Igualdad inmunológica: respuesta ineluctable a la pandemia global endémica

Las proyecciones científicas más recientes revelan un hecho inexorable: el mundo no alcanzará en 2021 la inmunidad colectiva requerida para dejar atrás el virus COVID-19.

Existen dos formas para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño (“herd immunity”). De un lado, una vacunación cercana al 70 % de la población mundial antes de que la composición genética del virus se transforme a tal punto que la vacuna diseñada para atacar la cepa original (SARS-CoV-2) resulte ineficaz ante sus variantes. De otro lado, la inmunidad natural (“natural immunity”) o habilidad biológica para producir un nivel de anticuerpos suficiente para repeler futuros contagios después de contraer el virus.

Desafortunadamente, el riesgo de mutación exponencial del virus, la disparidad en el ritmo de vacunación, la distribución nacionalista de la vacuna, las campañas de desinformación y el acaparamiento de la mitad de las dosis que habrán de producirse en 2021 por parte de 31 países (14 % de la población mundial) no permitirían alcanzar la inmunidad colectiva necesaria este año.

Tan solo la mitad de la población en Israel, el Reino Unido, Seychelles y una tercera parte en Estados Unidos, Chile y Bahrein ha sido vacunada. Menos del 2 % de las vacunas disponibles en el mundo han sido distribuidas en Africa. Con excepción de China, la situación es igualmente precaria en Asia donde solo 0,8 % de la población en Bangladesh, 0,1 % en Laos, 0,1 % en Corea del Sur y 0,2 % en Filipinas ha recibido la vacuna. Es más, menos del 4 % de los casi 1,4 millones de habitantes en India han sido vacunados, lo cual es particularmente preocupante toda vez que India registra actualmente hasta 314,835 infecciones diarias y ya produjo una variante doméstica (B.1.617) con doble mutación genética.

Con excepción de Chile, ningún país en Latinoamérica ha vacunado más del 10 % de su población. De hecho, a diferencia de Uruguay (8,5 %), México (3 %) y Colombia (2,3 %), la tasa de vacunación en el resto de la región esta por debajo del 2 %. Con más de 212 millones de habitantes, la tercera tasa de mortalidad en el planeta y una tasa de vacunación de solo 3,5 %, Brasil es el caso más alarmante debido a que la variante de origen doméstico P1 venció la inmunidad natural tras infectar a aquellos que sobrevivieron el COVID-19.

(Quizás quiera leer esto: Vacunas: proeza científica y fracaso moral)

Ningún país – incluyendo Estados Unidos con una inversión de más de 5,2 trillones de dólares en investigación y estímulo económico cercana al 25 % de su PIB en 2019– cuenta con los recursos fiscales para subsidiar por varios años confinamientos cíclicos, desempleo y reapertura de negocios.

En este contexto, es vital que Colombia y otros países de la región se unan al llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud (junto con otros 23 países) para crear un tratado internacional sobre pandemias futuras. Lo anterior, sin embargo, avanzando dos cambios fundamentales: específicamente, que el tratado se aplique a la pandemia actual y que las protecciones que en él se desarrollen se basen en el régimen impositivo de derechos humanos y no en el sistema multilateral de cooperación internacional.

No podemos seguir utilizando leyes, políticas e instituciones del siglo 20 para resolver problemas del siglo 21. La falla del multilateralismo no es solamente institucional o política, sino moral. Las vacunas más efectivas están siendo suministradas casi exclusivamente en países desarrollados, mientras que países en vía de desarrollo se ven abocados a utilizar vacunas menos efectivas y países pobres como Haití permanecen sin recibir una sola dosis. El mayor esfuerzo multilateral, el mecanismo COVAX, ha logrado tan solo enviar 38,4 millones de vacunas. Peor aun, debido a la vacunación lenta en Europa continental, la exportación de la vacuna AstraZeneca que se venía utilizando en Africa y en el Caribe ha sido restringida por la Unión Europea.

La igualdad inmunológica debe ser el primer artículo de dicho tratado y debe desarrollarse como un derecho humano nuevo y autónomo. La premisa jurídica es simple: entendiendo que desde ahora salud pública significa salud global, que la salud de todos los habitantes del planeta es un bien intangible y necesario para la preservación de la vida humana, y que la pandemia amenaza la vida, la dignidad y la integridad física, mental y moral de las personas, la igualdad inmunológica garantizaría el acceso y la distribución equitativa de las vacunas como un derecho humano inescindible.

