Los retos para proteger los derechos de personas con discapacidad en Colombia

Representantes de la sociedad civil presentan hoy un informe ‘sombra’ en Ginebra, donde se realiza la 16ª sesión del Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En este espacio se analizará el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de lo dispuesto por la ONU en esta materia que, además, contará con la presencia de Juan Pablo Salazar, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad y director del Plan Presidencial de Inclusión de Personas con Discapacidad, como representante del Estado. En la redacción del informe participaron activistas, algunos de ellos con discapacidad , como Andrea Cortés, Martha Osorno, Natalia Morales y Ánderson Henao, cuyas historias pueden ser leídas en el especial multimedia de elespectador.com.

¿Qué tiene que ver esta reunión de funcionarios y expertos con la vida real y concreta de los millones de colombianos que viven con discapacidad? ¿Qué se puede esperar de lo que allí va a suceder?

La Convención es el acuerdo internacional sobre derechos humanos más importante de inicios de este siglo. Aprobada en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, determina un cambio profundo en las maneras de asumir y valorar a las personas con discapacidad. Se aleja en su concepción de la visión de las discapacidades fundamentada en las limitaciones individuales, para llamar la atención sobre las barreras culturales y estructurales que limitan la participación plena de esta población en la sociedad. Las discapacidades psicosociales, mentales, físicas, visuales y auditivas tienen como consecuencia, precisamente, capacidades diversas.

Sin embargo, estas capacidades se incrementan, o se reducen, por los contextos físicos, por las condiciones materiales y por los valores sociales en los que las personas llevan su existencia. Las discapacidades son asuntos de las políticas sociales y no son sólo cuestiones de los individuos y de sus familias.

Por esto, la Convención, que fue promovida por el movimiento internacional de personas con discapacidad, afirma la necesidad de introducir adaptaciones, de realizar ajustes y de proveer apoyos para que estas puedan llevar una vida lo más independiente y autónoma posible, ajena a las exclusiones y con acceso pleno a las oportunidades y servicios. Todo ello tiene que ver, claro está, con decisiones y actitudes de las mismas personas con discapacidad y de sus familias, pero también es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y, de manera especial, de los estados.

Son los gobiernos los que deben formular y desarrollar políticas y acciones específicas para remover las barreras que hoy se encuentran para acceder a la educación, a la salud, al trabajo, a la vida en comunidad, a la justicia, a la movilidad, así como a la participación política y al desarrollo de vidas libres de cualquier forma de exclusión y discriminación.

La Convención ha sido ratificada por 166 países y Colombia lo hizo el 10 de mayo de 2011, aunque la aprobó y la introdujo en su legislación desde el año 2009, con la Ley 1346. Los estados comprometidos adquieren la responsabilidad de presentar informes periódicos sobre su puesta en marcha y acerca de su desarrollo en las distintas naciones, que son el punto de partida para el monitoreo y para el seguimiento de la Convención que realiza un comité de 18 expertos del mundo entero.

Se trata de un proceso riguroso y sistemático que incluye, además de la elaboración de informes alternos por parte de estas organizaciones, visitas in situ del comité a los países para hacer consultas y para contrastar directamente la información que ha recibido.

Este martes se analizará la situación de la Convención y, por tanto, de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, se analizarán los avances en las políticas orientadas a los derechos de los colombianos con discapacidad, se señalarán las dificultades y se elaborarán recomendaciones, que ojalá sean asumidas por el país, en particular por Estado, como el norte de las acciones y de los criterios a impulsar en el corto y mediano plazo.

Sin duda en Colombia se ha avanzado: se ha generado una legislación importante para la protección de los derechos de la población con discapacidad, se han establecido mecanismos para su participación en la definición de los principios y las acciones que afectan sus vidas y se ha generado una institucionalidad para atender la garantía de sus derechos. Sin embargo, es mucho el camino por recorrer: se hacen evidentes las dificultades y los prejuicios culturales que impiden reconocer y valorar la diversidad, y los procesos se muestran desarticulados y sin coordinación.

Muchas personas con discapacidad, en especial los niños, las mujeres y quienes habitan en el sector rural, encuentran negados sus derechos. Por esto es urgente que el Estado colombiano, antes de seguir promulgando más leyes y decretos, se preocupe y se ocupe del cumplimiento de la normatividad vigente, abandonando así la tradición nacional de creer que es suficiente promulgar una ley para que se cumplan los derechos.

Ojalá esta sesión del comité de las Naciones Unidas contribuya a que en el país, y en especial en los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, se tome conciencia de los derechos de las personas con discapacidad y sobre sus posibilidades de contribuir activamente en la comunidad. Se menciona por doquier a la inclusión, se hacen declaraciones acerca de los derechos, de la autonomía, se exhorta a la vida independiente y, al mismo tiempo, se mantienen procesos de institucionalización, de exclusión de las oportunidades, de segregación educativa, de exclusión laboral, de discriminación, de interdicción, de esterilización y de negación de los derechos en razón de las discapacidades, así como de tercerización y mercantilización de los servicios para la población.

Todas estas prácticas y actitudes no son consecuentes con la Convención. Es de esperar que los diálogos que se llevarán a cabo en Ginebra durante la próxima semana sirvan para que el Estado colombiano tome mayor conciencia de ello.

