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A mediados de junio, la cuenta de casos confirmados de Covid-19 en Vaupés subió de 11 a 27. A diferencia de los primeros casos, que estaban todos en Mitú y eran en general de personas que trabajan en el aeropuerto, los nuevos fueron identificados en una zona selvática alejada de la capital de ese departamento amazónico. (Lea: ¿Cómo ha manejado la pandemia el Gobierno? Aciertos y desaciertos)
Esos 16 casos se detectaron en Monfort, Olinda y Teresita, tres asentamientos ribereños a orillas del río Papurí donde conviven indígenas sirianos, tuyucas, desanos y tukanos, en la zona de Yavaraté. Es decir, en la pequeña nariz del Vaupés que se adentra en territorio brasileño, desde donde llegó la nueva cepa de coronavirus en lanchas por el alto río Negro.
Más que un golpe de suerte, la identificación de estos casos fue el resultado del agudo y meticuloso trabajo de un grupo de médicos epidemiólogos y salubristas públicos, que empezaron a leer las señales del otro lado de la porosa frontera. En abril médicos brasileños llamaron a sus colegas colombianos a contarles que había casos positivos en São Gabriel da Cachoeira, 240 kilómetros río abajo de Yavaraté. En mayo ya había casos en la aldea de Iauaretê, justo cruzando el río Vaupés desde Colombia.
Esa realidad llevó a Hollman Miller, un epidemiólogo que lleva 25 años en Vaupés y que es el gerente departamental de la respuesta a la pandemia, a enviar un equipo a la zona a tomar muestras a la población, en vez de esperar que les llegaran reportes de enfermos. Esa búsqueda activa, nombre que le dan los médicos a ese método de vigilancia epidemiológica que ya había permitido identificar a los primeros 11 casos en Mitú, les reveló la situación de riesgo en Yavaraté, permitiéndoles ayudar a las comunidades a tomar medidas de distanciamiento social y a monitorear a quienes tienen síntomas.
Por ahora, por fortuna, ninguno de ellos ha desarrollado síntomas más graves, aunque 8 nuevos casos fueron identificados allí el 12 de julio. El problema, sin embargo, es que en caso de aparecer un paciente crítico, el hospital más cercano –con 12 camas- está en Mitú, a una distancia de 45 minutos en avioneta y un millón de pesos el pasaje. Si esa persona requiriese cuidados intensivos, tendría que volver a volar hacia Bogotá, donde se suelen atender los casos más difíciles y donde el porcentaje de ocupación de UCI ha superado el 90% desde hace una semana.
El 22 de junio, una semana después de los de Yavaraté, apareció otro caso en el sur de Vaupés – el número 29. Era un hombre mayor con una enfermedad crónica, que debió ser recogido en avioneta en su comunidad de Vista Hermosa, sobre el bajo río Apaporis. Tras ser hospitalizado en Mitú y remitido a una UCI en Bogotá, le hicieron la prueba de Covid y dio positivo.
Ese hallazgo llevó a Miller y su equipo a enviar otra comisión de búsqueda activa a la zona del Resguardo Yaigojé – Apaporis, que coincide con el parque nacional del mismo nombre, a tomar muestras. De ellos, 20 personas dieron positivo el pasado 12 de julio. Por fortuna, tampoco han tenido complicaciones pero, de tenerlas, la única solución es también una avioneta.
Estos dos casos, aparte de mostrar cómo la transmisión del Covid-19 viene avanzando en rincones de difícil acceso de la Amazonia colombiana, evidencia las enormes dificultades que tienen indígenas y también afrocolombianos –muchos de quienes viven igualmente en zonas rurales dispersas- para acceder a servicios médicos especializados. Esa brecha étnica es otra de las caras de la desigualdad que nos está develando –o, más bien, recordando- la pandemia.
Las distancias a una UCI
Colombia tenía a finales de mayo 6.364 camas de cuidados intensivos, repartidas en aproximadamente 80 ciudades.