(También puede leer: Carta de Juan Manuel Santos a Joe Biden: una vacuna para la humanidad)

Igualdad inmunológica puede lograr (en la práctica) lo que otras propuestas no. Una iniciativa loable impulsada por Human Rights Watch, basada en la necesidad de transparencia (“due diligence”) y protección al derecho a la vida y la salud, busca eliminar cláusulas secretas (“confidentiality clause”) que rigen los contratos de compra y suministro de vacunas. Tal argumento, sin embargo, conlleva una imposibilidad jurídica dado que países productores podrían oponer obligaciones no solo contractuales sino constitucionales relacionadas con la protección de la vida y la salud de sus propios habitantes.

Una segunda propuesta liderada por Suráfrica e India buscaba que las farmacéuticas suspendieran temporalmente las patentes sobre las vacunas (“TRIPS Agreement waiver”). Si bien legítima, dicha proposición fue rechazada por países productores tras reconocer la complejidad e importancia del saber hacer (“know-how”) que aportaron las farmacéuticas. Por ejemplo, la vacuna Moderna, producida en 11 meses con una efectividad de 94,5 %, es el resultado no solo de inversión pública sino del material genético ARNm (“messenger-RNA”) desarrollado durante dos décadas y con aplicaciones revolucionarias para VIH y cáncer.

No obstante, como derecho humano autónomo, la igualdad inmunológica impondría obligaciones especiales no solamente a Estados sino a farmacéuticas, particularmente considerando precedentes sobre corporaciones en derechos humanos. Dicha protección se traduciría en un sistema de precios transparente atendiendo a los recursos de cada país, una distribución sincronizada e inteligente de la vacuna y una protección social a la propiedad intelectual de las farmacéuticas que suministren la vacuna a través de acuerdos con compañías y gobiernos en todas las regiones del mundo. Derechos humanos es la respuesta a la versión más pobre de multilateralismo.

J. Mauricio Gaona es Visiting Fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (HLS), Investigador en el Instituto de Politicas y Leyes Globales de la Universidad de Harvard (IGLP) y O’Brien Fellow en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de McGill (CHRLP).

Las proyecciones científicas más recientes revelan un hecho inexorable: el mundo no alcanzará en 2021 la inmunidad colectiva requerida para dejar atrás el virus COVID-19.

Existen dos formas para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño (“herd immunity”). De un lado, una vacunación cercana al 70 % de la población mundial antes de que la composición genética del virus se transforme a tal punto que la vacuna diseñada para atacar la cepa original (SARS-CoV-2) resulte ineficaz ante sus variantes. De otro lado, la inmunidad natural (“natural immunity”) o habilidad biológica para producir un nivel de anticuerpos suficiente para repeler futuros contagios después de contraer el virus.

Desafortunadamente, el riesgo de mutación exponencial del virus, la disparidad en el ritmo de vacunación, la distribución nacionalista de la vacuna, las campañas de desinformación y el acaparamiento de la mitad de las dosis que habrán de producirse en 2021 por parte de 31 países (14 % de la población mundial) no permitirían alcanzar la inmunidad colectiva necesaria este año.

Tan solo la mitad de la población en Israel, el Reino Unido, Seychelles y una tercera parte en Estados Unidos, Chile y Bahrein ha sido vacunada. Menos del 2 % de las vacunas disponibles en el mundo han sido distribuidas en Africa. Con excepción de China, la situación es igualmente precaria en Asia donde solo 0,8 % de la población en Bangladesh, 0,1 % en Laos, 0,1 % en Corea del Sur y 0,2 % en Filipinas ha recibido la vacuna. Es más, menos del 4 % de los casi 1,4 millones de habitantes en India han sido vacunados, lo cual es particularmente preocupante toda vez que India registra actualmente hasta 314,835 infecciones diarias y ya produjo una variante doméstica (B.1.617) con doble mutación genética.

Con excepción de Chile, ningún país en Latinoamérica ha vacunado más del 10 % de su población. De hecho, a diferencia de Uruguay (8,5 %), México (3 %) y Colombia (2,3 %), la tasa de vacunación en el resto de la región esta por debajo del 2 %. Con más de 212 millones de habitantes, la tercera tasa de mortalidad en el planeta y una tasa de vacunación de solo 3,5 %, Brasil es el caso más alarmante debido a que la variante de origen doméstico P1 venció la inmunidad natural tras infectar a aquellos que sobrevivieron el COVID-19.

