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Uno de los temores que más se repiten cada vez que se habla de impuestos saludables (como los que gravan las bebidas azucaradas o los alimentos ultraprocesados) es su supuesto impacto negativo sobre la economía de las empresas, desde el pequeño tendero de barrio hasta las grandes industrias. El argumento suele ser el mismo: que tocar estos productos terminará afectando las ventas, forzando el cierre de negocios y destruyendo muchos empleos. Basta recordar los titulares que advertían que ponerle un impuesto a la gaseosa llevaría, casi de inmediato, a una crisis para el comercio y la industria nacional.
Pero puede que esa historia no haya sido así en Colombia. “Las políticas de salud alimentaria pueden coexistir con la estabilidad laboral y empresarial. No son enemigas. Podemos avanzar hacia un consumo más saludable sin que eso vaya en detrimento de la industria”, afirma Paul Rodríguez, economista de la Universidad del Rosario. Su afirmación no es solo una opinión: es la conclusión de una investigación que analizó qué pasó realmente en el mercado laboral colombiano tras la introducción de los impuestos saludables y del etiquetado frontal.
Rodríguez, junto con un equipo de investigadores colombianos e internacionales, estudió los efectos de corto plazo de las reformas sanitarias implementadas en el país entre 2022 y 2024. Hablamos, por un lado, de los impuestos al consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados; y por otro, de la adopción de sellos de advertencia en forma de octágonos en el frente de los empaques para productos con altos contenidos de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías. Algunas de estas herramientas, celebradas y respaldadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud, han sido criticadas por sectores políticos e incluso hoy precandidatos han amenazado con eliminarlas.
El equipo de científicos utilizó datos representativos de la fuerza laboral nacional y aplicó varias metodologías económicas (como comparaciones antes y después de la reforma, contrastes entre sectores más y menos expuestos, y modelos de control sintético) con el fin de aislar los efectos de estas políticas sobre el empleo, los ingresos, las horas trabajadas e incluso la informalidad. “Este estudio hace parte de un proyecto grande que está liderando el Global Food Research Program de la Universidad de Carolina del Norte”, cuenta Rodríguez, quien agrega que “este equipo es importante porque ha estado detrás de estudios en diferentes países: inicialmente en México y Chile, y posteriormente en Perú”.
El Programa Global de Investigación Alimentaria de la Universidad de Carolina del Norte es una iniciativa académica adscrita al Centro de Población de esa universidad. Su trabajo se centra en estudiar, con métodos rigurosos y comparables entre países, cómo las políticas públicas en alimentación y nutrición influyen en lo que se produce, se vende y se consume, desde la fábrica hasta la mesa. El programa trabaja en alianza con investigadores y gobiernos de distintos países y desarrolla estudios de largo plazo para evaluar iniciativas a gran escala orientadas a prevenir la obesidad y las enfermedades asociadas a la dieta.
¿Qué fue lo que encontraron?
La investigación, publicada a principios de diciembre en la revista de la Universidad del Rosario y actualmente en proceso de revisión en otras revistas indexadas, comienza reconociendo lo complejo que fue implementar estas medidas nutricionales en Colombia.
“El proceso de formulación de la política fue políticamente controvertido. Gremios empresariales como la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) y Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) argumentaron que gravar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados afectaría de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos y pondría en riesgo el empleo en los sectores de manufactura, comercio y distribución”, recuerdan los autores. Incluso, refieren algunos titulares en la prensa por aquellos días: “Los gremios advierten que el impuesto a las bebidas destruirá empleos” (Portafolio, 2022) y “Fenalco: ‘El impuesto a las bebidas pondrá en riesgo miles de empleos’” (El Tiempo, 2022).
Preocupaciones similares se expresaron en Chile y México durante la implementación de sus respectivas reformas de etiquetado y tributación, dicen los autores. “Lo que hicimos para Colombia fue analizar la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la encuesta laboral del país. Esta encuesta nos dice en qué trabajan las personas, cuál es la empresa y la actividad económica de esa empresa. Con esa información las clasificamos en grandes sectores: sector de alimentos, sector de bebidas —que va por separado—, y otros. Luego, usando una técnica estadística, buscamos otros sectores económicos con una dinámica similar en términos de empleo. Así construimos una versión alternativa de cómo se habrían comportado estos sectores si no hubiese existido el impuesto”, explica Rodríguez.
En términos más sencillos, lo que hicieron los investigadores fue comparar lo que pasó en los sectores directamente afectados por los impuestos y el etiquetado (como el de bebidas y alimentos procesados) con lo que habría pasado si esas medidas no se hubieran aplicado.
“La evidencia sugiere que, en el corto plazo, las empresas no se ajustaron principalmente a través de despidos ni de reducciones salariales. En el sector de bebidas se observa un aumento moderado en las horas trabajadas, lo que es consistente con una reorganización del trabajo o de los procesos productivos existentes. Este tipo de ajuste indica una adaptación gradual a la regulación, sin impactos abruptos en el empleo, aunque los resultados no permiten identificar un mecanismo específico ni descartar otros canales de ajuste”, explica Mayra Saenz, autora e investigadora de la Universidad del Rosario.