*Miembro de la Coalición Colombiana por la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Representantes de la sociedad civil presentan hoy un informe ‘sombra’ en Ginebra, donde se realiza la 16ª sesión del Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En este espacio se analizará el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de lo dispuesto por la ONU en esta materia que, además, contará con la presencia de Juan Pablo Salazar, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad y director del Plan Presidencial de Inclusión de Personas con Discapacidad, como representante del Estado. En la redacción del informe participaron activistas, algunos de ellos con discapacidad , como Andrea Cortés, Martha Osorno, Natalia Morales y Ánderson Henao, cuyas historias pueden ser leídas en el especial multimedia de elespectador.com.

¿Qué tiene que ver esta reunión de funcionarios y expertos con la vida real y concreta de los millones de colombianos que viven con discapacidad? ¿Qué se puede esperar de lo que allí va a suceder?

La Convención es el acuerdo internacional sobre derechos humanos más importante de inicios de este siglo. Aprobada en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, determina un cambio profundo en las maneras de asumir y valorar a las personas con discapacidad. Se aleja en su concepción de la visión de las discapacidades fundamentada en las limitaciones individuales, para llamar la atención sobre las barreras culturales y estructurales que limitan la participación plena de esta población en la sociedad. Las discapacidades psicosociales, mentales, físicas, visuales y auditivas tienen como consecuencia, precisamente, capacidades diversas.

Sin embargo, estas capacidades se incrementan, o se reducen, por los contextos físicos, por las condiciones materiales y por los valores sociales en los que las personas llevan su existencia. Las discapacidades son asuntos de las políticas sociales y no son sólo cuestiones de los individuos y de sus familias.

Por esto, la Convención, que fue promovida por el movimiento internacional de personas con discapacidad, afirma la necesidad de introducir adaptaciones, de realizar ajustes y de proveer apoyos para que estas puedan llevar una vida lo más independiente y autónoma posible, ajena a las exclusiones y con acceso pleno a las oportunidades y servicios. Todo ello tiene que ver, claro está, con decisiones y actitudes de las mismas personas con discapacidad y de sus familias, pero también es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y, de manera especial, de los estados.

Son los gobiernos los que deben formular y desarrollar políticas y acciones específicas para remover las barreras que hoy se encuentran para acceder a la educación, a la salud, al trabajo, a la vida en comunidad, a la justicia, a la movilidad, así como a la participación política y al desarrollo de vidas libres de cualquier forma de exclusión y discriminación.

La Convención ha sido ratificada por 166 países y Colombia lo hizo el 10 de mayo de 2011, aunque la aprobó y la introdujo en su legislación desde el año 2009, con la Ley 1346. Los estados comprometidos adquieren la responsabilidad de presentar informes periódicos sobre su puesta en marcha y acerca de su desarrollo en las distintas naciones, que son el punto de partida para el monitoreo y para el seguimiento de la Convención que realiza un comité de 18 expertos del mundo entero.

Se trata de un proceso riguroso y sistemático que incluye, además de la elaboración de informes alternos por parte de estas organizaciones, visitas in situ del comité a los países para hacer consultas y para contrastar directamente la información que ha recibido.

Este martes se analizará la situación de la Convención y, por tanto, de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, se analizarán los avances en las políticas orientadas a los derechos de los colombianos con discapacidad, se señalarán las dificultades y se elaborarán recomendaciones, que ojalá sean asumidas por el país, en particular por Estado, como el norte de las acciones y de los criterios a impulsar en el corto y mediano plazo.

Sin duda en Colombia se ha avanzado: se ha generado una legislación importante para la protección de los derechos de la población con discapacidad, se han establecido mecanismos para su participación en la definición de los principios y las acciones que afectan sus vidas y se ha generado una institucionalidad para atender la garantía de sus derechos. Sin embargo, es mucho el camino por recorrer: se hacen evidentes las dificultades y los prejuicios culturales que impiden reconocer y valorar la diversidad, y los procesos se muestran desarticulados y sin coordinación.

Muchas personas con discapacidad, en especial los niños, las mujeres y quienes habitan en el sector rural, encuentran negados sus derechos. Por esto es urgente que el Estado colombiano, antes de seguir promulgando más leyes y decretos, se preocupe y se ocupe del cumplimiento de la normatividad vigente, abandonando así la tradición nacional de creer que es suficiente promulgar una ley para que se cumplan los derechos.

Ojalá esta sesión del comité de las Naciones Unidas contribuya a que en el país, y en especial en los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, se tome conciencia de los derechos de las personas con discapacidad y sobre sus posibilidades de contribuir activamente en la comunidad. Se menciona por doquier a la inclusión, se hacen declaraciones acerca de los derechos, de la autonomía, se exhorta a la vida independiente y, al mismo tiempo, se mantienen procesos de institucionalización, de exclusión de las oportunidades, de segregación educativa, de exclusión laboral, de discriminación, de interdicción, de esterilización y de negación de los derechos en razón de las discapacidades, así como de tercerización y mercantilización de los servicios para la población.

Todas estas prácticas y actitudes no son consecuentes con la Convención. Es de esperar que los diálogos que se llevarán a cabo en Ginebra durante la próxima semana sirvan para que el Estado colombiano tome mayor conciencia de ello.

*Miembro de la Coalición Colombiana por la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).