Las preocupantes cuentas que reveló Nueva EPS reabren una pregunta: ¿se puede salvar?

Después de tres años de silencio financiero, Nueva EPS volvió a mostrar sus cuentas y las cifras permiten dimensionar la magnitud de la crisis que atraviesa el sistema de salud. Los detalles completos de los estados financieros pueden consultarse en la infografía que acompaña este artículo, pero tres datos resumen el deterioro. En 2023, la EPS cerró con pasivos por COP 12,15 billones, pérdidas por COP 6,58 billones y un patrimonio negativo de COP 7,12 billones. En 2024, lejos de mostrar una recuperación, la situación siguió siendo crítica: los pasivos aumentaron a COP 22,56 billones, las pérdidas fueron de COP 4,81 billones y el patrimonio negativo se profundizó hasta los COP 11,92 billones.

Los estados financieros de Nueva EPS eran y son una pieza clave en el debate sobre la suficiencia de la UPC, la prima que el Estado reconoce a las EPS para garantizar la atención en salud. Durante los dos últimos años, ese cálculo se hizo sin la información de la EPS más grande del país, que atiende a más de 11 millones de afiliados. Tras conocerse las cifras, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, aseguró que representan “un avance importante” y evidencian “una situación financiera muy crítica”.

¿Qué revelan estos estados financieros y qué futuro le espera a la mayor EPS de Colombia?

El debate sobre la revisoría fiscal

Lo primero que hay que mencionar es que los estados financieros aún no cuentan con un dictamen definitivo de auditoría de la revisoría fiscal de la EPS, un paso que expertos en información financiera consideran fundamental porque es el que otorga una opinión independiente sobre la razonabilidad de las cifras. En una comunicación anexada al documento, la revisora fiscal, Gladys Sefora Asprilla, explica que los estados financieros le fueron entregados el mismo día en que fueron radicados ante la Superintendencia Nacional de Salud (el 6 de julio), por lo que no tuvo el tiempo necesario para aplicar los procedimientos de auditoría exigidos por las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

Por esa razón, los estados se entregaron con la marca “En proceso de auditoría” y la revisora dejó constancia de que no constituyen un dictamen, una opinión de auditoría, una aprobación integral ni una certificación sobre la razonabilidad de las cifras.

Eso no es un dato menor. Para personas como Conrado Gómez, exsuperintendente nacional de Salud, esa ausencia de un dictamen definitivo limita el alcance de cualquier análisis que pueda hacerse sobre las cifras. “La contabilidad tiene como propósito revelar la realidad de manera fiel y leal frente a lo que ocurre en una empresa. Y ahí no se está haciendo esa certificación; al contrario, se está diciendo que no se pueden comprometer con nada de lo que están diciendo”, aseguró a El Espectador.

Incluso, Conrado considera que el propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca podría concluir que la orden de presentar los estados financieros aún no se ha cumplido plenamente, precisamente porque la revisoría fiscal todavía no ha emitido su opinión independiente. “Me parece muy complicado entrar a opinar de unos estados financieros que tienen esas salvedades”, agregó.

El agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, responde, en conversación con este diario, que la ausencia del dictamen final obedece a los tiempos del proceso de auditoría. Según explicó, la revisoría fiscal recibió los estados financieros apenas fueron radicados ante la Supersalud y ahora debe realizar una revisión técnica independiente.

“Los revisores fiscales son completamente autónomos e independientes para tomar una decisión sobre la información que se les ha presentado. No sería adecuado que de mi parte existiera cualquier tipo de presión”, señaló. Aunque reconoció que el dictamen aún está pendiente, afirmó que no espera cambios sustanciales en las cifras. “No creo que eso ocurra”, dijo, al ser consultado sobre la posibilidad de modificaciones una vez concluya la auditoría.

Unas cifras en rojo

El Espectador consultó con una persona que hasta hace unos meses fue parte de la dirección de Nueva EPS y que analizó los estados financieros junto con un grupo de expertos, algunos de los cuales aún trabajan al interior de la entidad. Por esa razón solicitaron la reserva de sus nombres, pero compartieron una lectura técnica de las cifras.

