, que dijo que había un cartel del COVID-19. Y unas desafortunadas declaraciones del Ministro de salud, que nunca se retractó sino que dijo que aclaró. Afortunadamente, aquí en Antioquia, el gobernador hizo una campaña muy importante para darle legitimidad a los hospitales, pero esto no sucedió en otras partes del país. Esta situación deja un aprendizaje: lo último que pueden hacer los funcionarios públicos es deslegitimar a las instituciones que estábamos haciéndole frente a la situación. El daño ya está hecho, pero hay que sobreponerse a estas cosas. Fue muy, muy desafortunado.
¿Qué opina del papel de las ARL? ¿Respondieron como esperaba?
No. Es un papel pobre. Inicialmente era un papel de “esto no es de nosotros”. Incluso, enviaron elementos de protección a este hospital en baja cantidad y baja calidad. Tuvimos que devolverlos porque no cumplían indicaciones técnicas. Después tuvimos un serio problema: saber si alguien del personal de salud adquiría COVID-19 sería clasificada como una enfermedad profesional o era un asunto de enfermedad común. Yo decía de forma jocosa que los virus no sacan una aviso diciendo “yo soy el de la tienda del frente o yo soy el de la UCI”. Entonces enredaron las cosas hasta que el Gobierno emitió una resolución diciendo que todo el personal de salud con COVID-19 era una enfermedad profesional. Pero hubo muchas dificultades para que a esa gente se le pagara ese tiempo improductivo. Teníamos que asumirlo los hospitales. Entonces, el papel de las ARL fue muy débil, muy pobre y muy ajeno a la realidad. Dejó un sinsabor muy grande en el sector y mostró que el sistema no estaba preparado para esto. Debieron haber tenido una responsabilidad social.
Aunque el sistema de salud colombiano tiene una gran cobertura, la pandemia también desnudó muchas dificultades. ¿Cuál eslabón cree que es el más débil?
Hay varias cosas: con aseguradores débiles no se puede hacer frente a una pandemia. Tampoco con la ausencia de una respuesta eficaz por parte del Estado. El Estado perdió la rectoría. Voy a decir una cosa muy dura: el Gobierno le ordenaba a los hospitales lo que teníamos que hacer y le sigue pidiendo favores a las EPS. Entonces yo diría que hay dos problemas: uno, de gobernabilidad del sistema, de tomar el control del sistema, y otro problema de recursos.
¿Qué tan fácil ha sido implementar telemedicina?
Para nosotros fue muy fácil. Ya teníamos una base y simplemente se hicieron las cosas normativas, se dotó a la gente y hoy hace parte de la vida del hospital. Pero cuidado: la telemedicina mal usada también genera problemas porque no todos los pacientes pueden ser atendidos por este medio. Si bien genera un acceso, también puede generar restricciones porque en la telemedicina no ausculta corazones, no toca masas en los senos. El mundo en otra partes asistió a lo que han denominado la pandemia paralela: el agravamiento de enfermedades de otra naturaleza distintas al COVID-19. En EE.UU. se calculó que hubo un incremento de muertes no explicables por el COVID-19. Se debieron a enfermedades y personas que no tenían atención debido a la pandemia y a que su situación se agravó.
¿Qué le va a quedar de bueno a los hospitales después de todo esto?
El mundo se dio cuenta de que tenía que reforzar toda el área de la salud y el personal de salud. Esta pandemia posiblemente es la primera de este siglo pero no será la última, y eso dependerá de un buen liderazgo de los gobiernos. Pero va a quedar como enseñanza que el sector salud es un sector indispensable en los países y que no puede ser simplemente manejado por las leyes del mercado. Necesita más abordaje de salud pública. Esperemos que el país aprenda esa lección.