“Hoy me inquietan las tres ciudades más pobladas de Colombia”: Minsalud

Si hay algunas ciudades que hoy inquieten al ministro de Salud, Fernando Ruiz, son las tres más pobladas de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. La ocupación de camas de cuidados intensivos (UCI) es crítica. En la capital del país solo hay una disponibilidad del 10 %. En las otras dos es del 7 y 11 %. A diferencia de Leticia, Barranquilla o Cartagena, que ya superaron los momentos críticos, estas están llegando al pico. (Lea Farmacéuticos, ¿olvidados en la pandemia?)

Desde que el 6 de marzo se identificó el primer caso de COVID-19 en el país, Ruiz y su equipo han tenido que moverse en un difícil escenario. Manejar una pandemia ocasionada por un virus desconocido los ha obligado a actuar en medio de un terreno de incertidumbre. “Nadie puede aspirar a decisiones perfectas”, reconoce. Hay asuntos como el uso del tapabocas o la búsqueda de pruebas rápidas que el ministro desearía que no hubiera pasado aunque, dice, “nos hemos basado en la mejor evidencia que ha habido”.(Lea Vacuna, una promesa a medio camino)

Hoy, en un momento en el que se han registrado más de 15 mil muertes por el nuevo coronavirus, aún hay decisiones difíciles por tomar. La reapertura de los colegios es una de ellas. La compra de una potencial vacuna es otra. Pese a las suspicacias que se han generado por los acuerdos de confidencialidad con algunas compañías, Ruiz promete transparencia.

Han pasado cinco meses desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Colombia. ¿Hay algún departamento o ciudad que hoy lo inquiete?

Sí, me inquietan las tres más pobladas, que están llegando al pico. Aunque es una situación preocupante, la esperábamos y sabíamos que sería inevitable en una pandemia de estas características. La buena noticia es que ese pico está cobrando cierta forma de meseta en cada una de esas ciudades gracias a las medidas tomadas, y eso se traduce en que no hemos sobrepasado la capacidad de atención de los pacientes en unidades de cuidados intensivos. La disponibilidad de camas de UCI en Bogotá no ha bajado del 10 % en lo que va de agosto; la de Medellín, del 7 %, y la de Cali, del 11 %.

Da la impresión que Leticia ya superó la peor parte de la pandemia. ¿Algún otro?

Leticia lleva tres semanas sin muertes por el virus, y el pico quedó ya muy atrás, en mayo. Barranquilla, Cartagena, Tumaco, Buenaventura y Sincelejo nos están mostrando que también superaron los momentos más críticos sin escenas dantescas como las que vimos en otros países. No podemos confiarnos; puede haber rebrotes. Pero el aprendizaje para el resto de ciudades del país y para los trabajadores del sector ha sido muy valioso.

El secretario general de la ONU dijo que nos enfrentamos a una “catástrofe generacional” si las escuelas se mantienen cerradas. ¿Alguna pista de cuándo podrán volver a abrirse?

En una situación de pandemia nadie puede aspirar a decisiones perfectas. No quiero subestimar el daño psicológico de las niñas y los niños, ni lamentar el retraso académico que esta crisis les está causando. Pero no olvidemos que una generación de huérfanos también sería una catástrofe. Como lo ha dicho la ministra de Educación, María Victoria Angulo, cuando definamos la fecha de retorno a clases, comenzaremos por los municipios sin COVID-19 o con baja afectación; en cualquier caso, se cumplirán protocolos de bioseguridad, y ningún padre que sienta que es un riesgo para sus hijos estará obligado a enviar a sus hijos al colegio.

Hace un par de semanas supimos que Colombia estaba negociando con cinco compañías. Con dos (Pfizer y con AstraZeneca) ya había firmado acuerdos de confidencialidad y estaba esperando saber el monto a pagar en la estrategia COVAX. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Continuamos las conversaciones en el marco de la confidencialidad con estas y otras compañías, y profundizamos en aspectos técnicos y científicos de las vacunas candidatas que están en fases II y III. Aprovechamos esas conversaciones para hacer múltiples preguntas que tienen que ver con la posibilidad de las compañías farmacéuticas para producir las vacunas en un escenario de mediano plazo y con los mecanismos para adquirirlas, especialmente.

¿Cómo definir cuántas vacunas comprar en un escenario en el que un porcentaje de la población desarrolle inmunidad, haya inmunidad cruzada y en el que, además, buena parte de los contagiados son asintomáticos?

