Esta semana se realizará la cuarta sesión de la mesa técnica sobre la UPC —el monto que gira el Estado por cada colombiano para garantizar el plan de beneficios en salud—, convocada por orden de la Corte Constitucional. Entre sus objetivos están ajustar el valor de 2024 y revisar la suficiencia de la UPC de 2025 y años anteriores. El proceso, que debe arrojar sus primeros resultados en un mes, avanza en medio de cuestionamientos a la forma en que el Ministerio de Salud está conduciendo el diálogo con los distintos actores sentados en la mesa.
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Las primeras críticas surgieron poco después de que el Ministerio de Salud convocara la mesa técnica, con la resolución 370 de 2025. Varios puntos llamaron la atención de la Procuraduría, según consta en un informe enviado a la Corte Constitucional el pasado 13 de marzo y conocido por este periódico. En él, la Procuraduría advierte que el Minsalud estaría “limitando el alcance de las órdenes de la Corte” y señala posibles irregularidades que llevaron a remitir su concepto a la Fiscalía General de la Nación, para el estudio de un posible desacato de una sentencia judicial y un posible fraude a resolución judicial.
“El Ministro de Salud y Protección Social, desconoce el orden constitucional, lo cual no disculpa su incumplimiento” dice la Procuraduría.
Entre otros cuestionamientos, el ente de control señala que la resolución 370 del Ministerio de Salud limita el acceso a información clave y los mecanismos de validación, restringe de forma unilateral la participación de los actores convocados en la mesa y se otorga la potestad de definir qué documentos pueden ser considerados “soportes confiables”.
Para entender esas críticas, es necesario revisar cómo se está desarrollando el proceso. Según explica Carlos Eduardo Márquez Zuccardi, representante de los pacientes en la mesa, el Ministerio de Salud decidió instalar mesas de discusión paralelas, agrupadas según el tipo de actor involucrado. Así, organizaciones de pacientes, EPS, hospitales, clínicas y otras entidades se reúnen por separado para responder a una serie de preguntas y solicitudes de información que el Ministerio envía antes de cada encuentro. Posteriormente, se realiza una plenaria en la que confluyen todos. Cada bloque prepara sus aportes y los entrega, según se lee en la resolución 370, “para efectos de que el Ministerio de Salud y Protección Social cuente con elementos de juicio suficientes para determinar técnicamente si hay lugar o no a efectuar el reajuste de la prima”, es decir, de la UPC.
“A pesar de que la Corte ordena que la metodología y las preguntas se deben acordar en la mesa, eso no sucedió”, señala Jorge Toro, representante del sector prestador. Según él —y como también lo confirmaron Carlos Eduardo Márquez Zuccardi, delegado de los pacientes, y otros dos integrantes de la mesa—, el Ministerio de Salud presentó una metodología ya definida, sin someterla a discusión con los actores.
Para la Procuraduría, además, el enfoque adoptado por el Ministerio desconoce que la Corte Constitucional ya concluyó que la UPC de 2024 es insuficiente. En palabras del ente de control, al plantear que la mesa permitirá determinar “si hay o no” lugar a un ajuste, esa cartera pone en duda una decisión que el tribunal ya tomó: la necesidad de corregir el valor asignado para ese año.
Otro cuestionamiento tiene que ver con las preguntas formuladas por el Ministerio. En las últimas dos sesiones (27 de marzo y 3 de abril), las discusiones han girado en torno a la siniestralidad y la frecuencia de uso en el sistema, dos variables fundamentales para el cálculo de la UPC. La siniestralidad se refiere al costo promedio que representa cada paciente para el sistema de salud, mientras que la frecuencia de uso mide cuántas veces, en promedio, una persona utiliza los servicios de salud. Según la metodología, todos los actores reciben las preguntas sobre estos temas y deben aportar información en respuesta.
El problema, dicen desde Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo que participa en la mesa, es que “las preguntas son las mismas para todos los actores, siendo imposible para muchos de ellos dar respuestas sobre datos que no manejan”.
Tanto la siniestralidad como la frecuencia de uso son indicadores que se construyen a partir de grandes volúmenes de datos de atención en salud, información que poseen las EPS y los hospitales y clínicas, pero no todos los participantes de la mesa. ¿Por qué pedirla a los pacientes o a la industria farmacéutica, que no pueden acceder a la fuente original de esa información? “Aunque todos se están asesorando muy bien y sus aportes están siendo valiosos, se trata de información muy técnica que no todos en el sector manejan”, nos dijo otro integrante de la mesa que pidió que se omitiera su nombre para no generar tensiones en el espacio.
