La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) presentó su estudio de cartera hospitalaria, con corte a diciembre de 2024. Según el informe, la deuda con las 225 instituciones que conforman el gremio y reportaron información asciende a unos $20,3 billones. Esto representa un aumento del 6,9% (alrededor de $1,3 billones) en comparación con el estudio anterior, de mediados de 2024.
El estudio revela que la deuda vencida (es decir, la cartera en mora) no solo aumentó en valor absoluto, sino que también representa una mayor proporción del total de la deuda hospitalaria. En junio de 2024, dice la ACHC, el 55,0% de la deuda estaba en mora, y para diciembre de 2024 este porcentaje subió un par de decimas, a 55,3%. Esto significa que, además del crecimiento general de la deuda, una mayor parte de ella corresponde a pagos atrasados. En términos monetarios, el incremento entre ambos periodos fue de más de 770 mil millones de pesos.
Las EPS el régimen contributivo concentran el 49% de la deuda total con los hospitales, lo que equivale a más de $9,9 billones. De este monto, $8,7 billones corresponden a 13 EPS que siguen en operación, mientras que $1,2 billones pertenecen a 16 EPS que ya fueron liquidadas. Las mayores deudoras son Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Compensar y Sura, que en conjunto deben alrededor de $6,1 billones, es decir, el 70% del total de la deuda de las EPS activas. Además, la cartera en mora de estas entidades supera los $3,3 billones. Sin embargo, algunas EPS como Salud Bolívar, Mutual Ser, Aliansalud, Salud Mia, Sura y Compensar presentan una mejor capacidad de pago, con niveles de mora inferiores al 28%.
El panorama alrededor del régimen subsidiado, que atiende a la población más vulnerable, no es mejor. Acumula el 26,5% de la deuda total, con un monto aproximado de $5,4 billones. De esta cifra, $4,2 billones corresponden a 17 EPS activas, mientras que 1,2 billones pertenecen a EPS que han sido liquidadas o fusionadas. En este grupo, las principales deudoras son Nueva EPS, Savia Salud y Emssanar, con una cartera total de más de $2,3 billones, lo que representa el 55% de la deuda de las EPS operativas en este régimen. La mora de estas tres entidades asciende a más de 1,3 billones de pesos. No obstante, EPS como Capital Salud y Mutual Ser han logrado mantener una concentración de mora inferior al 28%.
“Los resultados de este estudio preocupan por el comportamiento negativo de la Nueva EPS, una entidad con más de 11 millones de afiliados y que tiene una deuda con el sector prestador de $5 billones. Esto requiere de una atención especial del Gobierno; creemos que es necesario que la intervención a esa entidad se acompañe de una capitalización urgente para que la entidad equilibre su funcionamiento”, explicó Giraldo. Con capitalización, hace referencia a una inyección de nuevos recursos que tendrían que definir y aprobar los dueños de la EPS. En el caso de Nueva, se trata del Gobierno Nacional y de las cajas de compensación familiar.
Para la ACHC, sin embargo, “es vital que las entidades promotoras de salud que están bajo alguna medida de intervención o vigilancia den ejemplo, no solo en el cumplimiento del flujo de recursos sino también en la contratación adecuada, el incremento tarifario y el cumplimiento de la facturación electrónica”.
Más allá de las EPS, el estudio también identifica otras entidades con deudas relevantes. El Estado, incluyendo a los entes territoriales, la ADRES y el antiguo FOSYGA, concentra el 8,7% del total adeudado, con un monto aproximado de $1,8 billones. Las aseguradoras, que incluyen el ramo SOAT, los planes complementarios y las Aseguradoras de Riesgos Laborales, acumulan el 5,2% de la deuda total.
El director de la ACHC Juan Carlos Giraldo Valencia, reaccionó pidiendo de manera “urgente” lo que denominó un Plan Extraordinario de Liquidez que ya ha remitido al Gobierno a través de seis comunicaciones dirigidas al Ministerio de Salud. “Si bien se ha avanzado en la implementación del Giro Directo, este mecanismo necesita perfeccionarse: aumentar el porcentaje mínimo del giro al menos al 90%; cambiar la prelación en los pagos para evitar el direccionamiento de los recursos se hacia las entidades de integración vertical y regular el porcentaje de administración de las EPS, tarea pendiente de la Ley 1438” sostuvo Giraldo Valencia.
La ACHC insiste en medidas como el fondeo a la línea de crédito de Findeter, que permitiría otorgar préstamos a las EPS para que estas paguen cartera vencida. También plantea la liberación de un nuevo tramo de reservas técnicas para mejorar la liquidez y saldar deudas con mayor morosidad. Desde el gremio reconocen que existe un “alto riesgo de nuevas liquidaciones de EPS”, y en ese contexto, creen que “es necesario que antes de dar ese paso, el Gobierno proteja a toda la institucionalidad prestadora de servicios de salud, que como se demuestra en este reciente estudio de cartera, es la principal damnificada en estos procesos”, dijo Giraldo, que propone la creación de un Fondo de Garantía que permita, explicó, que “esas acreencias no corran la misma suerte del pasado”.
En una comunicación reciente al Gobierno, la ACHC también sugirió que, debido a lo que llamó falta de información suficiente, el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 se base en el incremento del salario mínimo. Esto ayudaría, cree el gremio de hospitales y clínicas, a reducir el desfase entre los ingresos del sector hospitalario y los crecientes gastos operativos, especialmente los asociados a la nómina del personal de salud. Hay que recordar que el salario mínimo para este año aumentó 9.53%. En contraste, la UPC creció 5,36 %, en una cifra que diversos actores en el sector creen fue insuficiente.
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