“Hay desconocimiento entre odontólogos y excesos entre verificadores”

Pasan los días y sigue creciendo el malestar entre el gremio de odontólogos colombianos por la falta de claridad en la interpretación de las normas para habilitar consultorios e Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS). A las críticas que lanzó esta semana Gloria Amparo Silva Ramírez, presidente de la Asociación de Odontólogos Javerianos, ahora se suma Luis Felipe Falla, de la Asociación de Odontólogos del Colegio Odontológico Colombiano.

El motivo de la molestia entre los odontólogos es la interpretación que están haciendo las Secretarías de Salud en todo el país de la resolución 2003 de 2014, en la que se dictan las normas para habilitar la operación de consultorios, instituciones prestadoras de servicios y sistemas de transporte como ambulancias.

“La norma lo que garantiza es que se ofrezca calidad de servicio pero no distingue entre un consultorio odontológico independiente y una clínica enorme como la Fundación Santa Fe. El problema es que la norma no define requisitos por nivel de complejidad. Se exige a los independintes cosas difíciles de cumplir”, se queja Falla.

Las cifras de la propia Secretaría de Salud de Bogotá demuestran el conflicto que se está presentando entre odontólogos y los “verificadores” encargados de visitar los consultorios y reportar si se están cumpliendo los requisitos de la norma 2003. En Bogotá existen registrados 9674 servicios odontológicos. Entre el 2016, 2017 y 2018 han sido visitados 974, tan sólo el 10% de los registrados. De estos, tan sólo la mitad fueron certificados y a la otra mitad se le abrió una investigación.

“El problema es que muchos odontólogos no conocían la norma y las exigencias los empezaron a apabullar. Por otro lado, los verificadores que envían las Secretarías de Salud no están lo suficientemente capacitados. La Secretaría de Bogotá reconoció que falta igualar criterios de evaluación entre ellos. Aplican la norma según su criterio, y como la norma tiene vacíos permite esos problemas”, anotó Falla.

La lista de quejas, como lo señaló Silva Ramírez a El Espectador, es extensa e incluye utilizar costosas llaves de agua de manos libres, no permitir que dos profesionales atiendan a un paciente al mismo tiempo aún cuando en ocasiones eso es necesario, exigir que el cuarto de depósito de basuras reciclabes y ordinarias no tenga peladuras en la pintura, exigir una báscula para pesar basuras, tener que reportar horarios de atención constantemente e incluso cuando se van de vacaciones, entre otras. (Ver: Odontólogos colombianos molestos por exigencias absurdas para trabajar).

Falla añade a la lista de exigencias las Guías de Práctica Clínica, documentos que definen los procedemientos odontólogicos que cuentan con sustento científico. En su opinión, la norma exige contar con estas guías cuando el mismo Ministerio de Salud no logró elaborar las guías para Colombia. "Nos trasladan el problema a nosotros. Pero yo no me puedo poner a construir esas guias. Nos está tocando adoptar guias de países como Ecuador o Chile".

“Crean normas desde un escritorio y no piensan el problema desde el prestador de servicio”, se lamenta Falla quien espera que el Ministerio de Salud ilustre mejor a las Secretarías de Salud, a los verificadores y reconsidere la aplicación de algunas exigencias que están resultando absurdas desde su perspectiva. 

Pasan los días y sigue creciendo el malestar entre el gremio de odontólogos colombianos por la falta de claridad en la interpretación de las normas para habilitar consultorios e Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS). A las críticas que lanzó esta semana Gloria Amparo Silva Ramírez, presidente de la Asociación de Odontólogos Javerianos, ahora se suma Luis Felipe Falla, de la Asociación de Odontólogos del Colegio Odontológico Colombiano.

El motivo de la molestia entre los odontólogos es la interpretación que están haciendo las Secretarías de Salud en todo el país de la resolución 2003 de 2014, en la que se dictan las normas para habilitar la operación de consultorios, instituciones prestadoras de servicios y sistemas de transporte como ambulancias.

“La norma lo que garantiza es que se ofrezca calidad de servicio pero no distingue entre un consultorio odontológico independiente y una clínica enorme como la Fundación Santa Fe. El problema es que la norma no define requisitos por nivel de complejidad. Se exige a los independintes cosas difíciles de cumplir”, se queja Falla.

Las cifras de la propia Secretaría de Salud de Bogotá demuestran el conflicto que se está presentando entre odontólogos y los “verificadores” encargados de visitar los consultorios y reportar si se están cumpliendo los requisitos de la norma 2003. En Bogotá existen registrados 9674 servicios odontológicos. Entre el 2016, 2017 y 2018 han sido visitados 974, tan sólo el 10% de los registrados. De estos, tan sólo la mitad fueron certificados y a la otra mitad se le abrió una investigación.

“El problema es que muchos odontólogos no conocían la norma y las exigencias los empezaron a apabullar. Por otro lado, los verificadores que envían las Secretarías de Salud no están lo suficientemente capacitados. La Secretaría de Bogotá reconoció que falta igualar criterios de evaluación entre ellos. Aplican la norma según su criterio, y como la norma tiene vacíos permite esos problemas”, anotó Falla.

La lista de quejas, como lo señaló Silva Ramírez a El Espectador, es extensa e incluye utilizar costosas llaves de agua de manos libres, no permitir que dos profesionales atiendan a un paciente al mismo tiempo aún cuando en ocasiones eso es necesario, exigir que el cuarto de depósito de basuras reciclabes y ordinarias no tenga peladuras en la pintura, exigir una báscula para pesar basuras, tener que reportar horarios de atención constantemente e incluso cuando se van de vacaciones, entre otras. (Ver: Odontólogos colombianos molestos por exigencias absurdas para trabajar).

Falla añade a la lista de exigencias las Guías de Práctica Clínica, documentos que definen los procedemientos odontólogicos que cuentan con sustento científico. En su opinión, la norma exige contar con estas guías cuando el mismo Ministerio de Salud no logró elaborar las guías para Colombia. "Nos trasladan el problema a nosotros. Pero yo no me puedo poner a construir esas guias. Nos está tocando adoptar guias de países como Ecuador o Chile".

“Crean normas desde un escritorio y no piensan el problema desde el prestador de servicio”, se lamenta Falla quien espera que el Ministerio de Salud ilustre mejor a las Secretarías de Salud, a los verificadores y reconsidere la aplicación de algunas exigencias que están resultando absurdas desde su perspectiva.