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Una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ordena al Estado y a las EPS intervenidas pagar la deuda que hay con los hospitales y clínicas de Medellín. La decisión se da luego de una Acción Popular interpuesta por la Alcaldía de esa ciudad.
Se trata de una medida cautelar de primera instancia que pide al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la ADRES, la Superintendencia de Salud y un grupo de EPS que se encuentran intervenidas por el Gobierno el pago de esas obligaciones en un plazo de 30 días.
En el documento se indica que estas entidades deberán adelantar “todas las gestiones que correspondan para el saneamiento de la cartera que se encuentre debidamente acreditada a favor de las IPS, y a su vez garantizar el flujo de recursos que permita hacer efectivo el pago oportuno y completo de las obligaciones para que se pueda garantizar a la población el acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud en Medellín”
La Acción Popular interpuesta por la Alcaldía de Medellín tenía como objetivo, de acuerdo con la decisión del Tribunal, “evitar un daño inminente” que afectara el derecho a la salud, la vida digna y la integridad de los habitantes de Medellín por la saturación de los servicios de urgencias.
Dentro de las EPS intervenidas que se encuentran como accionadas en la decisión están Coosalud, EPS Sanitas (que por decisión de la Corte Constitucional dejará de estar intervenida) y Savia Salud. Todas, así como la Supersalud y la Adres, pidieron al Tribunal que negara las medidas cautelares, pues consideran que la Alcaldía no presentó los elementos probatorios necesarios para respaldar sus argumentos; Sin embargo, la decisión fue otorgar las medidas cautelares.
Algunos de los argumentos que expresó la Alcaldía de Medellín en la Acción Popular fueron “el incremento en los cierres de servicios de salud en la ciudad, el retraso en los pagos de salarios y honorarios del talento humano en salud, la falta de entrega oportuna y completa de medicamentos para el tratamiento de patologías o enfermedades crónicas, la interrupción del suministro de medicamentos y de insumos por parte de los proveedores y gestores farmacéuticos, el incremento en la cancelación de citas, consultas médicas especializadas, cirugías y procedimientos, y el ascendente y sostenido incremento de la saturación de los servicios de urgencias”, según se lee en el documento.
Reacciones a la decisión
Una de las primeras reacciones que se conoció fue la de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien se pronunció mediante su cuenta de X (antes Twitter). “Hoy la Justicia ordena al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas que en 30 días pague toda la deuda que tiene con los hospitales públicos y privados. Este es un fallo histórico, producto de una acción popular ante el Tribunal administrativo que presentamos hace un mes por la crisis de salud generada por el Gobierno Nacional”, dice el mandatario local.
El Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión, ante la que podrían interponer un recurso de apelación que sería resuelto en segunda instancia.
Esta es la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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