Después de más de tres años sin presentar estados financieros certificados, Nueva EPS entregó a la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros comparativos correspondientes a 2024 y 2023. Los documentos, conocidos en su integridad por El Espectador, muestran una entidad con un fuerte deterioro financiero: pérdidas millonarias, un patrimonio negativo, pasivos que superan ampliamente el valor de sus activos y una operación cuyos costos continúan por encima de los ingresos.
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El documento muestra explícitamente que las cifras de 2023 fueron “reexpresadas”. En el argot técnico, esto sugiere que fueron ajustadas para incorporar información nueva, lo que pudo haber modificado de manera sustancial el panorama financiero de la EPS.
2023, el año que cambió el panorama
Las cifras de 2023 que aparecen en los estados financieros no corresponden a las que la entidad había manejado originalmente. Nueva EPS aclara que ese año fue “reexpresado” como parte del proceso de saneamiento contable adelantado durante la intervención, con el objetivo de incorporar información financiera que no había sido registrada oportunamente y corregir deficiencias históricas en el reconocimiento de sus obligaciones.
Como resultado de ese ejercicio, el balance al cierre de 2023 muestra una entidad con activos por COP $5,03 billones, pero con pasivos (deudas) por COP 12,15 billones, lo que dejó un patrimonio negativo de COP 7,12 billones.
El estado de resultados reexpresado también evidencia una operación profundamente deficitaria. De acuerdo con el documento, durante 2023 Nueva EPS registró ingresos por COP 18,9 billones, mientras que el costo de prestar los servicios de salud ascendió a COP 24,47 billones. Esa diferencia generó una pérdida bruta de COP 5,58 billones, que terminó convirtiéndose en una pérdida neta de COP 6,58 billones, una de las mayores registradas por la entidad. El análisis de esa situación, conocido por este diario, explica que buena parte de ese deterioro obedece a que durante el proceso de revisión se incorporó información que no había sido reconocida en los estados financieros.
En particular, la administración señala que existía lo que llama “facturación radicada por los prestadores pendiente de registro contable”, así como obligaciones provenientes de vigencias anteriores que fueron incorporadas durante el proceso de depuración.
La propia entidad reconoce, además, que históricamente no contó con un registro integral y actualizado de toda la facturación presentada por hospitales, clínicas y demás prestadores, situación que dificultó determinar con precisión sus obligaciones. Incluso advierte que el reconocimiento extemporáneo de cuentas correspondía, en algunos casos, a vigencias anteriores que se remontaban hasta 2008, lo que afectó la oportunidad, integridad y razonabilidad de la información financiera. Las notas también describen las principales limitaciones encontradas al cierre de 2023 y que motivaron la reexpresión de las cifras.
Entre estas últimas, mencionan debilidades en la aplicación del principio de causación, retrasos en la auditoría y liquidación de facturas de los prestadores, procesos de conciliación aún pendientes y un volumen significativo de cuentas médicas sin validar, circunstancias que impedían reflejar plenamente la realidad económica de la entidad.
2024, la situación continuó siendo crítica
El panorama no mejoró mucho durante 2024. Al cierre de ese año, los activos aumentaron hasta COP 10,63 billones, más del doble de los registrados un año antes. Sin embargo, ese crecimiento no obedeció a una mayor disponibilidad de recursos.
“El incremento del activo por COP 5,6 billones se explica principalmente por el aumento registrado en la cartera y demás cuentas por cobrar, las cuales representan el 89,5% del total de los activos al cierre de la vigencia”, se lee en las notas.
Es decir, el aumento de los activos no significó que la EPS tuviera más plata disponible para operar, sino que acumuló un mayor volumen de recursos pendientes por cobrar a otros actores del sistema de salud.
De hecho, COP 9,51 billones, cerca del 90 % de los activos, corresponden a cuentas por cobrar del sistema de salud. El dinero disponible ascendía a COP 642.991 millones, aunque COP 254.427 millones estaban restringidos por embargos judiciales o destinaciones específicas, por lo que no podían utilizarse libremente.
Mientras tanto, las obligaciones crecieron aún más rápido. Los pasivos pasaron de COP 12,15 billones en 2023 a COP 22,56 billones en 2024, un incremento cercano al 86 %. El principal aumento se concentró en las reservas técnicas, que pasaron de COP 11,51 billones a COP 21,86 billones.
Según la propia EPS, este incremento responde principalmente a la actualización de las estimaciones relacionadas con las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud, incluyendo servicios ya prestados y aún pendientes de liquidación o reconocimiento definitivo.
Ese incremento de las obligaciones terminó profundizando el deterioro patrimonial. Al cierre de 2024, Nueva EPS reportó un patrimonio negativo de COP 11,92 billones (el año anterior había sido de COP -7,11 billones). La administración atribuye ese resultado al reconocimiento contable de la totalidad de la facturación radicada pendiente de registro correspondiente a las vigencias 2023 y 2024.