(Quizás quiera leer esto: Vacunas: proeza científica y fracaso moral)

Ningún país – incluyendo Estados Unidos con una inversión de más de 5,2 trillones de dólares en investigación y estímulo económico cercana al 25 % de su PIB en 2019– cuenta con los recursos fiscales para subsidiar por varios años confinamientos cíclicos, desempleo y reapertura de negocios.

En este contexto, es vital que Colombia y otros países de la región se unan al llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud (junto con otros 23 países) para crear un tratado internacional sobre pandemias futuras. Lo anterior, sin embargo, avanzando dos cambios fundamentales: específicamente, que el tratado se aplique a la pandemia actual y que las protecciones que en él se desarrollen se basen en el régimen impositivo de derechos humanos y no en el sistema multilateral de cooperación internacional.

No podemos seguir utilizando leyes, políticas e instituciones del siglo 20 para resolver problemas del siglo 21. La falla del multilateralismo no es solamente institucional o política, sino moral. Las vacunas más efectivas están siendo suministradas casi exclusivamente en países desarrollados, mientras que países en vía de desarrollo se ven abocados a utilizar vacunas menos efectivas y países pobres como Haití permanecen sin recibir una sola dosis. El mayor esfuerzo multilateral, el mecanismo COVAX, ha logrado tan solo enviar 38,4 millones de vacunas. Peor aun, debido a la vacunación lenta en Europa continental, la exportación de la vacuna AstraZeneca que se venía utilizando en Africa y en el Caribe ha sido restringida por la Unión Europea.

La igualdad inmunológica debe ser el primer artículo de dicho tratado y debe desarrollarse como un derecho humano nuevo y autónomo. La premisa jurídica es simple: entendiendo que desde ahora salud pública significa salud global, que la salud de todos los habitantes del planeta es un bien intangible y necesario para la preservación de la vida humana, y que la pandemia amenaza la vida, la dignidad y la integridad física, mental y moral de las personas, la igualdad inmunológica garantizaría el acceso y la distribución equitativa de las vacunas como un derecho humano inescindible.

(También puede leer: Carta de Juan Manuel Santos a Joe Biden: una vacuna para la humanidad)

Igualdad inmunológica puede lograr (en la práctica) lo que otras propuestas no. Una iniciativa loable impulsada por Human Rights Watch, basada en la necesidad de transparencia (“due diligence”) y protección al derecho a la vida y la salud, busca eliminar cláusulas secretas (“confidentiality clause”) que rigen los contratos de compra y suministro de vacunas. Tal argumento, sin embargo, conlleva una imposibilidad jurídica dado que países productores podrían oponer obligaciones no solo contractuales sino constitucionales relacionadas con la protección de la vida y la salud de sus propios habitantes.

Una segunda propuesta liderada por Suráfrica e India buscaba que las farmacéuticas suspendieran temporalmente las patentes sobre las vacunas (“TRIPS Agreement waiver”). Si bien legítima, dicha proposición fue rechazada por países productores tras reconocer la complejidad e importancia del saber hacer (“know-how”) que aportaron las farmacéuticas. Por ejemplo, la vacuna Moderna, producida en 11 meses con una efectividad de 94,5 %, es el resultado no solo de inversión pública sino del material genético ARNm (“messenger-RNA”) desarrollado durante dos décadas y con aplicaciones revolucionarias para VIH y cáncer.

No obstante, como derecho humano autónomo, la igualdad inmunológica impondría obligaciones especiales no solamente a Estados sino a farmacéuticas, particularmente considerando precedentes sobre corporaciones en derechos humanos. Dicha protección se traduciría en un sistema de precios transparente atendiendo a los recursos de cada país, una distribución sincronizada e inteligente de la vacuna y una protección social a la propiedad intelectual de las farmacéuticas que suministren la vacuna a través de acuerdos con compañías y gobiernos en todas las regiones del mundo. Derechos humanos es la respuesta a la versión más pobre de multilateralismo.

J. Mauricio Gaona es Visiting Fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (HLS), Investigador en el Instituto de Politicas y Leyes Globales de la Universidad de Harvard (IGLP) y O’Brien Fellow en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de McGill (CHRLP).