Definimos dos objetivos: uno sanitario y otro social y económico. En el primer objetivo la población a vacunar es la población con más riesgo respecto por infección por COVID-19. Es decir, nuestros profesionales de la salud, los adultos mayores y la población con comorbilidades crónicas e inflamatorias como hipertensión o diabetes. Esta población es de aproximadamente 12 o 14 millones de personas. El objetivo social y económico apunta a lograr una inmunidad de rebaño, que de manera ortodoxa se define como el 60 % de la población o más. Sin embargo, hasta este momento no hay evidencia concluyente de cuál sería la proporción específica para el COVID-19. Si nos fuéramos por ese concepto tradicional, estaríamos apuntándole a vacunar a las poblaciones económicamente activas para tener una mayor reactivación. Estaríamos hablando del 60 % de la población, contando los primeros grupos ya vacunados.

Hablar de confidencialidad en la negociación de una potencial vacuna se presta para muchas suspicacias. ¿Por qué tiene que haber confidencialidad en esos acuerdos?

Una de las principales razones es que las compañías farmacéuticas están compartiendo varios de sus datos más preciados, como son los detalles técnico-científicos de productos que no gozan de patentes ni de protección de derechos de propiedad industrial. Pero también los Gobiernos están compartiendo, prácticamente, toda la estrategia de acceso a las vacunas y presupuestos que no están validados mientras se esté negociando. Para construir confianza es importante guardar la reserva. Sin embargo, una vez lleguemos a acuerdos, no será necesario mantenerla.

Usted dijo que la inversión para el pago de vacunas sería entre $575 mil millones y $2,3 billones. ¿De dónde va a salir la plata?

Se están identificando las fuentes de los recursos, pero hay una decisión clara de encontrarlos para vacunar a las poblaciones que hemos definido.

En la pandemia de 2009 hubo muchos problemas en la compra de medicamentos: sobrecostos, poca transparencia... ¿Cómo evitar que esta vez suceda con las vacunas algo similar a lo que pasó con el tamiflu?

Tenemos el compromiso de manejar transparentemente la emergencia. Para eso creamos una institucionalidad y fortalecimos la que existe y los mecanismos de veeduría ciudadana. El Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) es un instrumento que permite el manejo transparente de los recursos con base en solicitudes sustentadas por el Ministerio de Salud. Además, el Ministerio fortaleció su carácter técnico gracias al Comité Estratégico en Salud, que sesiona y da recomendaciones de política pública basadas en evidencia, y además cuenta con un comité asesor en el que participan expertos nacionales e internacionales que nos han ayudado a tomar decisiones difíciles pero siempre soportadas. Más recientemente se creó un comité exclusivo para la evaluación y la toma de decisiones en la vacunación contra el COVID-19. Esa participación amplia da mayor transparencia.

¿Cómo están las finanzas del sistema de salud?

La sostenibilidad sigue siendo un reto permanente, y es casi que la dificultad común de todos los sistemas de salud en un mundo que envejece, demanda más servicios y tiene nuevas tecnologías disponibles. Seguimos trabajando en distintos mecanismos para contener los costos, como el control de precios de medicamentos y las compras centralizadas, pero queremos poner el énfasis en la atención primaria. Esa estrategia nos va a ayudar a pasar de un modelo muy asistencialista y muy concentrado en la alta complejidad a un modelo más preventivo.

He escuchado en varias oportunidades una queja de los directores de los hospitales: los recursos del sistema están quedando atrapados en las EPS y no les están llegando. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el cuello de botella?

Hay una serie de problemas acumulados y que estamos resolviendo. Por una parte, la parte operativa del sistema es engorrosa: inconsistencias en los soportes que presentan los hospitales, diferencias en las validaciones de las EPS, el uso de distintas plataformas tecnológicas… Por la otra hay un problema, digamos, conceptual, que tiene que ver con las diferencias de criterio entre las EPS y la clínica o el hospital sobre si era o no necesario prestar determinado servicio a un paciente. Y tercero, las deudas acumuladas también generan esos cuellos de botella.

¿Y qué están haciendo?

Tenemos varios mecanismos que ayudarán a agilizar esos procesos. La factura electrónica va a mejorar la operatividad, pues estandariza y unifica los procesos. Otra de nuestras banderas es que pasemos a una contratación por paquetes, no por eventos. Si se agrupan los servicios, si pasamos a un modelo de riesgo compartido, vamos a centrarnos más en lo grande e importante y menos en las minucias. Y con respecto a las deudas acumuladas, seguimos trabajando en el saneamiento de cartera y en el desarrollo de un sistema de información que permita tener la trazabilidad de los pagos en toda la cadena.

¿Se van a embarcar en algún tipo de reforma al sistema de salud?