Su primera conclusión es que el balance confirma una situación financiera extremadamente delicada, aunque advierten que los estados financieros, por sí solos, no permiten establecer con precisión qué originó el deterioro ni atribuirlo exclusivamente a una insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Los estados financieros muestran, efectivamente, que los costos por prestación de servicios aumentaron de COP 24,47 billones en 2023 a COP 26,47 billones en 2024.

Sin embargo, advierten que ese incremento, por sí mismo, no demuestra un problema exclusivo de financiación. Antes de sacar conclusiones, dicen, habría que establecer cuánto responde al envejecimiento y la mayor complejidad de la población afiliada, al aumento en el precio de medicamentos y tecnologías, y cuánto podría explicarse por factores como la gestión del riesgo, los modelos de contratación, la oportunidad en la atención, las estancias hospitalarias o los mecanismos de auditoría.

Por ello, aunque reconocen que estos estados financieros aportan evidencia relevante a una discusión que durante los últimos años se dio sin la información de la EPS más grande del país, consideran que no constituyen, por sí solos, prueba concluyente de insuficiencia de la UPC. No obstante, dicen, el hecho de que los ingresos operacionales no hayan cubierto el costo reconocido de la prestación de servicios sí es un indicio relevante de presión sobre la suficiencia del modelo de financiación, que debe ser contrastado y reforzado mediante un análisis actuarial. Para llegar a esa conclusión, sostienen, sería necesario comparar la prima reconocida con el costo esperado del riesgo, incorporando variables como la composición demográfica de la población afiliada, la carga de enfermedad, el comportamiento epidemiológico, la distribución territorial, la severidad clínica y la utilización esperada de los servicios de salud.

Además, consideran que una de las principales preguntas es cuánto del patrimonio negativo de COP 11,92 billones y del aumento de los pasivos, que pasaron de COP 12,15 billones en 2023 a COP 22,56 billones en 2024, corresponde a pérdidas propias de la operación del último año y cuánto obedece al reconocimiento de obligaciones acumuladas de vigencias anteriores que no habían sido registradas oportunamente.

La diferencia, explican, es fundamental para interpretar correctamente el resultado financiero. Si una parte importante del deterioro corresponde al reconocimiento de pasivos históricos, las pérdidas registradas durante 2024 no serían atribuibles exclusivamente a la operación de esa vigencia. En cambio, si el deterioro se originó principalmente durante 2024, ello evidenciaría un desequilibrio entre los ingresos del aseguramiento y el costo de la atención durante ese periodo. Aun así, dicen, ese resultado no permitiría concluir, por sí solo, que la UPC fue insuficiente, pues dicho desequilibrio también podría estar influenciado por factores relacionados con la gestión del aseguramiento, la eficiencia operativa, la composición del gasto médico o el comportamiento epidemiológico de la población afiliada.

Ospina, el interventor de Nueva EPS, coincide en ese punto. El funcionario aseguró que los estados financieros de 2023 y 2024 no deberían utilizarse como parámetro para evaluar la suficiencia de la UPC, precisamente porque ambos años aún reflejan los efectos del proceso de depuración contable. “No pueden ser utilizados como parámetro para la evaluación de la UPC por los rezagos de facturas de años anteriores que esos dos años expresan y, por tanto, podría ser una información no real de lo que es el costo médico durante una vigencia”, explicó.

Según el interventor, la información que permitirá hacer un análisis más preciso será la correspondiente a 2025 y 2026, cuando, asegura, buena parte de esos rezagos ya habrá sido superada. Aun así, Ospina considera que el debate sobre la financiación del sistema no puede reducirse únicamente al valor de la UPC. En su criterio, el costo de la atención también está determinado por factores como los modelos de prestación de servicios, las diferencias en los perfiles epidemiológicos de cada territorio y la forma en que se estructuran los contratos con la red prestadora. “Soportar la reflexión de la crisis del sistema de salud colombiano únicamente en el valor de la UPC es muy simple”, dijo.

El grupo de especialistas consultado por este diario también llama la atención sobre la composición de los activos (los recursos y derechos económicos que tiene la EPS para operar y prestar los servicios de salud). En particular, señalan que el rubro de anticipos y avances pasó de COP 3,41 billones en 2023 a COP 8,68 billones en 2024, un incremento cercano al 155 %, convirtiéndose en uno de los principales componentes del activo.

