La investigación, a cargo de una fiscalía y un juzgado civil de Santiago, se abrió tras una auditoría externa solicitada el año pasado por los representantes del Gobierno chileno en el Consejo de las Américas, un organismo público-privado encargado de administrar los recursos donados por el Fondo.
El Consejo de las Américas es una institución nacida de un acuerdo entre Chile y Estados Unidos en el que tienen participación ministerios y organizaciones no gubernamentales (ONG) de ambos países.
La auditoría detectó diversas irregularidades, como alteración de tasas de cambio de divisas, pagos adelantados por trabajos no ejecutados y la pérdida de unos 100 millones de pesos (unos 212.000 dólares al cambio actual).
Diversas autoridades del Gobierno lamentaron el caso, que según el canciller, Alejandro Foxley, “afecta la imagen de Chile en el exterior”, aunque matizó, en declaraciones a Radio Cooperativa este lunes, que “Chile no es un país corrupto” y que “se debe trabajar para asegurar la transparencia, a cualquier costo”.
Según dijo al diario La Tercera el presidente del Consejo, Santiago Araya, los resultados preliminares de la investigación apuntan a la presunta comisión de estafa, apropiación indebida, evasión tributaria y sabotaje informático.
A raíz de esta investigación renunciaron el director ejecutivo del Consejo de las Américas, Jorge Osorio, y el director de Administración y Finanzas del Consejo de Las Américas, Cristián Moscoso.
El informe definitivo se conocerá esta semana y, según Araya, “servirá para determinar responsabilidades administrativas”
“Hay una falta de dinero, eso es una realidad y habrá que ver a cuánto asciende al final”, señaló.
Fuentes judiciales indicaron que existen cuatro denuncias relacionadas con el caso y agregaron que esta semana el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, encargará diversas diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, entre ellas el interrogatorio a empleados del Consejo de las Américas y análisis contables.
El portavoz gubernamental, Francisco Vidal, admitió la presunta existencia de delitos, comentó que “sinvergüenzas hay en todas partes” y enfatizó que el caso debe ser resuelto en los tribunales.
Por su parte, la ministra de Salud, María Soledad Barría, reconoció que no se trata solo de un problema administrativo, sino que hubo malversación de recursos.
Barría negó, sin embargo, que el viaje la semana pasada a Ginebra de la subsecretaria del departamento, Jeanette Vega, fuese para dar explicaciones al Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, como señalaron algunos medios de prensa.
Por Agencia EFE
