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Los programas llamados “Test-Trace-Isolate” (TTI) han sido una estrategia importante para reducir las tasas de infección por COVID-19. En los países de Asia oriental y el Pacífico, fueron vitales para controlar las cadenas de transmisión y, como resultado, esos países impusieron relativamente pocos bloqueos.
Corea del Sur y Singapur ejemplifican el éxito de la TTI para contener la propagación del virus, reducir la proporción de casos graves y reducir la mortalidad. Sin embargo, los sistemas de salud de estos países estaban preparados para un brote de enfermedades infecciosas emergentes, y también tenían la capacidad para incluir estrategias muy polémicas de vigilancia, como el rastreo digital y de tarjetas de crédito.
Aunque el sistema de salud colombiano no estaba preparado para una pandemia, ni para soportar el volumen de pacientes en hospitales y centros de salud, también implementó un TTI para testear, rastrear y aislar pacientes Covid-19 y así evitar nuevos contagios. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet Regional Health trata de responder a la pregunta de qué tan efectivo fue la estrategia del país.
Entre los autores está Andrés Vecino, investigador de la U. John Hopkins; Yenny Guzmán, estudiante del Departamento de Servicios de Salud de la Universidad de Washington, en Seattle; el ministro de salud Fernando Gómez y el director de epidemiología del Minsalud, Julián Fernández Niño, entre otros. (Apps de COVID-19 en Colombia pasaron del rastreo al control social)
De acuerdo con el artículo, en comparación con la no intervención, la estrategia TTI reduce la mortalidad por COVID-19 en un 67%. Además, el programa ahorra un promedio de USD 1,045 y USD 850 por caso cuando se observa desde la perspectiva social y del sistema de salud, respectivamente. Estos ahorros equivalen a dos veces el gasto actual en salud en Colombia por año.
En Colombia este programa se llamó PRASS: Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS). En resumen, tiene como objetivo reducir los contagios y las muertes por COVID-19 a través de pruebas, rastreo de contactos, aislamiento y monitoreo de casos y contactos usando la aplicación Coronapp.
Una vez que se identifica un caso índice, los pacientes deben aislarse con sus contactos cohabitantes. El caso índice debe ser monitoreado para evaluar los signos o síntomas de advertencia. Además, sus contactos cercanos de los últimos 14 días son rastreados, contactados, probados y aislados. El Prass se delegó a las compañías nacionales de seguros como parte de sus responsabilidades como gestoras del riesgo. (¿Qué tanto ha funcionado el rastreo de casos de coronavirus en Colombia?)
Para saber si funcionó, los investigadores compararon dos escenarios en donde, con la población de Colombia (cerca de 50.3 millones de personas) se implementaba el programa, y en el segundo no. También simulamos tres esquemas posibles: las personas de bajo riesgo habían sin seguimiento activo con un número de llamada en caso de necesidad, las personas de riesgo moderado tenían cuatro seguimientos basados en un asistente de enfermería durante 5, 7, 10, 14 días después del día de la infección, y el tercero en donde pacientes de alto riesgo reciben un oxímetro de pulso y seguimiento telefónico de un médico. (OMS declara como “variante de interés” a la que fue caracterizada en Colombia)
Según la investigación, el PRASS aumentó la supervivencia ajustada por calidad en 0,44 en comparación con no haberlo implementado del todo. El programa evitó 84,730 muertes, ahorrando potencialmente US $ 2.123 millones de dólares por posibles años productivos de vida perdidos. Durante la primera ola pandémica en Colombia, el exceso de mortalidad fue de 15.728 muertes, lo que representa un aumento del 32% con respecto al promedio histórico. El programa TTI ahorró US $ 1.045 y US $ 850 por caso en la perspectiva del sistema social y de salud, respectivamente. Estos ahorros equivalen a hasta dos veces el gasto anual en salud per cápita de Colombia en 2019. Además, el modelo con menor pérdida de productividad arrojó ahorros de US $ 1.028 por caso en la perspectiva social.