No, el proyecto de ley que cursa en el Congreso no es una reforma al sistema. Lo que buscamos es desarrollar la Ley Estatutaria que expedimos en 2015. Necesitamos un sistema más orientado a la atención primaria; que las EPS sean más gestoras de salud que administradoras de recursos; que pongamos énfasis a la medicina familiar; que haya una verdadera igualación de los derechos de las personas en el régimen contributivo el subsidiado; y, por supuesto, que superemos las deficiencias en el manejo del talento humano en salud. No es posible tener un sistema de salud sano si las normas son injustas.

¿Qué error cree que ha cometido en estos meses de pandemia?

A veces la lengua me ha traicionado, o tal vez la falta de tiempo para ofrecer un contexto suficientemente amplio en algunos asuntos. Por ejemplo, el llamado obligatorio a los trabajadores de la salud en caso de que fueran requeridos para atender la crisis sonó muy impositivo, cuando en realidad apelábamos al compromiso de cada uno de ellos. Otro tema que generó malestar fue nuestra preocupación por las diferencias que observamos en las estancias en UCI en las distintas regiones. Los intensivistas sintieron que estábamos poniendo en duda su ética, y nada más alejado de la realidad, porque justamente ese es el gremio que más cercanamente ha trabajado con nosotros en este momento.

¿Y qué error ha cometido con respecto al manejo de la pandemia como tal?

Todos los países hemos tenido que tomar decisiones en un contexto de mucha incertidumbre. Los bandazos que dimos con respecto al uso del tapabocas en población sin síntomas y la dificultad para encontrar una prueba rápida que tuviera un buen desempeño son cosas que uno desearía que no hubieran pasado. Pero sí puedo decir, con absoluta tranquilidad, que todas las decisiones que hemos tomado se han basado en la mejor evidencia que ha habido en cada momento. Esperemos que los profetas del pasado sean comprensivos.

¿Qué ha cambiado en su vida personal?

Pues mi vida laboral va al ritmo de la pandemia. Estoy en el pico de la consagración a mi trabajo, con lo que eso acarrea, especialmente la brevedad del tiempo para compartir con mi esposa y mi hija. Pero, tal como ocurrirá con la pandemia, ellas saben que esto pasará y llegará el momento de volver a disfrutar las otras cosas de la vida.

Si hay algunas ciudades que hoy inquieten al ministro de Salud, Fernando Ruiz, son las tres más pobladas de Colombia: Bogotá, Medellín y Cali. La ocupación de camas de cuidados intensivos (UCI) es crítica. En la capital del país solo hay una disponibilidad del 10 %. En las otras dos es del 7 y 11 %. A diferencia de Leticia, Barranquilla o Cartagena, que ya superaron los momentos críticos, estas están llegando al pico. (Lea Farmacéuticos, ¿olvidados en la pandemia?)

Desde que el 6 de marzo se identificó el primer caso de COVID-19 en el país, Ruiz y su equipo han tenido que moverse en un difícil escenario. Manejar una pandemia ocasionada por un virus desconocido los ha obligado a actuar en medio de un terreno de incertidumbre. “Nadie puede aspirar a decisiones perfectas”, reconoce. Hay asuntos como el uso del tapabocas o la búsqueda de pruebas rápidas que el ministro desearía que no hubiera pasado aunque, dice, “nos hemos basado en la mejor evidencia que ha habido”.(Lea Vacuna, una promesa a medio camino)

Hoy, en un momento en el que se han registrado más de 15 mil muertes por el nuevo coronavirus, aún hay decisiones difíciles por tomar. La reapertura de los colegios es una de ellas. La compra de una potencial vacuna es otra. Pese a las suspicacias que se han generado por los acuerdos de confidencialidad con algunas compañías, Ruiz promete transparencia.

Han pasado cinco meses desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Colombia. ¿Hay algún departamento o ciudad que hoy lo inquiete?

Sí, me inquietan las tres más pobladas, que están llegando al pico. Aunque es una situación preocupante, la esperábamos y sabíamos que sería inevitable en una pandemia de estas características. La buena noticia es que ese pico está cobrando cierta forma de meseta en cada una de esas ciudades gracias a las medidas tomadas, y eso se traduce en que no hemos sobrepasado la capacidad de atención de los pacientes en unidades de cuidados intensivos. La disponibilidad de camas de UCI en Bogotá no ha bajado del 10 % en lo que va de agosto; la de Medellín, del 7 %, y la de Cali, del 11 %.

Da la impresión que Leticia ya superó la peor parte de la pandemia. ¿Algún otro?

