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Acemi, el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, dio a conocer una propuesta para transformar el sistema de salud colombiano en el próximo gobierno.
El gremio plantea una estabilización inmediata mediante un puesto de mando unificado para atender a pacientes en riesgo y garantizar el suministro de medicinas. Se sugiere un saneamiento financiero gradual que incluye la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y una reingeniería de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, el plan enfatiza la modernización del aseguramiento, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la salud pública mediante el uso de datos. Finalmente, se aboga por una gobernanza técnica despojada de intereses políticos para asegurar la sostenibilidad del modelo a largo plazo.
La propuesta parte de una idea central: el sistema de salud atraviesa una crisis tan profunda que primero hay que estabilizarlo antes de pensar en reformas estructurales. Por eso, el documento plantea una fase inicial de “choque” enfocada en resolver lo más urgente: pacientes represados, escasez de medicamentos y deudas acumuladas entre EPS, clínicas y hospitales.
En esa lógica, propone una estrategia llamada “punta-pirámide”, que consiste en priorizar primero a los pacientes más graves. Los casos con riesgo vital deberían resolverse en menos de 72 horas, mientras que otros pacientes prioritarios tendrían un plazo máximo de 90 días. Para coordinar esto se plantea crear un Puesto de Mando Unificado nacional y otros regionales. Se contempla un “equipo élite” interinstitucional para intervenir situaciones urgentes y un tablero nacional de medicamentos críticos para evitar interrupciones en tratamientos de alto riesgo.
El plan incluye además una inyección de recursos públicos. La propuesta habla de destinar COP $9,57 billones en 2026 para aumentar la UPC, que es el dinero que el Estado gira por cada afiliado, y para ponerse al día con pagos atrasados de Presupuestos Máximos. A esto se suma un plan de saneamiento financiero que reconoce una deuda actuarial estimada en COP $34,2 billones derivada de errores en el cálculo de la UPC entre 2021 y 2025. También propone una conciliación nacional de cuentas para aclarar cuánto deben realmente las EPS, hospitales y proveedores entre sí, algo en lo que han insistido varios expertos académicos.
Otro eje importante de la propuesta de Acemi es conseguir nuevas fuentes de financiación para sostener el sistema en el largo plazo. La propuesta plantea aumentar impuestos al tabaco y vapeadores, destinar los llamados impuestos saludables directamente a la ADRES (el “banco de la salud”), cobrar más a las apuestas electrónicas y eliminar el tope máximo de cotización para personas con altos ingresos. También propone que más trabajadores y personas con capacidad de pago entren al régimen contributivo y revisar beneficios como el descuento del SOAT.
En materia de aseguramiento, el documento defiende mantener el modelo de EPS, pero con ajustes. Habla de un “Aseguramiento solidario 2.0”, donde el Estado compartiría parte del riesgo financiero cuando los costos médicos superen ciertos límites. También busca que clínicas y hospitales asuman responsabilidades ligadas a resultados en salud y no solo a volumen de atención. La propuesta incluso abre la puerta a permitir más integración vertical, es decir, que EPS tengan redes propias, siempre y cuando cumplan indicadores de calidad y eficiencia.
En paralelo, el texto insiste en fortalecer la salud pública y la prevención. Propone ampliar coberturas de vacunación al 95 %, actualizar programas territoriales de salud pública y lanzar una política nacional más fuerte contra el cáncer. Además, plantea intervenir determinantes sociales de la salud mediante un fondo inicial de $1 billón para proyectos de saneamiento básico, vivienda y servicios públicos en zonas vulnerables. La propuesta dedica un capítulo a salud mental, envejecimiento y obesidad. Allí plantea fortalecer el talento humano en salud mental en las regiones, regular la publicidad de ultraprocesados dirigida a menores y crear políticas para el cuidado de adultos mayores con enfermedades múltiples y dependencia. En seguridad vial, propone controles más estrictos de velocidad e infraestructura más segura.
Otro componente central es la modernización institucional. El documento propone crear una entidad técnica independiente que piense el sistema de salud a largo plazo y construir un sistema único e interoperable de datos para vigilar en tiempo real el funcionamiento del sector.
En cuanto a participación ciudadana y conflictos judiciales, la propuesta habla de la necesidad de fortalecer asociaciones de usuarios con financiación pública y crear mecanismos para reducir la judicialización del sistema. Esto incluiría procedimientos de resolución anticipada de conflictos y tiempos máximos de espera definidos para evitar que los pacientes tengan que recurrir constantemente a tutelas. También contempla sanciones o medidas educativas para quienes incumplan citas o hagan mal uso de medicamentos.
Finalmente, el texto plantea cambios en política farmacéutica y talento humano. Propone compras centralizadas de medicamentos para enfermedades huérfanas, priorizar genéricos y modernizar el Invima, algo en lo que también se ha insistido en el sector. En formación médica, busca crear un examen único nacional para acceder a especialidades y alinear los cupos universitarios con las necesidades reales del país. Además, pretende impulsar perfiles técnicos nuevos, como gestores de pacientes y especialistas en telemonitoreo y cuidado geriátrico.
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