“Hemos retrocedido cuarenta años, a los días en que las personas con VIH tenían que moverse en los márgenes de la legalidad para conseguir sus medicamentos”.
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Aharón Andrés Cardona, de la Fundación ANCLA, una organización de base comunitaria en Medellín, no se refiere a robos ni a contrabando. Habla de una especie de “mercado” informal entre pacientes que intercambian los medicamentos que les sobran o les faltan, según el día, la necesidad y los vínculos que se construyen entre ellos. “Tenemos usuarios que, por un compromiso humano con la persona que tienen al lado, se organizan así: ‘Yo me lo tomo el lunes, vos el martes; yo otra vez el miércoles y vos el jueves’”.
No hay ilegalidad, en realidad. Pero sí algo que no debería estar pasando, reconoce Cardona: pacientes repartiéndose las pastillas para que ninguno se quede sin tratamiento, aunque eso signifique que ninguno pueda completar su esquema como debería.
En Colombia, según la Cuenta de Alto Costo (al 31 de octubre de 2025), hay 211.431 personas diagnosticadas con VIH. En ninguna región del país se alcanzó la meta del 95% de cobertura en terapia antirretroviral (TAR) y, de hecho, las cifras vienen cayendo desde 2023: del 83,07% al 81,07%. La TAR es el tratamiento que permite controlar el virus: una combinación de medicamentos que debe tomarse todos los días y de forma continua para suprimir la carga viral, proteger el sistema inmunológico y evitar la progresión de la infección. Cuando se sigue, no solo mejora la calidad y la expectativa de vida de las personas con VIH, sino que también reduce prácticamente a cero el riesgo de transmisión.
“Intentamos gestionar esos medicamentos, conectar a personas que tienen con quienes no, pero hay un límite. Y, en realidad, ni siquiera nos corresponde”, dice Miguel Barriga, de la Red Somos. La regulación no les permite dispensar ni mantener bancos de medicamentos. Al final, agrega Barriga, el paciente está atrapado en una cadena de responsabilidades cruzadas. “Está en medio de una situación administrativa y financiera entre el prestador y la EPS. El gobierno dice: ‘Yo ya le pagué a la EPS’, pero la EPS no le paga a la IPS. Y al paciente esa justificación no le sirve: lo único que importa es que el medicamento llegue”.
Pero no está llegando y las tutelas no funcionan como antes. “Hay tutelas, desacatos, días de cárcel y nada funciona”, cuenta Cardona. “Duele decirlo, pero a veces cuesta contestarle por enésima vez al mismo paciente, a la misma familia, sin nada nuevo que decir”.
“Se había ganado mucho en los años previos con el ingreso de los medicamentos, la oportunidad de los tratamientos, y podía uno decir que esta era una de las enfermedades crónicas transmisibles que mejor sistema de salud y mejores desempeños venían logrando año por año”, señala Carlos Eduardo Perez, uno de los infectólogos que más ha trabajado con VIH en Colombia. No solo se trata del medicamento, dice Pérez, sino “de la relación con un grupo interdisciplinario que no ve la enfermedad, sino al enfermo. Esa visión 360 que se había logrado se ha fracturado en los últimos dos años por la movilidad de los pacientes”.
Los programas que durante años acompañaron a las personas con VIH —con controles periódicos, educación, adherencia al tratamiento y seguimiento continuo— empiezan a romperse cuando los pacientes cambian de asegurador o de prestador. Cada traslado, cuenta Pérez, implica muchas veces volver a empezar: nuevas citas, nuevas autorizaciones, nuevos tiempos de espera. Pero, además, nuevos procesos de confianza entre los médicos y los pacientes. “Aquí no es si un programa es mejor que otro o si una IPS es mejor que otra. Lo que hay que asegurar es un modelo que dé continuidad y que el relacionamiento de los pacientes se mantenga en lo que sea posible”, detalla Pérez.