Leticia lleva tres semanas sin muertes por el virus, y el pico quedó ya muy atrás, en mayo. Barranquilla, Cartagena, Tumaco, Buenaventura y Sincelejo nos están mostrando que también superaron los momentos más críticos sin escenas dantescas como las que vimos en otros países. No podemos confiarnos; puede haber rebrotes. Pero el aprendizaje para el resto de ciudades del país y para los trabajadores del sector ha sido muy valioso.

El secretario general de la ONU dijo que nos enfrentamos a una “catástrofe generacional” si las escuelas se mantienen cerradas. ¿Alguna pista de cuándo podrán volver a abrirse?

En una situación de pandemia nadie puede aspirar a decisiones perfectas. No quiero subestimar el daño psicológico de las niñas y los niños, ni lamentar el retraso académico que esta crisis les está causando. Pero no olvidemos que una generación de huérfanos también sería una catástrofe. Como lo ha dicho la ministra de Educación, María Victoria Angulo, cuando definamos la fecha de retorno a clases, comenzaremos por los municipios sin COVID-19 o con baja afectación; en cualquier caso, se cumplirán protocolos de bioseguridad, y ningún padre que sienta que es un riesgo para sus hijos estará obligado a enviar a sus hijos al colegio.

Hace un par de semanas supimos que Colombia estaba negociando con cinco compañías. Con dos (Pfizer y con AstraZeneca) ya había firmado acuerdos de confidencialidad y estaba esperando saber el monto a pagar en la estrategia COVAX. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Continuamos las conversaciones en el marco de la confidencialidad con estas y otras compañías, y profundizamos en aspectos técnicos y científicos de las vacunas candidatas que están en fases II y III. Aprovechamos esas conversaciones para hacer múltiples preguntas que tienen que ver con la posibilidad de las compañías farmacéuticas para producir las vacunas en un escenario de mediano plazo y con los mecanismos para adquirirlas, especialmente.

¿Cómo definir cuántas vacunas comprar en un escenario en el que un porcentaje de la población desarrolle inmunidad, haya inmunidad cruzada y en el que, además, buena parte de los contagiados son asintomáticos?

Definimos dos objetivos: uno sanitario y otro social y económico. En el primer objetivo la población a vacunar es la población con más riesgo respecto por infección por COVID-19. Es decir, nuestros profesionales de la salud, los adultos mayores y la población con comorbilidades crónicas e inflamatorias como hipertensión o diabetes. Esta población es de aproximadamente 12 o 14 millones de personas. El objetivo social y económico apunta a lograr una inmunidad de rebaño, que de manera ortodoxa se define como el 60 % de la población o más. Sin embargo, hasta este momento no hay evidencia concluyente de cuál sería la proporción específica para el COVID-19. Si nos fuéramos por ese concepto tradicional, estaríamos apuntándole a vacunar a las poblaciones económicamente activas para tener una mayor reactivación. Estaríamos hablando del 60 % de la población, contando los primeros grupos ya vacunados.

Hablar de confidencialidad en la negociación de una potencial vacuna se presta para muchas suspicacias. ¿Por qué tiene que haber confidencialidad en esos acuerdos?

Una de las principales razones es que las compañías farmacéuticas están compartiendo varios de sus datos más preciados, como son los detalles técnico-científicos de productos que no gozan de patentes ni de protección de derechos de propiedad industrial. Pero también los Gobiernos están compartiendo, prácticamente, toda la estrategia de acceso a las vacunas y presupuestos que no están validados mientras se esté negociando. Para construir confianza es importante guardar la reserva. Sin embargo, una vez lleguemos a acuerdos, no será necesario mantenerla.

Usted dijo que la inversión para el pago de vacunas sería entre $575 mil millones y $2,3 billones. ¿De dónde va a salir la plata?

Se están identificando las fuentes de los recursos, pero hay una decisión clara de encontrarlos para vacunar a las poblaciones que hemos definido.

En la pandemia de 2009 hubo muchos problemas en la compra de medicamentos: sobrecostos, poca transparencia... ¿Cómo evitar que esta vez suceda con las vacunas algo similar a lo que pasó con el tamiflu?

Tenemos el compromiso de manejar transparentemente la emergencia. Para eso creamos una institucionalidad y fortalecimos la que existe y los mecanismos de veeduría ciudadana. El Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) es un instrumento que permite el manejo transparente de los recursos con base en solicitudes sustentadas por el Ministerio de Salud. Además, el Ministerio fortaleció su carácter técnico gracias al Comité Estratégico en Salud, que sesiona y da recomendaciones de política pública basadas en evidencia, y además cuenta con un comité asesor en el que participan expertos nacionales e internacionales que nos han ayudado a tomar decisiones difíciles pero siempre soportadas. Más recientemente se creó un comité exclusivo para la evaluación y la toma de decisiones en la vacunación contra el COVID-19. Esa participación amplia da mayor transparencia.

