Después de resolver y/o negar los recursos del Ministerio de Salud a los dos autos sobre UPC y presupuestos máximos, la Corte Constitucional ha reafirmado este jueves los plazos que tendrá la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo para cumplir las ordenes.
El tribunal determinó que Minsalud tendrá 18 días, a partir de la notificación de esta decisión, para pagar los presupuestos máximos reconocidos de julio a diciembre de 2024. Se estima que estos recursos ascienden a unos $500.000 millones mensuales, lo que representa un total aproximado de $3 billones. Desde Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, estiman que hay una deuda en presupuestos máximos de 2022 y un rezago en el pago de los meses de 2024 que asciende a $1,1 billones.
Minsalud también contará a partir de la notificación con 48 horas para pagar el valor correspondiente al ajuste de los presupuestos máximos de la vigencia 2022, que asciende a poco más de $800.000 millones que se le adeuda en totalidad a las EPS y al sistema de salud. Por último, en relación con el incidente de desacato abierto contra el ministro Jaramillo, la Corte señala que el funcionario tiene dos días para pronunciarse.
Respecto al auto de la UPC, la Corte también deja los plazos iguales. Minsalud tendrá 10 días, a partir de la notificación de esta decisión, para crear una mesa de trabajo con actores de todo el sector en la que se debe discutir una nueva metodología para definir la UPC (la plata que se le gira a las EPS para garantizar el plan de beneficios en salud) y un mecanismo de ajuste anual que permita corregir los estimativos. Sobre esta mesa de trabajo, El Espectador conoció que varias organizaciones de pacientes y EPS han enviado cartas a Minsalud solicitando participar, pero hasta ahora no han recibido respuesta.
Minsalud tendrá un mes para presentar un informe donde justifique la fijación de la UPC del 2025, que aumentó 5,36 % y que varios actores del sistema de salud han considerado insuficiente. Hay que recordar que la gran mayoría de gremios en el sector apostaban por la necesidad de incrementar la UPC entre un 14% y 16%. La apropiación inicial para la UPC para este año asciende a $87,4 billones, pero desde Acemi estiman un faltante de al menos $9,5 billones, que se sumaría a las deudas de años anteriores que conserva el sistema.
La pregunta, ahora, es de dónde saldrá la plata. Para pagar la deuda de 2022, por ejemplo, el Gobierno había aprobado un CONFIS que aseguraba los $800.000 millones. Sin embargo, ese documento perdió validez legal el 31 de diciembre de 2024, por lo que el Ministerio de Hacienda deberá expedir un nuevo CONFIS o definir una fuente alternativa de financiamiento para garantizar el pago. Algo importante de los autos del tribunal es que en ambos se le ordena a Minhacienda disponer de los recursos para que Minsalud pague, así que, en realidad, la responsabilidad del desembolso no recae únicamente en Minsalud, sino también en Minhacienda, que debe garantizar la disponibilidad y liberación de los fondos. Sin este respaldo financiero, los plazos fijados por la Corte podrían volverse inejecutables,
Pero esto no soluciona de dónde saldrá la plata. En una entrevista con este medio de hace un par de meses, el ministro Jaramillo había estimado que un punto de aumento de la UPC equivale a aproximadamente $1 billón. En las últimas horas, un grupo de congresistas ha sugerido un camino: transferir $2.7 billones del rubro de “Apoyo a Programas de la Ley 100” al rubro de “Aseguramiento en Salud” dentro del presupuesto del Ministerio de Salud. Este movimiento, dicen los congresistas, permitiría cumplir con el Auto 007 de 2025 de la Corte, que exige el ajuste de la UPC para subsanar su insuficiencia, sin reformas tributarias ni la asignación de recursos adicionales, ya que se utilizarían fondos ya existentes.
Los congresistas advierten que el rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993” ha crecido de manera “excesiva e injustificada” en los últimos años, pasando de $148.000 millones en 2022 a $4,3 billones en 2025. Sin embargo, cuestionan la falta de transparencia en su ejecución por parte del Ministerio de Salud. Señalan que algunos hospitales reportan una ejecución del 0 % de los fondos asignados y que no hay información clara sobre el destino y los resultados de los equipos básicos de salud que, según el Ministerio de Salud, están operando en todo el país.
La decisión de la Corte se conoce, demás, en medio de la sesiones extraordinarias que la Cámara de Representantes desarrolla para avanzar en la discusión de la reforma a la salud.
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