Al médico tampoco le convence del todo que el VIH sea catalogado como una enfermedad de alto costo. “No lo es”, dice. “Primero, porque las terapias antirretrovirales hoy son mucho más económicas y accesibles que muchos otros tratamientos para enfermedades crónicas”. Pérez menciona un ejemplo para ponerlo en perspectiva: “Si usted compara con medicamentos que hoy se usan para la diabetes o para la obesidad, como Ozempic, los antirretrovirales resultan bastante más baratos. Por supuesto, entre más acceso haya mejor, pero lo cierto es que, desde la licencia a Dolutegravir, no se ha notado un gran cambio”.
En abril de 2024, el gobierno de Gustavo Petro concedió una licencia obligatoria al dolutegravir (DTG), un antirretroviral usado mundialmente en los esquemas de primera línea para el tratamiento del VIH. La medida, ampliamente celebrada en su momento, autorizó que diferentes laboratorios puedan producir e importar versiones genéricas del medicamento sin la autorización del titular de la patente, con el objetivo de reducir su precio y ampliar el acceso. Un año después, en febrero de 2025, fue el propio Gobierno el que anunció la compra centralizada a la OPS de un total de 809.158 frascos de 30 tabletas, con la idea de negociar mejores precios y garantizar el suministro a través de la distribución.
Hasta hoy, se han entregado 137.234 esquemas a las EPS y entidades adaptadas para su dispensación a los pacientes beneficiarios y 600.000 esquemas permanecen disponibles. Los medicamentos tienen fecha de vencimiento hasta el 30 de noviembre de 2027.
Pero, “¿para qué una patente sin acceso?”, se pregunta Cardona, de la Fundación ANCLA. “Estamos peor que cuando el medicamento no tenía la licencia. ¿Para qué se compromete el Gobierno con nosotros a que va a quitar la patente para que haya acceso si las personas hoy no han podido acceder a la molécula? No han podido. Eso suena a tragicomedia, porque sabemos qué medicamentos hay. No es que haya escasez o no esté la tecnología. El medicamento está, pero los pacientes no pueden tenerlo y no entendemos por qué”.
Un rollo grande
A inicios de marzo, el Ministerio de Salud publicó una circular que ha pasado casi desapercibida en el sector. Detrás de ella, sin embargo, hay una fuerte discusión entre médicos, IPS y EPS que está en el centro del debate sobre por qué la licencia obligatoria de Dolutegravir no ha tenido, hasta ahora, los efectos que pacientes y Gobierno esperaban.
La circular 05 de 2026 busca, según el Ministerio de Salud, “realizar precisiones para fortalecer la distribución, el suministro, el seguimiento y la continuidad del tratamiento” con el esquema antirretroviral Dolutegravir + Lamivudina + Tenofovir (DLT) adquirido por el Gobierno. Hay que recordar brevemente que la terapia antirretroviral (TAR) que necesitan las personas con VIH generalmente se basa en la combinación de varios medicamentos, no en uno solo. La razón es que cada fármaco actúa en una fase distinta del ciclo de vida del virus. Aunque hay varias combinaciones, la que compró el Gobierno se ha consolidado como el tratamiento de primera línea, no solo en Colombia sino en gran parte del mundo.
Lo primero que hace la nueva circular es aclarar qué pacientes deben recibir este esquema. El Ministerio establece tres grupos. El primero es la población migrante venezolana en condición regular, es decir, personas de nacionalidad venezolana que están afiliadas al sistema de salud colombiano. El segundo grupo son las personas recién diagnosticadas con VIH, que van a iniciar su tratamiento antirretroviral por primera vez.
Y en el tercer grupo se incluye a pacientes con falla virológica o en riesgo de perder la supresión viral. Con “falla virológica” se refieren a los casos en los que el tratamiento no logra controlar adecuadamente el virus y la carga viral vuelve a ser detectable en la sangre. Pero la circular también incluye a personas que, aunque todavía no han perdido ese control, se encuentran en situaciones que pueden poner en riesgo su tratamiento.