Aun si los actores logran presentar la información solicitada, persisten dos críticas adicionales. Una proviene de la Procuraduría, que señala que el Ministerio de Salud impone restricciones que limitan el alcance del debate. “(...) el Ministerio limita las fuentes de información y los procesos de validación a los ya definidos y ejecutados por el Ministerio y/o a otras fuentes que el mismo Ministerio determine, cerrando las posibilidades de que se pueda dar un ejercicio independiente, retroalimentado con otras fuentes de información o metodologías de expertos que puedan proponer los integrantes de la mesa”.
En otras palabras, para la Procuraduría, cuando el Minsalud decide que la información que presentan los actores de la mesa debe pasar por sus propios filtros de validación y contraste —sin abrir la puerta a datos alternativos, metodologías independientes o evaluaciones externas—, restringe la posibilidad de construir un análisis diferente al suyo.
“Tenemos la sensación de que la metodología aplicada está dirigida para que se concluya lo que ya concluyó el Ministerio de Salud en sus cálculos sobre la UPC”, resume Márquez.
La segunda inquietud en torno a la información tiene que ver con la forma en que esta se comparte entre los actores. Cada grupo —EPS, prestadores, organizaciones de pacientes, entre otros— entrega por separado sus respuestas y aportes, pero el Ministerio de Salud no los pone en común. Es decir, quienes hacen parte de la mesa no conocen qué información presentan sus pares. Además, aunque existe una sesión plenaria, esta no estaría funcionando como un espacio de diálogo real o de construcción conjunta.
Todo esto ha comenzado a generar incertidumbre sobre el rumbo que tomará la mesa técnica. El Espectador conoció que algunos actores están considerando retirarse del espacio, ante la sensación de que el proceso, tal como va, no está avanzando hacia resultados concretos. Para Toro, del sector prestador, el espacio ha tenido aspectos valiosos que no se pueden desconocer, como el reconocimiento de que la información actualmente utilizada para calcular la UPC es limitada y requiere ajustes. También destaca que, quizá, en ese proceso el sector prestador debería tener un papel —pues, como señala, es allí donde se prestan los servicios—. Sin embargo, manifiesta no tener claridad sobre si lo que se está haciendo llevará, en efecto, a un recálculo de la prima. Agrega además que debe tenerse en cuenta la complejidad natural de un encargo como el hecho por la Corte: “Calcular una UPC es un proceso matemático que toma meses”, afirma. ¿Es posible volver a hacer un cálculo de estas dimensiones en un espacio así y en cuestión de semanas?
La Corte pregunta y el Minsalud responde
Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, fue designado por el Ministerio de Salud para liderar los diálogos en la mesa técnica. Según su balance, el proceso avanza en lo que define como su “objetivo central”: recopilar información proveniente de los distintos actores del sistema de salud. El pasado 2 de abril, la Corte Constitucional le remitió a Martínez un cuestionario con varias preguntas clave sobre el desarrollo de la mesa. Una de ellas cuestiona por qué el objetivo principal declarado por el viceministro y el Ministerio de Salud no menciona explícitamente la búsqueda de la suficiencia de la UPC 2024, a pesar de que el alto tribunal establece este propósito de forma expresa en el Auto 007 de 2025.
La Corte cuestiona también por qué en el artículo 2° de la resolución que convocó la mesa técnica no se incluyó el punto relacionado con el rezago en el valor de la UPC desde 2021. También indaga sobre la metodología utilizada: si fue previamente socializada, cómo se garantizó la participación de los distintos actores y cuál fue el proceso de diseño, algo que, según fuentes consultadas para esta nota, no ocurrió. Además, solicita una aclaración sobre el alcance de las funciones del viceministro como presidente de la mesa.
Finalmente, la Corte Constitucional le solicita al Ministerio de Salud que explique cómo seleccionó a los actores que integran la mesa técnica y cómo garantizó su participación. La inquietud surge porque gremios como Asocajas —que representa a programas de EPS de Cajas de Compensación Familiar y a varias IPS— y la ANDI —que le aseguró al alto tribunal tener “la representación más amplia del sector de la salud”, incluyendo aseguradoras, prestadores, industria farmacéutica y de dispositivos médicos— manifestaron su inconformidad por no haber sido convocados. El alto tribunal le pide al Ministerio de Salud que explique las respuestas que le dio a ambos gremios.
De acuerdo con tres integrantes de la mesa, cuando se discutieron en la última sesión las inquietudes planteadas por la Corte, el viceministro Martínez aseguró que el Ministerio responderá formalmente y, de ser necesario, se reevaluará la metodología de trabajo. No obstante, según estas fuentes, aún no está claro cuándo se dará esa reformulación de la metodología ni si el Ministerio convocará nuevas sesiones.
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