No son el único servicio de salud fundamental en épocas de Covid. Pero han demostrado ser fundamentales para tratar a los pacientes que presentan afecciones respiratorias agudas, gracias a que sus ventiladores mecánicos actúan como bomba de presión para inhalar oxígeno y, según su gama, pueden llegar incluso a suplantar las funciones de un pulmón.
En esa carrera frenética por llegar a una UCI, en caso de requerirlo, afro e indígenas parten mucho más atrás que los demás colombianos. Lo muestra este mapa, que señala cuáles son los hospitales con cuidados intensivos más cercanos a resguardos indígenas y consejos comunitarios afro.
Dada la ausencia de mapas oficiales que muestren la facilidad (o dificultad) de acceso a este tipo de servicios, nos juntamos tres investigadores y un periodista para entender qué tan lejos están de los hospitales con este tipo de equipos.
Camilo Erazo, estudiante de maestría en economía de la Universidad de los Andes, realizó el mapa usando los datos de camas de cuidados intensivos para adultos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Salud, que permite georreferenciarlas por municipio y por hospital, con corte a mayo 31. Tomamos las coordenadas geográficas de todos los centros poblados al interior de resguardos y consejos comunitarios identificados en el Censo Nacional de 2018, trazando luego líneas directas entre esos territorios colectivos y el hospital más cercano.
Es importante precisar que no están la totalidad de los centros poblados de los resguardos y los consejos comunitarios que existen en el país, dado que el DANE no sistematiza las coordenadas de todos. Aún así, el mapa que resulta de este cruce de información pública muestra la cara étnica de la pandemia.
En la vida real, para muchas de estas comunidades la UCI más cercana en distancia física puede no serla en términos del transporte que está disponible. Sin carreteras entre el interior y buena parte de la costa pacífica, un paciente en los consejos comunitarios en Guapi o Timbiquí (Cauca), Buenaventura está más cerca que Popayán, a menos que tenga quién lo traslade en avión.
Para los 75 consejos comunitarios repartidos a lo largo de la costa de Nariño, que no cuentan con atención más allá de la más básica disponible en sus puestos de salud, la única opción para pacientes con complicaciones es Pasto. Lo es porque, aunque el Gobierno nacional entregó nueve ventiladores mecánicos de la marca china Mindray al Hospital San Andrés de Tumaco el 2 de junio pasado, un mes y medio después aún no estaban en funcionamiento, según alertó el gobernador Jhon Rojas el 10 de julio.
“Cualquiera que se enferme por Covid en zonas rurales, como ya ha sucedido, tiene que ir hasta Tumaco y luego recorrer los 300 kilómetros hasta Pasto. Si hablamos de los de Sanquianga, pueden ser 150 kilómetros más”, dice el economista tumaqueño Luis Alfredo Escobar, quien fue secretario de planeación de Nariño y gerente del Plan Pazcífico en el gobierno Santos. La comunidad de San Pedro de donde Escobar es originario, sobre el río Mira en el municipio de Francisco Pizarro, es un buen ejemplo: en ausencia de vías, su única comunicación con Tumaco son dos horas en lancha a mar abierto.
Este segundo mapa muestra los destinos más probables para pacientes de minorías étnicas que presenten complicaciones, bien sea porque requieren conexiones aéreas o por las redes de EPS. Aunque no es exacto y todo depende de qué tan copados están en el momento esos servicios en cada ciudad, la mayor parte de casos graves en la Amazonia y la Orinoquia tendrían como destino a Bogotá.
A julio no había ninguna UCI en cinco departamentos amazónicos -Amazonas, Vaupés, Vichada, Guanía y Guaviare, a pesar de que el Amazonas ha sido uno de los departamentos con mayor tasa de contagio y de letalidad de Covid-19 en Colombia. Al 27 de julio el Gobierno había entregado y 9 ventiladores a Amazonas y otros 5 a Guaviare, para aumentar su capacidad de atender pacientes.
En total, a julio 23 se habían confirmado 2.466 contagios y el departamento de Amazonas tenía una tasa de 134 muertes por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto en Bogotá, la ciudad con más casos, estas cifras son de 955 contagios y 25 muertes por cada 100.000 habitantes.
