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La nueva consulta popular que el Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República volvió a encender el debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia, particularmente en lo relacionado con la producción y el acceso a los medicamentos. Tras el hundimiento de la primera propuesta de consulta, el presidente optó por una nueva estrategia que agrega cuatro preguntas, todas centradas en transformar aspectos del sistema de salud. Las preguntas son:
- ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?
- ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?
- ¿Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?
Más allá de los debates sobre el modelo de atención primaria en salud —cuya implementación ya está en un decreto que estaría próximo a publicarse—, y de la propuesta de que la ADRES pague a clínicas y hospitales —una práctica que ya se aplica parcialmente mediante el mecanismo de giro directo—, la pregunta relacionada con los medicamentos es especial por dos razones fundamentales.
En primer lugar, por la aguda crisis de acceso que han enfrentado miles de pacientes durante los últimos dos años, como hemos contado en reportajes previos. Esta situación ha generado alertas por parte de organizaciones médicas, asociaciones de pacientes y entes de control (como la Procuraduría y la Corte Constitucional), que vienen advirtiendo sobre la escasez o desabastecimiento de medicamentos esenciales, especialmente aquellos de uso crónico o alto costo.
Ese momento del sistema de salud tenía múltiples y complejas explicaciones, que hemos abordado en algunos reportajes. Sin embargo, un factor clave detrás de la crisis era el flujo de recursos. Mientras los gestores farmacéuticos —es decir, las empresas encargadas de comprar medicamentos a la industria por encargo de las EPS y garantizar su distribución— advertían que las EPS no les estaban pagando, las EPS, en su mayoría bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, aseguraban que estaban al día en sus obligaciones. Por su parte, el Gobierno Nacional sostenía que el problema era la concentración y monopolización.
Uno de los episodios más ilustrativos fue el conflicto entre Audifarma, uno de los principales gestores farmacéuticos del país, y Nueva EPS, la EPS más grande de Colombia. La disputa financiera entre ambas llevó a la ruptura del contrato.
“Más allá de haberse resuelto desde el punto de vista de la entrega del medicamento al paciente, que sigue siendo muy complejo a través de las EPS y de los diferentes operadores logísticos y gestores farmacéuticos, ha disminuido un poco ese clima crítico para las farmacéuticas, para las plantas y para nuestros empresarios”, dice Clara Isabel Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), que representa a las empresas colombianas que producen medicamentos. “¿Desde qué mirada? Al final, toda esta tensión llevó a que se ajustaran muchísimo las condiciones comerciales con los diferentes gestores farmacéuticos. Y en este sentido, lo que se está haciendo es sí, despachando, sí, vendiendo medicamentos, pero prácticamente a plazos muy cortos o prácticamente de contado. Esto por la falta de confianza que hay en este momento entre todos los actores de la cadena, en donde se corrió un gran riesgo de entrar en una situación crítica de pagos por parte de ciertos gestores".
Esa actitud “precavida” de la industria, como la llama Rodríguez, también ha marcado la relación con los nuevos gestores farmacéuticos que han entrado al sistema de salud. Vale recordar que, tras la ruptura del contrato con Audifarma, la Nueva EPS recurrió a una serie de gestores farmacéuticos —en su mayoría regionales— para asumir esa función. Otras EPS, como Sanitas, optaron por un camino similar, reconfigurando sus redes de distribución de medicamentos.
“Esta industria está para fabricar y comercializar medicamentos. Es claro que quien tiene una empresa dedicada a esta tarea o cualquier otra, pues analiza a quién vender. Sí han aparecido nuevos distribuidores, nuevos gestores o operadores, pero en esto la industria está muy precavida frente a con quién establece estas relaciones y cómo le pagan, porque en realidad las relaciones comerciales se van construyendo con el tiempo y se van tejiendo con base en la confianza del buen comportamiento entre las partes”, dice Rodríguez. En ese sentido, la industria farmacéutica colombiana le está exigiendo a los nuevos gestores que “prácticamente paguen de contado lo que compran” a las farmacéuticas.
En segundo lugar, la pregunta sobre medicamentos en la consulta del Gobierno es especial porque el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de impulsar la soberanía médica y farmacéutica. En varios discursos, ha señalado que Colombia no puede depender exclusivamente de importaciones para garantizar el acceso a tratamientos esenciales. Bajo esa premisa, ha promovido el fortalecimiento de la industria nacional, la reactivación de capacidades productivas del Estado —como las de la antigua empresa pública VECOL o el Instituto Nacional de Salud— y la creación de alianzas para producir vacunas, biológicos y medicamentos genéricos dentro del país. La apuesta, sin embargo, y a un año de terminar el gobierno, no despega.