Pero, ¿por qué es necesaria esa “aclaración”? En la circular, el Minsalud señala que en los últimos meses algunos actores del sistema hicieron “lecturas restrictivas” de las normas anteriores. Consultado por El Espectador, la cartera detalla que “ha identificado situaciones particulares que han afectado la oportunidad en la solicitud del medicamento por parte de algunas EPS, las cuales han sido remitidas a la Superintendencia Nacional de Salud”.
Por ejemplo, el Ministerio explica que algunas aseguradoras “requirieron un tiempo mayor al previsto para culminar el proceso de contratación del operador logístico”. La cartera también recuerda algo que parece obvio: que las EPS piden las dosis del esquema según el nivel de prescripción de los médicos. En ese sentido, insiste en que el esquema basado en dolutegravir “cuenta con una sólida evidencia científica” como primera opción para tratar el VIH, por lo que considera necesario reforzar el seguimiento para que las decisiones terapéuticas “se alineen con la evidencia científica y con las disposiciones regulatorias”.
Para Jhon Fredy Ramirez Correa, director de la unidad médica de la Red Somos, el problema es uno: “Las EPS están en ‘plan tortuga’: no solicitan el medicamento. El Ministerio está en toda la disposición de entregárselos a las EPS, pero no se lo solicitan. Detrás de eso, creemos que la razón es que, como se trata de un esquema que ya está comprado por el Gobierno, las EPS no lo pueden facturar y cobrar al sistema”.
La tesis de Ramírez y de Red Somos se entiende así: en el funcionamiento habitual del sistema, cuando una EPS autoriza un tratamiento, el medicamento se adquiere a través del gestor farmacéutico, que a su vez lo compró previamente a la industria. Luego ese medicamento se dispensa al paciente y la EPS lo cobra al sistema como parte de la “bolsa” de la UPC o, en algunos casos, de los presupuestos máximos. En ese proceso, el medicamento termina teniendo un precio que no solo depende del valor al que lo vende la industria, sino también de otros costos asociados a toda la cadena de suministro.
Cuando el Ministerio de Salud decidió otorgar la licencia obligatoria en 2024 y comprarlo directamente a través de la OPS a principios de 2025, lo que buscaba precisamente era eliminar buena parte de esos costos y abaratar el tratamiento. De hecho, Minsalud estimaba que el costo de un frasco de 30 pastillas pasaría de COP 410.000 a COP 14.000.
Desde marzo de 2025 se pidió a las EPS informar cuántos pacientes necesitarían el esquema con dolutegravir, lamivudina y tenofovir, con base en las proyecciones de tratamiento de sus afiliados. A las entidades que cumplieron con los requisitos se les entregaron las cantidades solicitadas y se gestionó su traslado hasta el operador logístico designado por cada una, le explica Minsalud a El Espectador. Según la cartera, el primer inventario entregado alcanzaba para cubrir seis meses de tratamiento, y las EPS deben entonces pedir nuevas dosis cada tres meses o cuando ya hayan entregado al menos el 50 % del medicamento recibido, para evitar interrupciones en la atención.
El asunto es que en Colombia los esquemas de terapia con dolutegravir no son los únicos para tratar a las personas con VIH y, de hecho, tampoco son los más utilizados. Según la Cuenta de Alto Costo, entre las personas que viven con VIH y que ya estaban en tratamiento en 2025, es decir, la población prevalente, el esquema más reportado es el que combina efavirenz, emtricitabina y tenofovir disoproxil. Este tratamiento representa el 18,94 % de los esquemas utilizados en ese grupo de pacientes (más de 30.000 personas). El segundo esquema más frecuente es el compuesto por atazanavir, emtricitabina, ritonavir y tenofovir disoproxil, que aparece en 11,66 % de los casos (poco más de 18.000 personas). Para encontrar el primer esquema basado en dolutegravir hay que bajar hasta el cuarto lugar en la lista: lo utilizan 14.736 personas, es decir, el 9,30 % de los pacientes.