Al menos 114 indígenas de nueve pueblos indígenas habían fallecido a causa del Covid-19 hasta el 27 de julio en Colombia. En total, 2500 indígenas de 66 pueblos distintos han sido casos confirmados, según los datos que viene compilando el Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) que creó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y que publican juiciosamente cada semana.
Eso significa que, en cuatro meses, la pandemia ya ha afectado a más de la mitad de los 105 pueblos indígenas que tiene Colombia. Entre ellos hay integrantes de 10 pueblos considerados por la ONIC como en riesgo de extinción física y cultural: murieron indígenas ocaina y tariano, y se han registrado casos confirmados entre los achagua, los amorúa, los bora, los matapí, los muinane, los jiw, los karapana y los yagua. Todos son pueblos amazónicos con menos de 500 integrantes en Colombia, según el informe ‘Palabra dulce, aire de vida’ de la ONIC (aunque de algunos, como los yagua y los ocaina, hay poblaciones del lado peruano o el brasileño). Una mortalidad masiva podría condenarlos a la desaparición como pueblos.
Las brechas del Pacífico
A una realidad similar se están enfrentando las comunidades afrocolombianas. Para el Pacífico, donde hay más de 170 consejos comunitarios de comunidades negras en zonas rurales. El Proceso de Comunidades Negras (PCN) reportaba 154 afrocolombianos fallecidos al 12 de junio. En total, la organización afro contabilizaba 163 contagios en el Cauca, 556 en Chocó, 1823 en Nariño y 809 en Buenaventura, en datos que suman contagios urbanos y rurales.
Las distancias –físicas pero sobre todo en atención de servicios de salud- es igual de aguda en el Pacífico colombiano que en la Amazonia.
Chocó, donde había 2.390 casos confirmados a julio 16, contaba solamente con 27 camas de UCI en hospitales privados, a los que se sumaron 10 ventiladores coreanos MEK-ICS que envió en junio el Ministerio de Salud al Nuevo Hospital San Francisco de Asís.
Buenaventura solo contaba con 200 camas de hospital, de las cuales 10 eran de cuidados intensivos y no contaban con respiradores. En junio el Gobierno envió 30 ventiladores MEK-ICS, 17 de ellos al Hospital Santa Sofía y otros 13 al Hospital Luis Ablanque. Eso significa que, a la espera de que estos equipos entren en funcionamiento, todo el litoral contaría con 76 camas de UCI.
“En los ríos de nosotros no se ha presentado esta situación hasta ahora, por fortuna”, dice Mario Angulo, líder del PCN en Buenaventura y originario de una comunidad en el río Naya en la frontera con Cauca.
Solo se ha registrado un caso en las nueve cuencas de ríos y el área costera afuera Buenaventura, donde viven unas 60 mil personas afro. Pero ese positivo sigue siendo un misterio: fue el de una niña de la comunidad de La Sierpe, en el consejo comunitario de La Plata en Bahía Málaga, quien fue llevada al hospital de Juanchaco al presentar síntomas y luego remitida a Buenaventura. Tras salir positiva la prueba, le tomaron muestras a toda su familia pero éstas se dañaron en el camino y nunca se las repitieron. Ninguno desarrolló síntomas, por lo que aún no saben si fue Covid.
Sin embargo, sí se habían registrado 84 casos en la zona rural de Buenaventura al 26 de julio, que las comunidades creen son de integrantes de la fuerza pública y otras personas que no forman parte de los consejos comunitarios. Eso demuestra, en todo caso, que hay transmisión del Covid-19 en puntos cercanos.
De identificarse algún caso, la geografía y las pobres conexiones de transporte juegan en contra de las comunidades. “Alguien que se enferme de gravedad en el Naya o Yurumanguí está a tres horas en lancha rápida de Buenaventura y un viaje así puede costar 3 millones de pesos. En las que viaja la comunidad en época pre-Covid, son seis o siete horas. Eso si está en la zona baja del río, porque si está en la parte alta, se duplica el tiempo”, dice Angulo. Esa situación es similar en varias de las cuencas de los distintos ríos, como Cajambre, Mayorquín, Raposo o Anchicayá.