¿Qué se ha avanzado con la industria local?
“En realidad, hoy no tenemos acciones concretas. Hemos estado en un diálogo permanente con el INVIMA, con quienes mantenemos unas mesas en torno al cumplimiento normativo. Pero lo que uno esperaría de este gobierno, que hoy está todavía vigente, es que esa política de reindustrialización se enfocara en una ruta clara de acompañamiento, de inversión en el sector para poder hacer crecer la industria, sobre todo en esos medicamentos que son tan estratégicos para el país”, dice Rodríguez. La industria farmacéutica colombiana produce aproximadamente el 80 % de los medicamentos consumidos en el país, pero esta participación en volumen no se refleja proporcionalmente en términos de valor económico.
Esto es así porque las empresas colombianas producen medicamentos como analgésicos, antibióticos comunes y antihipertensivos, entre otros muchos, que son los más usados en el sistema, pero los menos caros. En contraste, los medicamentos de alto costo —como los biotecnológicos, para el cáncer o los tratamientos para enfermedades huérfanas o complejas— suelen ser importados y tienen un precio mucho más elevado por unidad. Así, la balanza se inclina: la industria nacional sostiene el sistema en términos de volumen, pero la dependencia de medicamentos importados sigue siendo fuerte cuando se analiza el gasto.
“Aquellos medicamentos de alto costo, que son los que atienden enfermedades críticas, como el cáncer, las enfermedades que son inmunosupresoras, no lo fabricamos. Y deberíamos considerar una política que permita que esta industria, que hace bien la tarea, pudiera hacer la producción de este tipo de medicamentos, pero hoy no tenemos un lineamiento puntual al respecto”, dice Rodríguez. La directora del gremio de las farmacéuticas colombianas cree necesario que haya una ruta clara de reindustrialización que, considera, sigue sin estar clara actualmente.
Uno de los puntos que menciona es la necesidad de incentivos reales para que la industria se anime a invertir. A eso se suma la urgencia de alivios tributarios y mecanismos regulatorios más ágiles. Rodríguez insiste en la necesidad de “una ruta rápida para entregar un registro sanitario”, especialmente en áreas estratégicas como la producción de medicamentos oncológicos. Pero tal vez el punto más contundente de su intervención es la falta de garantías de compra por parte del Estado, algo que desincentiva aún más la inversión privada: “¿Con qué motivación un empresario puede ponerse a hacer esta labor? A eso habría que agregarle que, como estos medicamentos hacen parte de un plan de salud y están dentro de un canal institucional, existe una garantía de que el gobierno va a hacer la compra.
Es decir, y en palabras mucho más simples, que si la industria local produce los medicamentos que el sistema de salud necesita, pueda tener la seguridad de que el Estado va a comprarlos, en lugar de seguir adquiriendo los importados.
Pero Rodríguez no cree que haya mucho tiempo, a poco más de un año de terminar el gobierno, de adelantar mucho de esto. “Yo no creo que tengamos ya un tiempo significativo para avanzar de forma estructural. Probablemente sí se puedan realizar algunas acciones puntuales, que venimos conversando con el Ministerio de Salud y el INVIMA, que son las entidades que nos afectan directamente. ”Queremos, por ejemplo, hacer una propuesta en un tema muy importante que se llama bioequivalencia. La idea es orientar mejor los requisitos en esa materia, para que el país pueda contar con más medicamentos bioequivalentes".
Esto tiene que ver con los estudios que se hacen para demostrar que un medicamento fabricado en Colombia tiene las mismas condiciones que uno innovador o nuevo. “Lamentablemente, hoy en Colombia hacer estudios de equivalencia es prácticamente imposible debido a una normativa que no es comparable con la de otros países”, dice Rodríguez. “Por eso, necesitamos aligerarla, hacerla más racional desde el punto de vista económico, y así poder contar con más medicamentos bioequivalentes producidos en el país”.
No cree, sin embargo, que haya tiempo para mucho más. “Tenemos una gran oportunidad, un reto importante de poder lograr hacer crecer este sector. Hay que buscar unirlo con la claridad que tenga un gobierno sobre lo muy estratégicos que podemos ser. Nuestros medicamentos, además de tener calidad, son asequibles, ya que hoy existe una política de regulación de precios que desde hace más de 10 años determina el valor el precio de los medicamentos en el país. Y ya tenemos muy clara cómo se hace esta tarea. Pareciera complejo, pero no lo es. La complejidad está en la voluntad, en la continuidad, en la claridad que pueda tener un gobierno como ente rector en este tema”.
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