La brecha digital también tiene género

Los investigadores querían entender cómo los jóvenes que enfrentan desigualdades viven la brecha digital en términos de salud.

Foto: Pixabay

En Bogotá, una mujer describió lo que siente cada vez que intenta acceder al sistema de salud: “El sistema da por sentado que como todo es tecnología y todo el mundo puede acceder a un celular, todo el mundo va a acceder al servicio. Pero eso no es así.” Lo dijo sin rabia. Con la calma de quien lleva tiempo sabiendo algo que nadie quiere escuchar.

Esta no es una queja aislada, es el resumen de algo que la investigación realizada por el consorcio internacional Digital Health and Rights Project, y liderada en Colombia por la Universidad de los Andes, documenta con precisión: la digitalización de la salud está avanzando más rápido que las condiciones reales de las personas para adoptarla. Y ese desfase no le cuesta igual a todo el mundo.

La conversación pública sobre salud digital suele estar llena de promesas. Se habla de telemedicina, de inteligencia artificial, de aplicaciones que acercan servicios y de tecnologías que, en teoría, democratizan el acceso. Pero hay una pregunta incómoda que esa narrativa optimista no siempre quiere mirar de frente: ¿qué pasa cuando digitalizar no significa incluir, sino trasladar costos a quienes menos pueden asumirlos?

Esa pregunta importa especialmente en salud. Porque cuando hablamos de salud digital no estamos hablando solo de innovación. Estamos hablando de derechos, de confianza, de cuidado y de desigualdad. La investigación, que se realizó con 301 jóvenes de entre 18 y 30 años en Colombia, Ghana, Kenia y Vietnam, lo deja claro: conectarse sigue siendo difícil para muchas personas, y esas dificultades no se distribuyen de manera neutral. También tienen género.

Muchas de las personas participantes hablaron del costo de los teléfonos, del precio de los datos, de la falta de wifi, de conexiones inestables y de barreras para distinguir información confiable en salud. En algunos casos, la conexión no era una comodidad sino una carga. Mamushka, de 29 años y residente en Nairobi, lo describió con una claridad que no necesita traducción: “Tu teléfono está ahí, pero es solo un pedazo de metal sin uso. ¿Compras crédito [internet], o alimentas a tus hijos con hambre? Es una decisión difícil.”

Eso debería bastar para desmontar una idea muy instalada: que digitalizar equivale automáticamente a incluir. No siempre es así. A veces, digitalizar también significa trasladar costos a quienes menos pueden asumirlos. Y cuando el acceso a servicios o información de salud empieza a depender de esa conexión frágil y costosa, lo que se profundiza no es solo una brecha tecnológica. Es una brecha en el ejercicio de derechos.

Pero el estudio va más allá. Muestra que estas barreras no afectan a todo el mundo por igual. Las mujeres jóvenes hablaron más que los hombres de exclusión digital y relacionaron esa experiencia con la falta de ingresos, con las dinámicas del hogar y con distintas formas de control sobre su vida cotidiana. Varias participantes describieron la necesidad de compartir sus teléfonos con familiares, parejas o amistades, no por elección, sino por necesidad u obligación. Y eso tiene consecuencias concretas: limita la posibilidad de buscar información en salud con libertad, de consultar contenidos sensibles, de comunicarse de forma privada y de ejercer autonomía sobre la propia vida. Una mujer en Medellín lo explicó sin rodeos: en su comunidad rural, las mujeres dependen de que el esposo pague el internet. Si él no recarga el teléfono, ellas simplemente no se conectan.

Ahí es donde la discusión cambia de nivel. La brecha digital no es solo una brecha de acceso, es también una brecha de autonomía. Porque no basta con que exista una conexión, lo que importa es quién puede usarla sin miedo, con privacidad, con tiempo propio y con capacidad real de decisión.

La privacidad, de hecho, aparece en el estudio no como un asunto técnico, sino como una experiencia profundamente social. Al preguntar quién representaba el mayor riesgo si accedía a información personal, muchos participantes no señalaron primero a las grandes empresas tecnológicas o al Estado, sino a quienes tenían más cerca: padres, parejas, vecinos, familiares. Varias mujeres hablaron de vigilancia constante sobre sus redes sociales, sus mensajes y sus actividades en línea.