Al igual que en la Amazonia, las comunidades afro del Pacífico llevan décadas pidiendo al gobierno mayor acceso a servicios de salud y mayores facilidades de transporte.
Algunas de sus propuestas, hechas durante los últimos dos años, lucen casi premonitorias hoy. “Fortalecer la prestación del servicio de transporte de pacientes a partir de la dotación o reposición de ambulancias fluviales y terrestres para garantizar la atención de las comunidades indígenas y consejos comunitarios del área rural”, fue una de las propuestas que hizo un consejo comunitario de Buenaventura al Gobierno nacional durante el proceso de construcción participativa del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Pacífico medio, en el que está Buenaventura.
Esa propuesta se repitió en muchas de las 16 subregiones priorizadas por el Acuerdo de paz -cinco de las cuales están en el Pacífico- para acelerar la provisión de bienes públicos rurales y el acceso a servicios públicos. Todas las zonas PDET fueron escogidas porque reúnen los mismos criterios: un alto número de víctimas del conflicto armado, una baja presencia de instituciones estatales, altos niveles de pobreza y la existencia de economías ilícitas.
¿Sin política diferencial?
Si el Covid-19 es una amenaza a la salud pública en cualquier contexto, es aún más grave en departamentos como los de la Amazonia y el Pacífico, que tienen rezagos históricos en el sistema de salud y en las condiciones de vida de sus habitantes.
“La pandemia revela la respuesta del sistema de salud a la diversidad. Está mostrando, que pese a las normas progresistas de protección constitucional en Colombia y a los avances en el discurso de la importancia de proteger a estas poblaciones, son pocas las acciones en la vida real para garantizar ese acceso a la salud. Muestra que nuestra principal respuesta como país ha sido legal, no de capacidades”, dice Pablo Martínez, médico salubrista y cofundador de la ONG Sinergias que lleva dos décadas trabajando con comunidades indígenas en Vaupés.
Los rezagos en infraestructura, capacidad instalada y profesionales del sistema de salud en Amazonas, por poner un ejemplo, son alarmantes. Desde la construcción del Hospital San Rafael de Leticia hace 60 años, no se han adelantado nuevos proyectos de infraestructura hospitalaria en el departamento.
La tasa de cobertura de aseguramiento en salud en el departamento del Amazonas, de 90,57%, se encuentra muy cerca al promedio nacional del 95,8%, pero estas cifras representan ante todo a Leticia y a Puerto Nariño. Las 9 áreas no municipalizadas del departamento no alcanzan una cobertura en salud mayor al 2% de su población, lo que hace que el acceso a servicios de salud es virtualmente inexistente para las comunidades rurales de Amazonas.
El gobierno ha adelantado misiones de ayuda humanitaria para dotar al departamento de alimentos y kits de aseo, pero el problema de fondo es la escasez de capacidad instalada del sistema de salud y la ausencia de medidas específicas para la población rural en este y otros departamentos con problemas similares. La formación de capital físico y humano toma tiempo, y en este contexto se han priorizado soluciones de corto plazo que resultan insuficientes tanto para la prevención de contagio del virus, como para la atención de pacientes críticos.
La densidad de personal de la salud se encuentra muy por debajo del mínimo que estipuló la Organización Mundial de la Salud para prestar servicios esenciales de salud: 23 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes. En particular, si se comparan la densidad de personal de la salud con los contagios por cada 100.000 habitantes al 22 de mayo, se evidencia que los contagios eran ya de diez veces mayores que la densidad de personal médico y de enfermería: 1800 contagios, respecto a 131,4 y 149,5 enfermeros y médicas por cada 100.000 habitantes.
