Los aciertos y vacíos del decreto que admite el COVID-19 como enfermedad laboral
La enfermedad fue incluida en la lista de enfermedades laborales directas y agrega el cubrimiento no solo al personal de sanidad, sino también al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios directos en atención de la pandemia.
Redacción salud
Luego de casi tres meses de haberse reportado el primer caso de COVID-19 en el país, el pasado 6 de marzo, el Gobierno Nacional expidió el decreto 676 de 2020 en el que se incluye el contagio de coronavirus en la tabla de enfermedades laborales. Esta decisión se adhiere a la orden ya expedida hace unos meses por medio del Decreto 538 de 2020.
En la decisión, expedida el 19 de mayo, se precisan nuevos aspectos como la responsabilidad de las Aseguradores de Riesgos Laborales (ARL) en asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas que se les realicen a los trabajadores del sector salud. Así como el cubrimiento, no solo al personal de sanidad, sino también del “personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios directos en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de la pandemia del nuevo corona virus COVID-19”, señala el documento.
Sin embargo, en el debate por el cuidado al personal de salud, la primera línea frente al brote que ya ha dejado más de 17.000 contagios en el país, aún siguen quedando algunos vacíos. Para la abogada Olga Cubides, subdirectora jurídica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), es claro que en el nuevo decreto no se incluyen aspectos de suma importancia como el reconocimiento económico durante el tiempo de sospecha de contagio: “El profesional de la salud pudo haber estado expuesto a un procedimiento generador de aerosoles en un paciente diagnosticado o sospechoso de COVID sin los elementos de protección personal adecuados y por lo tanto debe ser aislado ante el riesgo de contagio. Pero, en algunos casos, ante el aislamiento no le dan una incapacidad y algunas instituciones no le reconocen el pago, y tampoco la EPS ni ARL. Esto debe quedar expreso en una norma ”.
Lea: COVID-19 es reconocida como enfermedad laboral directa
En efecto, en el decreto 676 es claro que la responsabilidad de las ARL empieza una vez se confirme el diagnostico, “Las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL desde el momento del diagnóstico confirmado de COVID-19, deben reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad laboral por esa enfermedad”.
Para Mauricio Vasco, presidente de S.C.A.R.E, es una decisión que deja un sin sabor, “nosotros recibimos con aflicción este decreto 676 relacionado con el tema de la declaración del COVID-19 como enfermedad laboral. Si bien ese punto es positivo, vemos que el decreto al final desconoce el reconocimiento de las prestaciones económicas, sobre todo en la incapacidad que se le debe generar al personal de salud cuando hay sospecha de tener COVID-19. La mayoría de talento humano en salud lo que está teniendo ahora es el aislamiento cuando tiene el contacto con los casos sospechosos y hubo alguna brecha en la prestación del servicio”.
En respuesta, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, que ha fungido en algunos casos como defensora de los derechos laborales del personal en salud, solicitó “la modificación urgente del decreto para lograr una efectiva protección del Estado Colombiano al ejercicio profesional del talento humano en salud en el país durante esta pandemia y que se reconozca la incapacitad desde el momento del aislamiento y desde la sospecha de padecimiento de COVID-19".
Lo cierto es que, en medio de los descontentos, los expertos advierten que la expedición del decreto 676 de 2020 representa un avance en el reconocimiento de los derechos del personal de salud que se enfrenta diariamente a la pandemia. “Si no estuviera el nuevo decreto tendría que hacerse todo el proceso interno para establecer el origen de esa enfermedad para determinar que en efecto fue en el trabajo. El decreto se salta todo ese paso” y agrega que, “el hecho de que sea reconocida como enfermedad laboral es positivo porque si es confirmado los trabajadores tendrán las prestaciones sociales y económicas que son las incapacidad y atención por la ARL”.
Por ahora, es claro que el seguimiento a la situación que vive el personal de salud debe ser un imperativo para las autoridades del país y más a puertas del pico epidemiológico que se espera en las próximas semanas.
Luego de casi tres meses de haberse reportado el primer caso de COVID-19 en el país, el pasado 6 de marzo, el Gobierno Nacional expidió el decreto 676 de 2020 en el que se incluye el contagio de coronavirus en la tabla de enfermedades laborales. Esta decisión se adhiere a la orden ya expedida hace unos meses por medio del Decreto 538 de 2020.
En la decisión, expedida el 19 de mayo, se precisan nuevos aspectos como la responsabilidad de las Aseguradores de Riesgos Laborales (ARL) en asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas que se les realicen a los trabajadores del sector salud. Así como el cubrimiento, no solo al personal de sanidad, sino también del “personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios directos en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de la pandemia del nuevo corona virus COVID-19”, señala el documento.
Sin embargo, en el debate por el cuidado al personal de salud, la primera línea frente al brote que ya ha dejado más de 17.000 contagios en el país, aún siguen quedando algunos vacíos. Para la abogada Olga Cubides, subdirectora jurídica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), es claro que en el nuevo decreto no se incluyen aspectos de suma importancia como el reconocimiento económico durante el tiempo de sospecha de contagio: “El profesional de la salud pudo haber estado expuesto a un procedimiento generador de aerosoles en un paciente diagnosticado o sospechoso de COVID sin los elementos de protección personal adecuados y por lo tanto debe ser aislado ante el riesgo de contagio. Pero, en algunos casos, ante el aislamiento no le dan una incapacidad y algunas instituciones no le reconocen el pago, y tampoco la EPS ni ARL. Esto debe quedar expreso en una norma ”.
Lea: COVID-19 es reconocida como enfermedad laboral directa
En efecto, en el decreto 676 es claro que la responsabilidad de las ARL empieza una vez se confirme el diagnostico, “Las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL desde el momento del diagnóstico confirmado de COVID-19, deben reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad laboral por esa enfermedad”.
Para Mauricio Vasco, presidente de S.C.A.R.E, es una decisión que deja un sin sabor, “nosotros recibimos con aflicción este decreto 676 relacionado con el tema de la declaración del COVID-19 como enfermedad laboral. Si bien ese punto es positivo, vemos que el decreto al final desconoce el reconocimiento de las prestaciones económicas, sobre todo en la incapacidad que se le debe generar al personal de salud cuando hay sospecha de tener COVID-19. La mayoría de talento humano en salud lo que está teniendo ahora es el aislamiento cuando tiene el contacto con los casos sospechosos y hubo alguna brecha en la prestación del servicio”.
En respuesta, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, que ha fungido en algunos casos como defensora de los derechos laborales del personal en salud, solicitó “la modificación urgente del decreto para lograr una efectiva protección del Estado Colombiano al ejercicio profesional del talento humano en salud en el país durante esta pandemia y que se reconozca la incapacitad desde el momento del aislamiento y desde la sospecha de padecimiento de COVID-19".
Lo cierto es que, en medio de los descontentos, los expertos advierten que la expedición del decreto 676 de 2020 representa un avance en el reconocimiento de los derechos del personal de salud que se enfrenta diariamente a la pandemia. “Si no estuviera el nuevo decreto tendría que hacerse todo el proceso interno para establecer el origen de esa enfermedad para determinar que en efecto fue en el trabajo. El decreto se salta todo ese paso” y agrega que, “el hecho de que sea reconocida como enfermedad laboral es positivo porque si es confirmado los trabajadores tendrán las prestaciones sociales y económicas que son las incapacidad y atención por la ARL”.
Por ahora, es claro que el seguimiento a la situación que vive el personal de salud debe ser un imperativo para las autoridades del país y más a puertas del pico epidemiológico que se espera en las próximas semanas.