¿Fin a los 'regalos' de las farmacéuticas?

Hace unos meses Richard Smith, editor del British Medical Journal por más de diez años, escribió en el prólogo de uno de los libros de Peter Gøtzsche (el reconocido cofundador de la Colaboración Cochrane, que promueve la “medicina basada en la evidencia”), unos párrafos que llamaban la atención sobre espinosa relación que hay entre la industria farmacéutica y los actores de la salud. “La gestión de esos conflictos de intereses debe mejorar”, decía. Puede afectar a “médicos, académicos, revistas científicas, reguladores y políticos”.

En Colombia, la discusión sobre esa relación no es nueva pero por estos días ha vuelto a cobrar fuerza luego de que el Ministerio de Salud hiciera público el proyecto de resolución con el que busca regular los pagos que hace la industria a los actores del sector: desde el personal administrativo, médicos, profesores y estudiantes de la rama, hasta organizaciones, asociaciones científicas, fundaciones y pacientes.

Con la propuesta, en suma, lo que se pretende es elaborar una herramienta digital pública donde queden registradas las transferencias que hacen las compañías a todos los que participen en la cadena de suministro de medicamentos, insumos, prótesis, estudios, pruebas diagnósticas, equipos médicos o cualquier tecnología en salud.

Tanto fabricantes como distribuidores y doctores deberán hacer el registro, donde no sólo debe quedar consignado el pago por contratos, sino también la financiación que suele hacer la industria para eventos académicos o científicos, comidas, proyectos de investigación o actividades recreativas. De igual forma, deberán quedar consignados los pagos a través de terceros.

Con esta iniciativa se quiere que Colombia siga el camino que han tomado países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, donde desde el 2010 se han adelantado leyes para regular el tema. Las más conocidas, el Sunshine Act de Norteamérica y el EFPIA de la Unión Europea. “Existe una tendencia mundial a adoptar mecanismos de divulgación de la información sobre los pagos y trasferencias de valor realizadas por el sector farmacéutico con el fin de transparentar estas relaciones y permitir que los decisores y la ciudadanía valoren de manera objetiva los potenciales sesgos”, se lee en documento.

El propósito es que esta resolución, que se venía cocinando desde hace más de cinco meses en el Ministerio, empiece a regir a partir del 15 de enero de 2015, año en el que se estructurará paulatinamente. Por ahora, esta cartera recibirá comentarios del borrador del texto hasta el 19 de diciembre.

Hace unos meses Richard Smith, editor del British Medical Journal por más de diez años, escribió en el prólogo de uno de los libros de Peter Gøtzsche (el reconocido cofundador de la Colaboración Cochrane, que promueve la “medicina basada en la evidencia”), unos párrafos que llamaban la atención sobre espinosa relación que hay entre la industria farmacéutica y los actores de la salud. “La gestión de esos conflictos de intereses debe mejorar”, decía. Puede afectar a “médicos, académicos, revistas científicas, reguladores y políticos”.

En Colombia, la discusión sobre esa relación no es nueva pero por estos días ha vuelto a cobrar fuerza luego de que el Ministerio de Salud hiciera público el proyecto de resolución con el que busca regular los pagos que hace la industria a los actores del sector: desde el personal administrativo, médicos, profesores y estudiantes de la rama, hasta organizaciones, asociaciones científicas, fundaciones y pacientes.

Con la propuesta, en suma, lo que se pretende es elaborar una herramienta digital pública donde queden registradas las transferencias que hacen las compañías a todos los que participen en la cadena de suministro de medicamentos, insumos, prótesis, estudios, pruebas diagnósticas, equipos médicos o cualquier tecnología en salud.

Tanto fabricantes como distribuidores y doctores deberán hacer el registro, donde no sólo debe quedar consignado el pago por contratos, sino también la financiación que suele hacer la industria para eventos académicos o científicos, comidas, proyectos de investigación o actividades recreativas. De igual forma, deberán quedar consignados los pagos a través de terceros.

Con esta iniciativa se quiere que Colombia siga el camino que han tomado países como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, donde desde el 2010 se han adelantado leyes para regular el tema. Las más conocidas, el Sunshine Act de Norteamérica y el EFPIA de la Unión Europea. “Existe una tendencia mundial a adoptar mecanismos de divulgación de la información sobre los pagos y trasferencias de valor realizadas por el sector farmacéutico con el fin de transparentar estas relaciones y permitir que los decisores y la ciudadanía valoren de manera objetiva los potenciales sesgos”, se lee en documento.

El propósito es que esta resolución, que se venía cocinando desde hace más de cinco meses en el Ministerio, empiece a regir a partir del 15 de enero de 2015, año en el que se estructurará paulatinamente. Por ahora, esta cartera recibirá comentarios del borrador del texto hasta el 19 de diciembre.