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Este jueves en la mañana el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, presentó los hallazgos iniciales de la intervención de las EPS Sanitas, SOS y Nueva EPS. Hace unos instantes, la Exjunta directiva de Nueva EPS emitió un comunicado respondiendo a las declaraciones del supersalud.
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En días anteriores, Leal había adelantado que su entidad había encontrado más de 12 millones de registros de facturas radicadas en proceso de auditoría por valor de más de $4.4 billones de pesos, obligaciones que no fueron incluidas en los estados financieros de la EPS en el momento oportuno (lo que denominó “pasivos ocultos”) y que acumulan, según la entidad, un valor de $5.7 billones.
“Eran facturas que se encontraban engavetadas y que no habían sido legalizadas en el sistema, y que genera múltiples dudas sobre el manejo oportuno y adecuado en materia financiera y en los balances que se presentaban a la junta directiva de esa EPS año tras año”, dijo Leal.
Dicho “ocultamiento” se habría realizado a través de una modalidad que el supersalud llamó “jineteo”: es decir, explicó, año tras año, y para lograr un balance financiero adecuado, se ocultaban las facturas del año y se registraban como si fuesen del año siguiente. “Se ha detectado que eso habría ocurrido al menos desde el 2019 y presuntamente desde años atrás”, agregó.
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Julio Alberto Rincón, agente interventor de Nueva EPS, detalló después el cálculo de esas facturas no presentadas por año: en 2019 fueron de unos $653.021 millones, en 2020 de unos $8.341 millones, en 2021 la cuantía superó el billón de pesos ($1.03), en 2022 superó los $2,3 billones y en 2023 fue de $1,3 billones.
Ahora, en el comunicado emitido por la Exjunta directiva de Nueva EPS, afirman que “la Junta Directiva, en sus sesiones ordinarias y extraordinarias en los periodos comprendidos entre los años 2019 a 2023, NUNCA fue informada ni por el presidente de la empresa, ni por el Revisor Fiscal, ni por los Auditores de la existencia alguna de facturas que no estuvieran adecuadamente contabilizadas en los estados financieros de la empresa, menos aún de facturas que alcanzan los $5,5 billones”.
También aseguran que las revisorías fiscales realizadas, por parte de Deloitte and Touche y KPMG, así como los dictámenes y opiniones sobre los estados financieros anteriores al de 2023, “siempre tuvieron calificaciones satisfactorias referentes a la situación financiera y jamás presentaron salvedad alguna sobre la veracidad de los datos e informaciones financieras presentadas por la administración a la Junta Directiva”.
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Por otro lado, señalan que, en cuanto a los estados financieros del periodo 2023, fueron presentados por la presidencia de la empresa a través del vicepresidente financiero. “Como consecuencia, la Junta Directiva solicitó explicaciones sobre el estado de la cartera de la empresa y la forma en que se venían atendiendo las obligaciones a los proveedores”, pues había quejas por mora en pagos.
Al respecto, son enfáticos en que tras el análisis de la situación y la información presentada sobre “pasivos desconocidos hasta ese momento por la Junta Directiva, correspondientes a cuentas médicas que podrían afectar los resultados financieros de la entidad, la Junta Directiva exigió explicaciones por el ocultamiento de facturas y ordenó la contratación inmediata de una revisoría forense especializada e independiente, así como un informe sobre la materia por parte de la auditoría interna de la entidad”.
Luego, en una sesión extraordinaria, la Junta Directiva decidió abstenerse de aprobar los estados financieros correspondientes a 2023 y “solicitó al entonces presidente de la entidad, Dr. Aldo Cadena, transmitir la decisión de la Junta de no presentar los estados financieros, por encontrarlos inaceptables, a la Asamblea General de Accionistas”.
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Finalmente, señalaron “enfáticamente que no son veraces los señalamientos hechos por el Señor Superintendente de Salud, Dr. Luis Carlos Leal, al calificar el papel de la Junta Directiva de Nueva EPS como una junta negligente y mucho menos responsable del ocultamiento de deudas en los estados financieros de la empresa”. Y le solicitaron al supersalud rectificar sus declaraciones.
Por su parte, la Fiscalía se encuentra adelantando un proceso de investigación al interior de esa EPS.
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