Hace unos días, el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, publicó para comentarios un proyecto de resolución que pasó desapercibido en la opinión pública, pero que puede implicar un cambio notable en el sistema de salud. A pocos días de que se acabe el Gobierno Petro, el documento busca modificar las condiciones que deben cumplir los hospitales, clínicas y demás prestadores para poder ser habilitados.
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Dicho de otro modo, esa habilitación se refiere al conjunto de requisitos que debe cumplir todo ese conjunto de prestadores de servicios de salud para poder ofrecerlos en Colombia. Son las reglas que determinan aspectos como el talento humano, la infraestructura, los equipos, los procesos de atención y las condiciones de seguridad que una institución debe demostrar antes de abrir un servicio y mantener mientras siga funcionando. Sin esa habilitación, una IPS no puede prestar sus servicios.
El borrador de resolución lo plantea de una manera más técnica en su objetivo: “por la cual se establece el procedimiento para la inscripción de los prestadores de servicios de salud y las condiciones para la habilitación de los servicios de salud y se dictan otras disposiciones”.
Pero, según la Asociación Unión de IPS de Colombia (Unips), lo propuesto por el Ministerio de Salud no se limita a ajustar uno que otro criterio específico. El documento, de 17 páginas, podría constituir, en caso de salir adelante, una de las reformas más importantes en los últimos años.
¿Qué busca esta nueva transformación?
En el papel, la reforma persigue varios objetivos. El primero es unificar en una sola resolución las múltiples modificaciones que ha tenido la norma vigente desde 2019.
El segundo es flexibilizar requisitos para prestadores ubicados en municipios con condiciones especiales, donde las limitaciones de infraestructura, personal o acceso hacen difícil cumplir los mismos estándares que se exigen en las grandes ciudades, y que ahora tendrán un poco más de tiempo para cumplir esas condiciones. Y el tercero busca fortalecer el sistema de habilitación para que las instituciones no solo cumplan unos requisitos al momento de abrir, sino que tengan que demostrar que son capaces de mantener esas condiciones a lo largo del tiempo.
Es justamente este último punto el que ha despertado más inquietudes en el sector. Un análisis elaborado por Unips concluye que la propuesta transforma la habilitación en un proceso de “vigilancia permanente”. Si hoy muchas instituciones concentran sus esfuerzos en prepararse para una visita de verificación o para renovar un trámite, con la nueva regulación tendrían que demostrar de forma continua que siguen cumpliendo las condiciones exigidas, mediante auditorías internas, controles periódicos y evidencia documental que respalde cada proceso.
Eso implica cambios concretos en el funcionamiento de hospitales y clínicas. Por ejemplo, el proyecto crea un Plan Institucional de Formación Continua, un documento que cada IPS deberá elaborar, ejecutar, evaluar y actualizar todos los años con base en un análisis de las necesidades de capacitación de su personal. Además, la institución tendrá que conservar pruebas de que esos entrenamientos se realizaron y de que fueron evaluados, pues podrán ser revisados durante las visitas de habilitación.
La reforma también endurece las obligaciones relacionadas con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), la base de datos oficial donde se registran todos los servicios habilitados en el país. Las IPS deberán reportar cualquier novedad, mantener actualizada la información y presentar las autoevaluaciones dentro de los plazos establecidos. De no hacerlo, el proyecto contempla la posibilidad de inactivar uno o varios servicios e, incluso, al prestador, hasta que demuestre que cumple las condiciones exigidas.
Otro cambio que ha llamado la atención del sector es el relacionado con los servicios tercerizados. Muchas instituciones contratan procedimientos como imágenes diagnósticas, laboratorio clínico o algunas especialidades con otras IPS. La propuesta del Minsalud reafirma que, aunque esos servicios sean prestados por un tercero, la responsabilidad por garantizar que cumplan las condiciones de habilitación seguirá siendo del prestador que los ofrece a los pacientes. En la práctica, esto obligaría a revisar contratos, reforzar los mecanismos de supervisión y documentar con mayor detalle esos acuerdos.
Para UNIPS Colombia, el resultado es una regulación técnicamente más robusta, pero también mucho más exigente desde el punto de vista administrativo. El gremio advierte que las IPS deberán invertir más recursos en gestión documental, auditorías internas, capacitación del talento humano y seguimiento permanente al cumplimiento de las condiciones de habilitación. De lo contrario, aumentaría el riesgo de recibir hallazgos durante las visitas de verificación o incluso de perder la habilitación.
Los reparos de la medicina paliativa
Hay un cambio que ha preocupado en particular a los médicos e investigadores de cuidado paliativo, que es un tipo de atención que busca mejorar la calidad de vida de pacientes que están al final de su vida, que tienen enfermedades graves o degenerativas avanzadas. El borrador de resolución del Minsalud no incluye criterios específicos para esos servicios, una decisión que, advierten, podría terminar debilitando los estándares con los que hoy se evalúa la calidad de esa atención.
Para Miguel Sánchez, profesor de la Universidad El Bosque y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, el manual de habilitación es el documento que traduce las leyes en requisitos concretos. “Nos dice cómo debe funcionar un servicio de cuidado paliativo”, explica. Por eso considera preocupante que esos criterios hayan ido desapareciendo con el paso de los años.
Mientras la versión de 2014 establecía que estos servicios debían contar con un médico especialista, un profesional de enfermería y una guía de práctica clínica, en 2019 esos requisitos se redujeron y, en el nuevo borrador, “desaparecieron los cuidados paliativos”.
A juicio del especialista, el problema no es únicamente que el tema deje de aparecer en el manual, sino que desaparezcan también los parámetros para verificar qué constituye un servicio de calidad. “La falta de regulación es perjudicial porque el paciente necesita buenos cuidados paliativos, no solo cuidados paliativos”, afirma. Añade que, sin esos criterios, “ya no sabemos si el que le ofreció cuidados paliativos era un buen, regular o mal servicio”.
En otras palabras, advierte Sánchez, el país perdería la posibilidad de exigir unos estándares mínimos para una atención que requiere conocimientos especializados.
Martha Jimena León, médica anestesióloga, especialista en Dolor y Cuidados Paliativos e investigadora de la U. de La Sabana, comparte esa preocupación. Ella hace énfasis en las consecuencias que tendría la resolución para el talento humano, en caso de aprobarse.
Según explica, si durante las visitas de habilitación ya no se verifica que estos servicios cuenten con profesionales formados específicamente en la disciplina, cualquier institución podría ofrecer esa atención sin garantizar que disponga del personal adecuado. “Llega una persona con necesidades paliativas y la puede atender cualquiera, porque no se está pensando que esto sea importante para el país”, dice.
Para la especialista, la discusión resulta aún más relevante en un momento como el actual, en el que Colombia está envejeciendo y están aumentando las enfermedades crónicas. “La población cambió y va a seguir cambiando”, afirma.
En ese contexto, considera que el sistema debería fortalecer, y no eliminar, los requisitos para estos servicios. Advierte, además, que la falta de equipos especializados no solo afectará la calidad de vida de los pacientes, sino que también terminará aumentando la presión sobre el sistema de salud.
“Le va a costar montones al sistema de salud”, señala León. Sin un abordaje paliativo oportuno, explica, más pacientes terminarán consultando repetidamente en urgencias, ingresando a unidades de cuidado intensivo o sometiéndose a procedimientos que podrían evitarse con una atención especializada desde etapas más tempranas de la enfermedad.
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