El estado de resultados también refleja una operación deficitaria. Durante 2024, la EPS obtuvo ingresos por COP 22,25 billones, principalmente por la prestación del aseguramiento en salud, mientras que los costos de prestación de servicios alcanzaron COP 26,47 billones. Como resultado, registró una pérdida de COP 4,81 billones. Aunque esa cifra es inferior a la pérdida registrada en 2023, los costos continuaron superando ampliamente los ingresos y el patrimonio de la entidad siguió deteriorándose.
La advertencia de la revisora fiscal
Los estados financieros también están acompañados por una comunicación de la revisora fiscal de Nueva EPS, Gladys Sefora Asprilla Coronado, en la que deja constancia de que, al momento de su radicación, no era posible emitir un dictamen de auditoría sobre las cifras presentadas. En la carta, dirigida al interventor Jorge Iván Ospina, explica que los estados financieros definitivos correspondientes a 2024 fueron entregados a la Revisoría Fiscal el 6 de julio de 2026, el mismo día de la comunicación, lo que hacía imposible adelantar y concluir los procedimientos de auditoría requeridos por las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información antes de pronunciarse sobre ellos.
Asprilla señala que, en esas condiciones, existía una “imposibilidad técnica y profesional de emitir dictamen en la fecha” y precisa que la remisión de los estados financieros no constituye un dictamen, una opinión de auditoría, una aprobación integral de su contenido ni una certificación sobre la razonabilidad de las cifras. Sefora Asprilla también advierte que emitir una opinión sin haber obtenido evidencia suficiente y adecuada, sin concluir los procedimientos de auditoría y sin documentar los hallazgos y conclusiones habría sido contrario a las normas que regulan el ejercicio de la Revisoría Fiscal.
Entonces, aunque los estados financieros llevan su firma, esta aparece acompañada de la leyenda “En proceso de auditoría”, condición que quedó consignada en el propio documento. La revisora explica que esa suscripción tenía como único propósito dejar constancia de la recepción de los estados financieros para iniciar el proceso formal de revisión y no implicaba que la auditoría hubiera concluido ni que existiera un pronunciamiento definitivo sobre la fidelidad o razonabilidad de las cifras.
¿Indicios de que la UPC fue insuficiente?
Durante los últimos años, uno de los principales puntos de discusión entre el Gobierno y las EPS ha sido si la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para financiar la atención en salud, es suficiente para cubrir el costo real de los servicios en salud. Aunque los estados financieros de Nueva EPS no concluyen expresamente que la UPC sea insuficiente, sí muestran un desequilibrio entre los recursos que recibió la entidad y el costo de atender a sus afiliados.
“En 2024, Nueva EPS registró ingresos ordinarios por COP 22,2 billones, mientras que el costo de prestación de servicios de salud fue de COP 26,4 billones“, reconoció la administración de la interventoría en el comunicado de prensa que difundió a los medios.
En términos prácticos, esto significa que la operación de aseguramiento generó costos superiores a cerca de COP 4,2 billones a los ingresos obtenidos durante el año, un déficit que terminó reflejándose en una pérdida neta de COP 4,81 billones. Es decir, incluso antes de considerar otros gastos administrativos o financieros, el costo de la atención ya superaba los recursos que ingresaban por la operación. Sin embargo, las propias notas advierten que ese resultado no puede atribuirse solo al comportamiento de los ingresos.
La administración del interventor Jorge Iván Ospina (exalcalde de Cali) explica que durante 2024 se adelantó un proceso de saneamiento contable que implicó reconocer la totalidad de la facturación radicada por los prestadores que permanecía pendiente de registro, así como otras obligaciones que no habían sido incorporadas oportunamente en la contabilidad.
De hecho, el documento señala en esa línea que el patrimonio negativo y buena parte de la pérdida del ejercicio obedecen a ese reconocimiento contable. Las notas también muestran que el aumento de las obligaciones estuvo impulsado por el crecimiento de las llamadas reservas técnicas, que, prácticamente se duplicaron frente al año anterior.
Según la Supersalud, ese incremento responde a la actualización de las estimaciones sobre obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud, incluyendo servicios ya prestados que estaban pendientes de liquidación, auditoría o reconocimiento definitivo.
A ello se suma otro elemento que ayuda a explicar la presión financiera. Aunque los activos de Nueva EPS crecieron hasta COP 10,63 billones, cerca del 89,5 % correspondía a cartera y otras cuentas por cobrar, mientras que el efectivo disponible era considerablemente menor y una parte de este permanecía restringida por embargos o destinaciones específicas.
Aunque los estados no resuelven el debate sobre la suficiencia de la UPC, pero sí aportan un nuevo elemento a la discusión: muestran que, al cierre de 2024, los recursos derivados de la operación del aseguramiento fueron inferiores al costo de prestar los servicios, en un contexto en el que la EPS, además, reconoció miles de millones de pesos en obligaciones que hasta entonces no estaban plenamente reflejadas en su contabilidad.
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