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El Consejo de Derechos Humanos (CDH), el principal órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas encargado de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo, adoptó en las últimas horas una resolución que calificó de “histórica”.
Es la primera vez que este organismo reconoce de manera explícita que las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) no son solo un problema de salud, sino también una cuestión de derechos humanos. En términos sencillos, el Consejo concluyó que enfermedades como el dengue, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la lepra, la filariasis linfática o el micetoma reflejan profundas desigualdades sociales. Varias de ellas están presentes en Colombia, especialmente en regiones con altos niveles de pobreza, dificultades para acceder a los servicios de salud y condiciones precarias de agua potable y saneamiento.
Estas patologías reciben el nombre de “desatendidas” porque, pese a afectar a más de mil millones de personas en el mundo, históricamente han recibido menos inversión en investigación, desarrollo de medicamentos, diagnósticos y programas de control que otras enfermedades. Además, suelen concentrarse en poblaciones rurales, indígenas y comunidades de bajos ingresos, lo que las mantiene fuera de las prioridades.
“Acogemos con beneplácito esta resolución, que subraya que las enfermedades tropicales desatendidas no pueden considerarse únicamente un problema médico”, declaró Daniel Ngamije Madandi, director del Departamento de Malaria y Enfermedades Tropicales Desatendidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estamos dispuestos a colaborar con todos los gobiernos pertinentes, el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para identificar medidas concretas y apoyar su implementación”.
La resolución fue aprobada por consenso, es decir, sin que ninguno de los países miembros del Consejo se opusiera. La iniciativa fue impulsada por seis países africanos (Malawi, Burkina Faso, Gambia, Kenia, Marruecos y Tanzania), donde las enfermedades tropicales desatendidas representan una importante carga para la salud pública. El documento parte de una idea central: estas enfermedades no aparecen solo por la presencia de un parásito, una bacteria o un virus, sino que están relacionadas con las condiciones en las que viven las personas. Por eso identifica como factores clave la falta de acceso a agua potable, saneamiento, vivienda, educación e información, además del impacto del cambio climático, los desastres naturales y los conflictos que obligan a millones de personas a desplazarse.
“Un enfoque basado en los derechos humanos puede fortalecer las respuestas a las enfermedades tropicales desatendidas al garantizar que las políticas y los programas se rijan por la igualdad, la no discriminación, la participación y la rendición de cuentas. Esto contribuye a que los esfuerzos de salud pública lleguen a las personas más afectadas por la pobreza, el estigma, la discriminación y la exclusión”, declaró Peggy Hicks, directora de Procedimientos Temáticos y Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“Esta resolución ofrece una importante oportunidad para acercar la experiencia en salud pública y el análisis de los derechos humanos. El liderazgo técnico de la OMS y el enfoque del sistema de derechos humanos en la dignidad, la igualdad y la rendición de cuentas son complementarios y, juntos, pueden contribuir a respaldar respuestas más inclusivas, equitativas y eficaces a las enfermedades tropicales desatendidas”, agregó Hicks.
La resolución reconoce que el impacto de estas enfermedades no es igual para todos. Señala que algunas afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, así como a las comunidades más aisladas, marginadas o en constante movilidad. Por ello, pide recopilar y analizar datos más detallados que permitan identificar qué grupos soportan la mayor carga y diseñar respuestas más efectivas. Además, hace un llamado a los Estados para reforzar sus esfuerzos contra estas enfermedades mediante un apoyo técnico y financiero suficiente y sostenido. Y plantea la necesidad de proteger los servicios de salud que las atienden frente a futuras emergencias y de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, que tenga en cuenta barreras como la discriminación o la exclusión.
Como siguiente paso, la resolución encarga a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaborar, en consulta con la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, un informe sobre las implicaciones de estas enfermedades para los derechos humanos. El documento será presentado en 2027 y deberá proponer medidas concretas para que los países incorporen este enfoque en sus políticas de prevención, atención y control. La decisión también amplía una línea de trabajo que el Consejo venía desarrollando desde hace años sobre la discriminación que enfrentan las personas con lepra. Ahora, ese enfoque se extiende al conjunto de las enfermedades tropicales desatendidas y reconoce que combatir el estigma y la exclusión es tan importante como prevenir y tratar las enfermedades.
La aprobación fue celebrada por organizaciones internacionales dedicadas a la lucha contra estas patologías, entre ellas Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases y la Fundación Anesvad, que consideran que la resolución representa un paso importante para situar estas enfermedades en la agenda mundial de los derechos humanos.
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