¿Cómo están las finanzas del sistema de salud?

La sostenibilidad sigue siendo un reto permanente, y es casi que la dificultad común de todos los sistemas de salud en un mundo que envejece, demanda más servicios y tiene nuevas tecnologías disponibles. Seguimos trabajando en distintos mecanismos para contener los costos, como el control de precios de medicamentos y las compras centralizadas, pero queremos poner el énfasis en la atención primaria. Esa estrategia nos va a ayudar a pasar de un modelo muy asistencialista y muy concentrado en la alta complejidad a un modelo más preventivo.

He escuchado en varias oportunidades una queja de los directores de los hospitales: los recursos del sistema están quedando atrapados en las EPS y no les están llegando. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el cuello de botella?

Hay una serie de problemas acumulados y que estamos resolviendo. Por una parte, la parte operativa del sistema es engorrosa: inconsistencias en los soportes que presentan los hospitales, diferencias en las validaciones de las EPS, el uso de distintas plataformas tecnológicas… Por la otra hay un problema, digamos, conceptual, que tiene que ver con las diferencias de criterio entre las EPS y la clínica o el hospital sobre si era o no necesario prestar determinado servicio a un paciente. Y tercero, las deudas acumuladas también generan esos cuellos de botella.

¿Y qué están haciendo?

Tenemos varios mecanismos que ayudarán a agilizar esos procesos. La factura electrónica va a mejorar la operatividad, pues estandariza y unifica los procesos. Otra de nuestras banderas es que pasemos a una contratación por paquetes, no por eventos. Si se agrupan los servicios, si pasamos a un modelo de riesgo compartido, vamos a centrarnos más en lo grande e importante y menos en las minucias. Y con respecto a las deudas acumuladas, seguimos trabajando en el saneamiento de cartera y en el desarrollo de un sistema de información que permita tener la trazabilidad de los pagos en toda la cadena.

¿Se van a embarcar en algún tipo de reforma al sistema de salud?

No, el proyecto de ley que cursa en el Congreso no es una reforma al sistema. Lo que buscamos es desarrollar la Ley Estatutaria que expedimos en 2015. Necesitamos un sistema más orientado a la atención primaria; que las EPS sean más gestoras de salud que administradoras de recursos; que pongamos énfasis a la medicina familiar; que haya una verdadera igualación de los derechos de las personas en el régimen contributivo el subsidiado; y, por supuesto, que superemos las deficiencias en el manejo del talento humano en salud. No es posible tener un sistema de salud sano si las normas son injustas.

¿Qué error cree que ha cometido en estos meses de pandemia?

A veces la lengua me ha traicionado, o tal vez la falta de tiempo para ofrecer un contexto suficientemente amplio en algunos asuntos. Por ejemplo, el llamado obligatorio a los trabajadores de la salud en caso de que fueran requeridos para atender la crisis sonó muy impositivo, cuando en realidad apelábamos al compromiso de cada uno de ellos. Otro tema que generó malestar fue nuestra preocupación por las diferencias que observamos en las estancias en UCI en las distintas regiones. Los intensivistas sintieron que estábamos poniendo en duda su ética, y nada más alejado de la realidad, porque justamente ese es el gremio que más cercanamente ha trabajado con nosotros en este momento.

¿Y qué error ha cometido con respecto al manejo de la pandemia como tal?

Todos los países hemos tenido que tomar decisiones en un contexto de mucha incertidumbre. Los bandazos que dimos con respecto al uso del tapabocas en población sin síntomas y la dificultad para encontrar una prueba rápida que tuviera un buen desempeño son cosas que uno desearía que no hubieran pasado. Pero sí puedo decir, con absoluta tranquilidad, que todas las decisiones que hemos tomado se han basado en la mejor evidencia que ha habido en cada momento. Esperemos que los profetas del pasado sean comprensivos.

¿Qué ha cambiado en su vida personal?

Pues mi vida laboral va al ritmo de la pandemia. Estoy en el pico de la consagración a mi trabajo, con lo que eso acarrea, especialmente la brevedad del tiempo para compartir con mi esposa y mi hija. Pero, tal como ocurrirá con la pandemia, ellas saben que esto pasará y llegará el momento de volver a disfrutar las otras cosas de la vida.