Una joven en Ghana lo vivió de una manera que ilustra hasta dónde llega esta vigilancia: después de un aborto empezó a notar síntomas que la preocupaban, pero no fue al hospital ni buscó información en internet. No tenía teléfono propio y no quería que su hermana supiera lo que había pasado. Se quedó sin la información que necesitaba. Para ella, el problema no era técnico, era que conectarse significaba exponerse.

Para personas que pertenecen a grupos estigmatizados tales como personas que viven con VIH, personas de la comunidad LGBTQ+, trabajadoras sexuales, entre otros, ese miedo puede tener consecuencias todavía más graves. Una joven de 25 años en Nairobi que vivía con VIH lo experimentó de la manera más brutal: el médico le envió un mensaje de texto recordándole que debía renovar su fórmula médica. Su hermana lo leyó antes que ella y se lo contó al padre. Esa misma noche el padre le dijo que ya no era su hija, y tuvo que irse de la casa.

Eso debería obligarnos a replantear el lenguaje con el que solemos hablar de protección de datos. La privacidad no debería ser un lujo ni un detalle técnico. Es una condición para poder ejercer derechos sin miedo. Cuando una persona teme que buscar información sobre su salud pueda exponerla al juicio, al castigo o al estigma, deja de buscar, se autocensura o se retrae. Y cuando eso ocurre, la promesa de la salud digital empieza a vaciarse.

Sin embargo, el estudio no se queda solo en el diagnóstico del daño. También recoge algo valioso: el deseo de aprender. Muchas personas participantes expresaron interés en recibir formación sobre derechos, inteligencia artificial, seguridad y herramientas para navegar el entorno digital con más criterio y protección. Esa demanda no es anecdótica. Es una pista política importante.

Durante años, la transformación digital se ha pensado sobre todo en términos de infraestructura y conectividad. Sin embargo, esta investigación sugiere que eso no basta, hace falta también pedagogía digital. No una capacitación superficial para aprender a usar plataformas, sino una formación capaz de fortalecer autonomía, pensamiento crítico y capacidad de incidencia. Y si la desigualdad digital tiene género, esa pedagogía también debe tenerlo. No porque el género sea una etiqueta que haya que agregar por corrección política, sino porque los costos de conectarse, de exponerse y de buscar ayuda no recaen igual sobre todas las personas.

La experiencia digital está mediada por el poder: por quién controla el dispositivo, por quién tiene espacio para la privacidad, por quién puede hacer una consulta sin miedo a ser vigilada, por quién puede habitar internet sin que el castigo llegue después en la casa, en la relación de pareja o en la comunidad. Por ende, la pregunta urgente no es solo cómo digitalizamos más la salud, sino cómo evitamos que esa digitalización reproduzca exclusiones ya existentes. Si ignoramos que esa exclusión se vive de manera distinta según el género, la tecnología no corregirá injusticias: simplemente las reorganizará en nuevas plataformas, nuevos dispositivos y nuevas formas de control.

La brecha digital también tiene género. Reconocerlo no es un gesto retórico, es una condición mínima para que la salud digital pueda ser realmente más justa. En ese sentido, si la salud digital quiere cumplir su promesa, no puede seguir avanzando únicamente desde la innovación tecnológica, sino desde una mirada que ponga en el centro el derecho a la salud y las condiciones reales de las personas para ejercerlo, reconociendo explícitamente que estas condiciones están atravesadas por el género.

Cerrar la brecha digital no es solo ampliar cobertura: es garantizar acceso equitativo, privacidad, seguridad y, sobre todo, autonomía para quienes hoy enfrentan mayores controles, riesgos y barreras. Esto implica invertir en formación y en capacidades que permitan a las personas, según el género, habitar los entornos digitales sin miedo, con herramientas para protegerse y participar. Porque digitalizar la salud no es un fin en sí mismo: es una oportunidad para llegar mejor, cuidar mejor y ampliar derechos. Pero si no se hace con un enfoque de género y de justicia, esa misma transformación puede terminar profundizando las desigualdades que dice querer resolver.

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