En términos sencillos, los anticipos y avances son recursos que la EPS entrega por adelantado a terceros (como hospitales, proveedores o contratistas) antes de que el servicio sea prestado o la obligación quede completamente ejecutada. Mientras esos recursos no se legalicen con facturas, soportes o la prestación efectiva de los servicios, permanecen registrados como un activo porque, en teoría, representan un derecho de la entidad a recibir el servicio o a recuperar el dinero. Por eso, los especialistas consideran que ese rubro merece una revisión detallada.

A su juicio, será necesario establecer qué parte de esos COP 8,68 billones es realmente recuperable, cuál es la antigüedad de esos anticipos, si cuentan con los soportes correspondientes, si ya fueron legalizados o si continúan pendientes de conciliación, y si efectivamente están asociados a servicios de salud que fueron prestados.

De esa evaluación, explican, dependerá saber si ese activo refleja recursos que la EPS aún puede aprovechar o si parte de ellos deberá deteriorarse contablemente.

Finalmente, dicen, el debate ya no puede limitarse a establecer si Nueva EPS tiene problemas financieros. “Eso ha venido siendo más que evidente”. El verdadero desafío, dicen, es determinar si todavía existen condiciones reales para recuperarla o si mantenerla en operación solo seguirá incrementando el pasivo del sistema de salud. A su parecer, esa respuesta dependerá, sobre todo, del comportamiento de la EPS durante 2025.

“Con un patrimonio negativo cercano a los COP 12 billones, la pregunta ya no es cuánto más puede aguantar, sino si todavía es recuperable”, señalan. Para ello, consideran que deberían cumplirse entre otras, al menos tres grandes condiciones: que deje de generar pérdidas operacionales recurrentes, que exista una ruta creíble para sanear el pasivo acumulado y que el costo futuro de la atención pueda financiarse con ingresos recurrentes, sin depender de reconocimientos extraordinarios o ajustes contables.

De lo contrario, advierten, la discusión dejaría de ser exclusivamente financiera para convertirse en una decisión de política pública. “El desafío será decidir si existen condiciones reales para recuperarla o si prolongar su operación solo incrementará el pasivo del sistema. En esa decisión deberán ponderarse la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la continuidad del aseguramiento, la estabilidad de la red prestadora, la confianza institucional y el impacto sobre la atención de millones de colombianos. No se trata solo del futuro de una EPS; se trata de una decisión que puede redefinir el equilibrio financiero y operativo del sistema durante los próximos años”.

De hecho, el presidente Gustavo Petro ya reaccionó a los estados financieros. “La mitad de la deuda de la Nueva EPS corresponde a la Nación, es decir, COP 11 billones que la Nación debe pagar; la otra mitad es de privados”, escribió en su cuenta de X, en referencia a las cajas de compensación familiar, que hoy conservan una participación minoritaria.

Para Ospina, sin embargo, no hay espacio a una pregunta de este tipo. “Es la principal EPS del país y, por tanto, tiene que ser sostenible. Sí o sí. No puede haber otro camino”, afirmó.

Según explicó, esa recuperación pasa por varias cosas. “Demandará una capitalización del Estado, una capitalización de las cajas de compensación familiar, que puede ser progresiva de corto, mediano y largo plazo”, dijo. A ello sumó la necesidad de renegociar las tarifas con clínicas y hospitales, fortalecer la gestión de la propia EPS y avanzar hacia un modelo de atención que incentive la prevención y no únicamente el tratamiento de la enfermedad.

El interventor aseguró que alcanzó a avanzar en conversaciones con las cajas de compensación y con el Gobierno para buscar esa capitalización, aunque reconoció que las primeras “no están muy decididas”. En contraste, sostuvo que buena parte de la red prestadora ha manifestado disposición a hacer descuentos sobre las cuentas pendientes si se logra un acuerdo de pago.

Ospina también se mostró optimista frente al comportamiento financiero de la entidad. Aunque reconoció la gravedad de las cifras de 2023 y 2024, afirmó que espera una mejoría en los estados financieros de 2025 y, sobre todo, de 2026, una vez culmine la depuración contable, se reorganice la red de prestación de servicios y se consoliden los cambios implementados durante la intervención. “Estoy casi convencido de que las cifras van a mejorar, sobre todo las de 2026”.

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