Cuando una EPS decide autorizar un esquema diferente al que compró el Gobierno con dolutegravir, los precios vuelven a depender de los valores fijados por la industria y de los costos de intermediación dentro del sistema. De ahí que personas como Ramírez concluyan: “Para las EPS y las IPS, no es negocio. Mejor siguen entregando un medicamento que pueden cobrar al costo que ellos se lo cobran al sistema de salud”.
¿Tiene sentido que las IPS y las EPS soliciten más el esquema con dolutegravir? Aunque pueda parecer obvio que sí porque es más barato para el sistema, no es tan simple.
Caso por caso
Le preguntamos al Ministerio de Salud si espera que los pacientes que hoy están estables en Colombia con otros esquemas cambien a tratamientos basados en dolutegravir y su respuesta fue clara: “Las recomendaciones vigentes señalan que cualquier cambio en el tratamiento, incluidos los esquemas basados en dolutegravir, debe ser decidido por el médico tratante de manera individual. Para ello, se tienen en cuenta los posibles beneficios para el paciente, su tratamiento previo y su situación clínica particular”. Sin embargo, lo que ha venido sucediendo entre EPS e IPS puertas adentro sugiere una tensión en el proceso.
El Espectador habló con un presidente, una directora médica y un gerente médico de una IPS en Colombia que trabaja con una población grande de pacientes con VIH.
“Eso ha generado algunas diferencias entre el sector asegurador y el prestador. No es tan fácil ni tan lineal como decir que, si una persona encaja en esas poblaciones, entonces hay que ponerla a usar ese esquema”, nos dijo una de esas fuentes, que pidió reserva de su nombre para evitar choques con Minsalud. “Hemos tenido EPS que nos han dicho, migre todos los pacientes al esquema con DTL, porque el Gobierno lo compró. Hay que tener un criterio médico: en VIH, cuando un paciente está controlado con un esquema antirretroviral y es adherente a él, no hay que cambiarlo. No tiene ningún sentido ponerse a ensayar”.
“Yo solamente debo cambiarle el tratamiento a un paciente cuando exista un criterio médico que así lo disponga”, agregó la persona que lidera el ámbito médico en esa IPS con la población con VIH. Como en Colombia el esquema con dolutegravir no era el más usado hasta 2025, la petición de algunas EPS significaría cambiarle el tratamiento a miles de personas. “En VIH el juicio clínico es muy importante y el manejo de cada paciente es individualizado. Un documento donde está escrito que el 100 % de una población debe usar un esquema no puede ser una interpretación, aun si la recomendación es buena”, añadió.
Esto es muy importante, pues todas las personas consultadas para este artículo coinciden en que el esquema que compró el Gobierno Nacional es una muy buena opción terapéutica.
“Es indiscutible que es una buena alternativa. Puede traer beneficios importantes para los pacientes”, señalaron desde la IPS. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomienda desde 2019 como parte de los tratamientos de primera línea para el VIH. En 2022, el organismo reiteró que la combinación de tenofovir (TDF) + lamivudina (3TC) + dolutegravir (DTG) debe ser el régimen preferido para adultos y adolescentes que inician terapia antirretroviral. Según la OMS, para junio de 2021, 110 países de ingresos bajos y medios ya habían hecho la transición hacia esquemas basados en dolutegravir, y se estimaba que unos 22 millones de personas estaban recibiendo este tratamiento.
Frente a otras opciones, decía la OMS, este esquema ofrece mayor eficacia para suprimir el virus, una barrera más alta a la resistencia y una mejor tolerabilidad para los pacientes.