Por último, las condiciones socioeconómicas del Amazonas son precarias en múltiples dimensiones y se acentúan aún más en la ruralidad del departamento. Según datos del DANE, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del DANE para el departamento es del 34.92%, mientras que el promedio nacional se encuentra en 14,3%. No obstante, áreas rurales como La Pedrera, La Victoria y Mirití-Paraná registran una proporción mucho más alta (70%) de personas que no cuentan con necesidades básicas satisfechas. Esto quiere decir que la mayoría de viviendas no cuenta con servicios públicos adecuados, incluyendo agua para lavarse las manos, viven en condiciones de hacinamiento y tienen una alta dependencia económica. Por otro lado, los cálculos el DANE con base en el censo del 2018, muestran que más del 85% de trabajadores cuenta con empleos informales en el departamento.
La expansión del virus en estas comunidades implicaría una tragedia que, además de las pérdidas humanas, afectaría el conocimiento tradicional liderado por los mayores, como argumentaba Carlos Rodríguez, biólogo y conocedor de la Amazonia, en las páginas de El Espectador. Con la muerte de un taita, una mayor o una lengua se extinguen un universo y un legado ancestral, pero también referentes sociales que son fundamentales para la gobernanza de la región. La afectación de estos pueblos podría conlleva otros efectos negativos, como mayores procesos de deforestación.
A eso se suma la falta de enfoque diferencial en la pedagogía. De hecho, cuando a la ministra de Interior Alicia Arango le preguntaron en julio durante un debate de control político en la Cámara de Representantes por las medidas para atender la pandemia en municipios PDET y en la Amazonia, dijo que habían enviado un oficio explicando las medidas de distanciamiento social, higiene personal y uso del tapabocas. “Y salir a pasear la mascota si la tienen y ahora entró el deporte también, así que tendrán de las 5 a las 8 de la mañana para hacer deporte”, añadió.
Las propias organizaciones étnicas y algunas ONG que trabajan con ellos vienen realizando esfuerzos de pedagogía orientados a las necesidades locales. La Onic nacional y la Opiac amazónica han liderado campañas de aislamiento social comunitario, que han bautizado ‘Quédate en el territorio’. Varias asociaciones indígenas del Trapecio se unieron a la Universidad Nacional en Leticia y a varias ong para hacer el programa de radio “El canto del tucán”, con consejos sobre cómo prevenir y atender casos de Covid. Otra ong, Gaia Amazonas, creó una caja de herramientas y un kit de aislamiento por familia con el mismo fin, que entregó a 45 comunidades de Amazonas y Vaupés, y Sinergias, donde trabaja Pablo Martínez, hizo cartillas especializadas para pueblos amazónicos. Y la Universidad de los Andes, desde su Semillero Pacífico, diseñó recomendaciones para los consejos comunitarios del Pacífico.
Salir para no saber cómo volver
Muchas comunidades étnicas tienen enormes dificultades para llegar a un hospital. Pero también para regresar a casa.
En este momento la comunidad de La Chorrera, el poblado a orillas del río Igará-Paraná que se hizo tristemente célebre por los abusos y vejaciones cometidos por los caucheros peruanos de la Casa Arana y tolerados por las autoridades colombianas a comienzos del siglo XX, está esperando el retorno de al menos 50 personas que fueron remitidas a Leticia para ser atendidas, ya que allí solo hay un puesto de salud.
A 20 de días de distancia por río o a un avión de carga que viaja solo cada dos semanas, están atascados en albergues temporales esperando poder volver. En ausencia de soluciones, abrieron una campaña de recaudación de fondos en Vaki, que al fin de semana pasado había recolectado 22 millones de pesos.
Este reportaje resultó del trabajo conjunto de Julián David Gómez (investigador del CEDE y del semillero del Pacífico de la Universidad de los Andes), María Alejandra Vélez (profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes) y Andrés Bermúdez Liévano (periodista del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística – CLIP).
Los mapas fueron elaborados por Camilo Erasso a partir de datos de la Agencia Nacional de Tierras (consejos comunitarios y resguardos), Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO y REPS (IPS y camas UCI), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (centros poblados del Censo 2018) e Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ríos principales).
Centinela Covid-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta al Covid-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), Confidencial (Nicaragua) y Sudestada (Uruguay), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.