En otras palabras, los investigadores no encontraron caídas significativas en el empleo, los ingresos ni la informalidad, como advertían los titulares y los gremios económicos. Es decir, lejos de provocar un choque laboral, las empresas parecieron adaptarse sin despidos masivos ni cierres, ajustando otros márgenes antes que el número de trabajadores.
Durante el primer año tras la entrada en vigencia de las medidas, no se observaron reducciones claras ni en el número de trabajadores ni en los ingresos promedio en las industrias de bebidas no alcohólicas y de alimentos procesados. Cuando aparecieron cambios, estos fueron pequeños, no sistemáticos y, en la mayoría de los casos, estadísticamente indistinguibles de cero. Incluso usando distintos métodos de análisis —comparar sectores antes y después, construir escenarios alternativos o seguir la evolución en el tiempo— los resultados apuntaron a lo mismo siempre: no hubo una destrucción masiva de empleo ni una caída generalizada de los salarios tras las reformas.
Tampoco hubo señales de que las empresas hayan respondido aumentando la informalidad. La proporción de trabajadores sin seguridad social o contratos formales se mantuvo prácticamente igual antes y después de las reformas. Las diferencias que sí aparecen —mayor informalidad en empresas pequeñas, menor en zonas urbanas o entre personas con más educación— responden, según se lee en la investigación, a patrones habituales del mercado laboral colombiano, no al impacto del impuesto o del etiquetado.
En algo sí hubo un cambio: en las horas trabajadas. En el sector de bebidas, por ejemplo, los trabajadores pasaron a laborar, en promedio, cerca de una hora más a la semana. Parte de ese ajuste parece haber recaído más en mujeres, trabajadores rurales y ocupaciones administrativas o de oficina. “Esto es consistente con una reorganización del trabajo o de los procesos productivos existentes. Este tipo de ajuste indica una adaptación gradual a la regulación, sin impactos abruptos en el empleo, aunque los resultados no permiten identificar un mecanismo específico ni descartar otros canales de ajuste”, explica Saenz.
Es decir, es posible que las empresas reaccionaran a las políticas nutricionales ajustando la forma en que organizan el trabajo: repartiendo de manera distinta las tareas, extendiendo ligeramente las jornadas o reforzando funciones administrativas y de coordinación.
¿Por qué no hubo ningún cambio negativo? En primer lugar, según Luis Fernando Gómez y Mercedes Mora, autores del estudio e investigadores de la Universidad Javeriana, esto se debe a la solidez de las políticas implementadas en el país. “Los impuestos a los comestibles ultraprocesados y a las bebidas azucaradas, así como el etiquetado octagonal de advertencias, fueron el resultado de un esfuerzo sostenido de organizaciones sociales, grupos académicos y del personal técnico del Ministerio de Salud. Todos ellos revisaron de manera sistemática experiencias en otros países, documentos técnicos y estudios científicos, con el objetivo de proponer legislaciones robustas y compatibles con la situación del mercado laboral. Para otros países, la lección es clara: la factibilidad política y económica mejora cuando las medidas se construyen sobre evidencia”, dicen.
Por otro lado, según Rodríguez, “la principal razón, es la reformulación de productos. En este sector, es relativamente sencillo sustituir opciones. El mayor riesgo se concentra en la producción, porque allí hay inversiones en maquinaria y una caída en la demanda podría afectar. Sin embargo, la mayoría de las empresas que producen un producto también fabrican su sustituto. Si elaboro gaseosas con azúcar, también puedo producir gaseosas sin azúcar o embotellar agua. Ajustar el mercado es, por tanto, relativamente fácil”.
A diferencia de lo que buscan las políticas sanitarias sobre el tabaco —que apuntan básicamente a eliminar el negocio por sus evidentes efectos negativos para la salud—, las regulaciones sobre productos como las bebidas buscan que la industria adopte procesos más saludables para los consumidores, con menos azúcar, menos sodio y otras características que mejoren la calidad del producto. La lógica de ambas medidas es distinta.
Ahora bien, ¿cambiarían estos resultados si se estudiaran los efectos de las políticas a más largo plazo? “El análisis se concentra en el corto plazo, durante el primer año de implementación efectiva de la política. En ese horizonte no se observan efectos negativos sobre empleo o ingresos, y solo ajustes limitados en horas trabajadas en algunos sectores. Evaluar si estos patrones se mantienen en el tiempo requiere más datos”, reconoce Saenz.
Por ahora, lo que queda claro es que las políticas nutricionales tuvieron un efecto positivo en la reformulación de productos, reduciendo niveles de azúcar o sal, como señalamos hace unos meses en este artículo, y no generaron impactos económicos negativos en términos de recortes laborales o aumento de la informalidad. Como destacó Rodríguez, el mensaje es uno: “Podemos avanzar hacia un consumo más saludable sin que eso perjudique a la industria”.
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