La situación, según reconocen todas las personas con quienes hablamos, está tensionando varios principios. Por un lado, el esquema que compró el Gobierno funciona y cuenta con un amplio respaldo internacional. Por el otro, en medicina existe una regla básica: si un tratamiento está funcionando en un paciente, no debería cambiarse. Ese principio no solo aplica para el VIH, sino para prácticamente cualquier enfermedad.
“Aquí todo cuenta: desde la edad de la persona y el momento en que se hace el diagnóstico —si es temprano o tardío—, hasta las comorbilidades que pueda tener o las infecciones oportunistas presentes al iniciar la terapia antirretroviral. También influyen aspectos muy cotidianos, como la ocupación de la persona, a qué hora come, si lo hace con regularidad o qué tan fácil le resulta seguir el tratamiento. Incluso se evalúa qué esquema puede tolerar mejor cada paciente. Todo eso debe tenerse en cuenta al momento”, explican desde la IPS.
“Las otras alternativas son buenas; hay medicamentos con evidencia y respaldo clínico. Por eso, al final, esto termina siendo más un juicio clínico que una receta única para todas las personas que viven con VIH”. Desde este prestador agregan que ese análisis también aplica para los pacientes recién diagnosticados. “Yo puedo tener diez pacientes migrantes venezolanos, pero si presentan comorbilidades que impiden el uso del DLT, no lo voy a poder formular. Por más que encajen en esa población, debe primar la condición clínica”.
Para Ramírez, de Red Somos, en cambio, las situaciones en las que este esquema no debería usarse en pacientes recién diagnosticados son muy pocas. Pero de hecho, al revisar las cifras de la Cuenta de Alto Costo, los esquemas con dolutegravir sí aparecen entre los más utilizados cuando se trata de personas que comienzan tratamiento. Según el reporte de 2025, el esquema dolutegravir + emtricitabina + tenofovir disoproxil fue el más frecuente entre quienes iniciaron terapia ese año: 2.841 personas (22,8 %) comenzaron su tratamiento con esa combinación.
Esto último sugiere que, al menos en los nuevos diagnósticos, los esquemas basados en dolutegravir ya están ganando terreno dentro del sistema de salud, incluso si entre la población total en tratamiento todavía predominan otras combinaciones más antiguas.
Hay un último temor de parte de prestadores, médicos y pacientes que tampoco se puede perder de vista y que podría estar influyendo en el panorama. “Los pacientes necesitan certeza de que el tratamiento va a ser sostenible en el tiempo”, dicen desde la IPS. Los miles de frascos que hoy están almacenados en el Ministerio de Salud hacen parte de una compra centralizada, pero desde algunas organizaciones y actores del sector se preguntan si el Estado, independientemente de quién esté en el Gobierno, podrá mantener ese mismo ritmo de compras en los próximos años para garantizar la continuidad del tratamiento.
Existen antecedentes positivos en el sistema, como las compras centralizadas de medicamentos para la hepatitis C, que lograron ampliar el acceso y reducir costos, aunque se trata de condiciones muy distintas: mientras el VIH requiere tratamiento de por vida, la hepatitis C suele tratarse durante periodos limitados. En todo caso, advierten esos actores, el peor de los escenarios sería trasladar a miles de pacientes a un nuevo esquema y que, más adelante, el sistema no pueda asegurar su suministro de manera estable.
Desde el Ministerio de Salud, sin embargo, sostienen que el modelo de compra centralizada busca justamente reducir ese riesgo. A su juicio, este esquema no genera riesgos de desabastecimiento; por el contrario, “incorpora herramientas de planeación, negociación y gestión logística que contribuyen a mitigar los riesgos de interrupción en el suministro”.
En medio de toda esta tensión, dice Cardona, de la Fundación ANCLA, están nuevamente los pacientes con VIH. “Hay moléculas, hay medicamentos, de DLT y de todos los demás, pero los pacientes no están recibiendo ninguno. No están pensando en los pacientes”.
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