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Todo parece indicar que este 6 de marzo, la reforma a la salud se aprobará en segundo debate (de cuatro) en la Cámara de Representantes. Se espera, como se acordó en la noche del 5 de marzo, que la discusión empiece hacia las 8 de la mañana, para debatir los ocho artículos restantes. Si no hay ningún contratiempo, el proyecto que ha impulsado el Gobierno tendrá luz verde.
El debate, como sucedió hace un año, ha estado lleno de controversia. Los cambios que busca esta reforma a la salud han suscitado una gran cantidad de críticas por parte de algunos sectores académicos y actores del mundo de la salud, que no ven con buenos ojos las transformaciones. En este artículo contamos con un poco más de detalle cómo transcurrió la jornada.
Además, un asunto no menor como telón de fondo: los debates se están dando luego de dos decisiones de la Corte Constitucional que algunos han calificado de históricas: el tribunal declaró insuficientes la UPC y presupuestos máximos, dos de los caminos principales que soportan financieramente al sistema. En esos dos autos que expidió la Corte, y que explicamos aquí, el Minsalud debía varias órdenes, que, para algunos congresistas, no se han llevado a cabo.
Pero, aunque la reforma sea aprobada en la Cámara de Representantes, aún le hace falta un largo camino para que sea una realidad. Si el proyecto supera este debate, aún deberá enfrentar dos instancias más: primero, en la Comisión Séptima del Senado. Luego, el proyecto será discutido en la plenaria del Senado. Y si logra superar esos dos trámites, aun le quedará una conciliación entre los dos textos.
Es justo en esos escenarios donde la reforma podría encontrar un camino un poco más complejo. De hecho, el año pasado, fue allí donde terminó hundiéndose en la Comisión Séptima, luego de que un grupo de nueve congresistas anunciara que votaría por archivar el proyecto. La Comisión Séptima está integrada por 14 senadores. Entre ellos se encuentran Martha Isabel Peralta, Nadia Blel Scaff, José Alfredo Marín Lozano, Miguel Ángel Pinto Hernández, Beatriz Lorena Ríos, Sor Berenice Bedoya Pérez, Edwing Fabián Díaz Plata, Honorio Miguel Henríquez Pineda, Josué Alirio Barrera Rodríguez, Norma Hurtado Sánchez, Ana Paola Agudelo García, Omar de Jesús Restrepo Correa, Wilson Neber Arias Castillo y Ferney Silva Idrobo.
El Gobierno cuenta con el respaldo de senadores como Martha Peralta, Wilson Arias y Ferney Silva, quienes han defendido la reforma. Sin embargo, también enfrentará una fuerte oposición de figuras con amplia experiencia en el Congreso y en asuntos de salud, como Norma Hurtado, quien ha sido una de las más críticas del proyecto. Hurtado ha cuestionado la falta de un análisis claro sobre su viabilidad fiscal y, además, está impulsando en el Congreso iniciativas que buscan restringir la facultad del Ejecutivo para definir la Unidad de Pago por Capitación (UPC), una propuesta que el ministro Guillermo Jaramillo ha rechazado en reiteradas ocasiones.
Por otro lado, senadoras como Nadia Blel Scaff y Beatriz Lorena Ríos tampoco han mostrado apoyo al articulado en debates anteriores, lo que anticipa un escenario complejo para el Gobierno. En el hipotético caso de que prospere en esa comisión, el proyecto saltará a la plenaria del Senado, donde le espera otra larga discusión. Vaticinar si allí ser aprobará o no es moverse en el terreno de la incertidumbre. Si prospera, aún debe pasar otra prueba de fuego: la Corte Constitucional, que ya ha tumbado varios proyectos por no haber seguido el trámite adecuado.
¿Cuáles han sido los puntos claves aprobados hasta el momento?
La votación de este miércoles se realizó en tres bloques: el primero abarcó los artículos 9 al 13, el segundo los artículos 14 al 20 y el tercero, el más extenso, los artículos 28 al 39. Estos apartados definen aspectos fundamentales como las funciones de la Adres, el llamado banco de la salud, la transformación de las EPS en Gestoras de Vida y Salud, y la organización de las redes de servicio, incluyendo hospitales y clínicas.
