Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia y de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, había esperado por años la decisión que acaba de tomar el Ministerio de Salud. Obedeciendo a un mandato de la Corte Constitucional, esta cartera acaba de entregarle al país el protocolo para que los pacientes afectados por enfermedades terminales puedan tener una muerte digna. “Es un gran paso que debíamos dar”, dice.
Sin embargo, para Mendoza, esa medida es apenas eso: un paso más, pues cree que falta una regulación que el Congreso ha eludido durante 18 años por presiones religiosas y que ahora debe asumir de manera más incluyente. Una regulación que no solo arrope a los enfermos en estado terminal. “¿Qué pasará con los pacientes que padecen alzhéimer y no quieren llegar a un estado avanzado de demencia?”, se pregunta.
¿Por qué nos demoramos tanto en lograr esta regulación?
Porque la Corte Constitucional no quería hacerla ella misma. Por eso le pidió al Congreso que regulara el tema con una ley, que es como debería ser. Pero se encontró con la oposición de fanatismos, religiones y personas que querían imponer a los demás su manera de pensar. Eso impidió que se concretara una ley que es para todos pero que no obliga a nadie.
¿Este es el paso definitivo para garantizar el derecho a la muerte digna?
No. Este es apenas un primer paso en una buena dirección, pero no comprende la totalidad de lo que se debe hacer. No basta con un decreto o una resolución. Lo de ahora es una reglamentación que debía hacerse porque la Corte se aburrió de que después de 18 años no hubiese ningún resultado.
¿Es posible que, a pesar de estar reglamentado, el derecho a una muerte digna no se cumpla a cabalidad?
Se va cumplir a cabalidad, pero quedan pendientes unos temas delicados. Por ejemplo, cuando una persona quiere que la dejen morir porque se da cuenta de que está empezando a padecer demencia. Por ahora, quienes comienzan a tener enfermedades como el alzhéimer, que nos quita todo lo que nos hace humanos, no tienen la posibilidad de morir dignamente porque no se puede demostrar su grado de sufrimiento, como lo exigen la Corte y el Ministerio, ni está en estado terminal. Es necesaria una legislación desde el Congreso que dé la opción de una muerte digna.
Ya se han hundido varias iniciativas. ¿Hay alguna en marcha?
El senador Armando Benedetti lidera un proyecto que ya empezó su camino en el Congreso. Aunque, claro, ya hay fuertes voces de oposición.
La Conferencia Episcopal ha dicho que la medida es “un atentado al valor sagrado de la vida humana, que debe ser custodiado en toda circunstancia”. ¿Qué le responde?
Que es una visión sumamente respetable, pero que no se le puede imponer a quienes no tengan esa religión y a quienes no compartan ese pensamiento.
La Procuraduría ya pidió anular el fallo de la Corte. ¿Será posible?
No creo que se pueda anular el fallo. Es un tema que la Corte Constitucional ha estudiado muy bien. Está muy bien estructurado. Esas posiciones apenas buscan estorbar. Decir, como lo hizo el procurador, que la eutanasia es una herencia nazi, es delirante.
Algunos dicen que la resolución del Minsalud parece hecha para aliviar el sufrimiento de los familiares y no de los enfermos. ¿Qué opina?
Yo estuve hablando con personas del Ministerio y ese tema ya se corrigió. Se va a dar la posibilidad de que la familia sólo intervenga cuando quien va morir haya manifestado su decisión con anterioridad. Si esa persona no lo ha manifestado, no creo que sea posible darle eutanasia.
Entonces, ¿si un paciente está en estado terminal, los familiares no pueden decidir?
Si no lo decidió antes y no manifestó su voluntad de forma anticipada, debe esperar hasta que la naturaleza lo resuelva. Por eso es importante que informen con antelación cuál es su decisión a la hora de enfrentarse a esas situaciones. Para eso hay fundaciones como la nuestra.
¿Existe un protocolo para que los ciudadanos interesados lo dejen por escrito?
Las organizaciones que trabajamos para garantizar este derecho contamos con una serie de documentos que deben llenarse ante un testigo. No hay que ir a una notaría. Si se arrepiente de su decisión, se puede anular de una manera muy simple: basta con decir que cambió de idea.
¿Qué pasa con los niños enfermos que reclaman su derecho a morir dignamente?
Ese es un tema delicadísimo que tiene que ser objeto de estudio. Los niños necesitan una protección especialísima, porque según las normas no pueden manifestar su voluntad. En ese asunto se necesita más trabajo. Hay que esperar. En este tema estamos caminando a un paso lento pero seguro. Somos los más avanzados en América Latina.
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