El Hospital San Vicente de Paúl, del municipio de Caldas (Antioquia), alertó ante la Superintendencia Nacional de Salud sobre un supuesto constreñimiento en los procesos de contratación de anestesiólogos por parte de la institución.
La denuncia del hospital señala una presunta limitación de la libre participación de especialistas por parte del Sindicato Antioqueño de Anestesiología (Anestesiar). La agremiación, por su parte, emitió un comunicado asegurando que el hospital le adeuda más de COP 1.100 millones, por lo que pidió a sus afiliados abstenerse de prestar servicios al hospital.
A través de las redes sociales del hospital, Juan Carlos Sánchez Fernández, gerente de la institución, dijo que miembros del sindicato estarían “coaccionando a otros anestesiólogos para que no participen en los procesos de contratación” de la entidad. Además, aseguró que se trataría de una consecuencia tras la decisión del hospital de no renovar el contrato que tenían con Anestesiar.
“Estamos hablando de presiones que podrían paralizar los servicios de cirugía de un hospital público y poner en riesgo la salud y la vida de miles de ciudadanos, especialmente la población pobre y más vulnerable del departamento de Antioquia”, aseguró Sánchez.
Días antes de la denuncia, el sindicato publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que el hospital le debe COP 1.100 millones por la prestación de servicios de anestesiología. Además, que el hospital había tomado la decisión de no renovar el contrato con el sindicato.
Daniel Quintero, superintendente de Salud, se pronunció sobre la situación a través de sus redes sociales. “Si se confirma que alguna persona u organización estaría ejerciendo presiones para impedir que el talento humano en salud preste sus servicios en esta y otras instituciones del país, la Superintendencia Nacional de Salud adelantará las actuaciones administrativas correspondientes y aplicará las sanciones a que haya lugar, en el marco de sus competencias”, dijo.
La entidad de vigilancia y control aseguró que ya se encuentra adelantando las revisiones en este caso.
El gerente del hospital también dijo que “los médicos no pueden ser intimidados por ejercer libremente su profesión, los hospitales no pueden ser sometidos mediante amenazas de suspensión del servicio y los pacientes no pueden convertirse en instrumentos de presión económica”. Además, pidió a las entidades del sector salud revisar la denuncia y tomar medidas al respecto.
En su comunicado, Anestesiar dijo que la terminación del contrato por parte del hospital “constituye un agravio no solo para nuestro sindicato, sino también para la calidad de la atención anestésica en la región”. Además, la agremiación pidió a los anestesiólogos del país y a las organizaciones del sector “que se abstengan de ofrecer servicios, ya sea de manera directa o a través de terceros, a la ESE Hospital San Vicente de Paúl, hasta que se resuelva esta situación”.
Por su parte, el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas reiteró que sus procesos de contratación se desarrollan bajo criterios de “transparencia, legalidad y selección objetiva, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios y salvaguardar el derecho fundamental a la salud”.
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