Si la reforma fuera una realidad, las EPS deberán transformarse en Gestoras en un plazo de dos años. Esto significa que dejarán de administrar directamente los recursos del sistema de salud y de asumir el riesgo financiero asociado a la atención de los pacientes. En su lugar, se enfocarán en la gestión del riesgo en salud, lo que, en teoría, implicará organizar y coordinar la prestación de servicios, estructurar redes de atención y garantizar el acceso oportuno a los tratamientos.
El artículo 28 establece que las Gestoras serán responsables de la gestión del riesgo en salud y de la conformación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) en coordinación con las autoridades locales. Además, deberán garantizar la continuidad en la atención, auditar la calidad de los servicios y supervisar la eficiencia en la asignación de recursos. Sectores de la oposición advierten que esta reestructuración podría fragmentar responsabilidades, dificultar la toma de decisiones y generar incertidumbre en la administración del sistema.
El artículo 29 aprobado el miércoles estableció que las EPS tendrán tres meses para decidir si se transforman en Gestoras o se retiran del sistema. Quienes opten por la conversión deberán presentar un plan de saneamiento financiero en 18 meses, mientras que las que se retiren deberán liquidar sus pasivos en 24 meses. El artículo 31 generó controversia al determinar que las Gestoras recibirán el 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como remuneración, monto que podrá reducirse si no cumplen estándares de calidad. Para la oposición, esto favorece a las nuevas entidades pese a que asumirán menos funciones que las EPS.
La Adres también experimentará una transformación radical si lo aprobado por la plenaria de la Cámara se convierte en realidad. Pasará de ser una entidad que actualmente actúa como un simple pagador de recursos a desempeñar un rol mucho más activo en la administración financiera del sistema de salud. Bajo el nuevo modelo, centralizará la gestión de los fondos, asumirá directamente el manejo de los recursos y garantizará el flujo oportuno de los pagos a los prestadores de servicios. Los artículos 9, 10, 11 y 12, aprobados ayer por la plenaria, detallan las funciones de la nueva entidad. Entre ellas, realizar pagos directos a prestadores de mediana y alta complejidad, asignar fondos a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y administrar los incentivos para las Gestoras de Salud y Vida.
El artículo 13, por ejemplo, crea el llamado “Fondo Único Público de Salud”, gestionado por la Adres. Este fondo se dividirá, a su vez, en tres cuentas, dos de ellas independientes: una para la Atención Primaria en Salud y otra para el Fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria. Para representantes de la oposición como Andrés Forero, esto fragmenta los recursos de la salud y podría generar dificultades en la distribución eficiente del dinero, afectando la sostenibilidad financiera del sistema. Según Forero, al separar los fondos, se corre el riesgo de que algunas áreas queden desfinanciadas mientras otras acumulen recursos sin ejecución efectiva. Son más de 30 funciones las que asumirá la Adres.
Entre algunas otras responsabilidades está, por ejemplo, realizar los giros de asignaciones a los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) o a las instituciones encargadas de operarlos y organizar la operación financiera del sistema, garantizando que las cuentas, pagos y transferencias a los diferentes actores sean registradas en el Sistema Unificado e Interoperable de Información en Salud, permitiendo así una mayor trazabilidad y control de los recursos. Sin embargo, para sectores de la oposición, este rediseño podría generar nuevos desafíos, ya que la concentración de funciones en una sola entidad conlleva el riesgo de burocratización, retrasos en los pagos y menor capacidad de respuesta.
Los artículos 19 y 20 detallan el proceso mediante el cual la Adres pagará los servicios de salud. Cuando un prestador haya brindado un servicio, deberá presentar la factura correspondiente tanto a la Adres como a la Gestora de Salud y Vida. A partir de este momento, la Adres tendrá un plazo de 30 días para pagar, como mínimo, el 85% del valor de la factura. Paralelamente, la Gestora de Salud y Vida dispondrá de 60 días para auditar la facturación y determinar si existen inconsistencias.
Esto generó fuertes críticas de la oposición, que creen que pagar servicios que no han sido auditados generará un riesgo de corrupción y desfalco de los recursos públicos. Según congresistas de la oposición, este esquema podría abrir la puerta a pagos injustificados, fraudes en la facturación y sobrecostos, lo que afectaría la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Por otro lado, los defensores de la reforma argumentan que este modelo busca garantizar la liquidez de los prestadores de salud y evitar los retrasos en los pagos, que han sido una de las principales causas de crisis financiera en los hospitales.
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