Menos conocida que la cumbre ambiental, que roba titulares sobre el calentamiento global y el “fin del mundo”, la décima sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (COP10) comenzó este lunes en Ciudad de Panamá. Más de 180 países, organizaciones gubernamentales y sociedad civil se reúnen alrededor de un tema: el impacto en la salud pública del tabaco y cómo encontrar formas y caminos para reducirlo, ya sea a través de la prohibición o la regulación. Colombia (como casi toda América, exceptuando países como Argentina y EE. UU.) hace presencia en la cumbre, que se desarrolla entre la política, la ciencia y el activismo.
Ha sido una cita que se ha hecho esperar. La última COP en la que los delegados de los países se vieron las caras fue en 2018, cuando se realizó en Suiza. La que tenía que realizarse dos años después, en 2020, se hizo virtualmente debido a la pandemia de covid-19. Y aunque originalmente la COP10 estaba citada para noviembre de 2023, una situación compleja de orden público en Panamá la pospuso e incluso la hizo peligrar. Finalmente, los países acordaron llevarla a cabo entre el 5 y el 10 de febrero de 2024, para lo cual Ciudad de Panamá ha dispuesto de su Centro de Convenciones, un gran edificio localizado en la orilla Pacífica del famoso canal, que por estos días luce repleto de afiches e imágenes de advertencia en los que se ilustra a hombres y mujeres cadavéricos fumando cigarrillos.
En los alrededores del edificio, grupos de activistas se reúnen a arengar contra la industria y a pedirle a sus gobiernos endurecer sus posiciones. “Alto a las tabacaleras” “Tabaco no, vida sí” se escucha.
Las tabacaleras no están invitadas. Desde que se negoció y entró en vigor el 27 de febrero de 2005, el Convenio Marco para el Control del Tabaco es un tratado internacional que se esfuerza no solo en abordar la amenaza a la salud pública causada por el consumo de tabaco a través de medidas para limitar la demanda y oferta de estos productos, sino que también busca dejar fuera de estas discusiones a la industria. El artículo 5.3 establece claramente que “las Partes actuarán para proteger estas políticas de los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera de conformidad con la legislación nacional”. Es uno de los puntos que más enorgullece al mundo del activismo, que por estos días concentra parte de sus esfuerzos en hacer cumplir esa medida. (Puede ver: “Somos un país que creció invalidando las emociones”)
No la tienen, sin embargo, muy fácil. Este lunes la plenaria de la COP (que reúne a los 183 países que han ratificado el acuerdo) comenzó pasadas las 10:00 a.m., pero horas antes las regiones de la OMS se reunieron para terminar de cerrar acuerdos y posiciones conjuntas. En la sala Caribe 4-5 del Centro de Convenciones, la región americana se congregó. “Sabemos del intento de intervencionismo de la industria y le pedimos a los Estados parte actuar contra ella”, dijo en un momento de la reunión la mesa directiva.
Ecuador llevará a la plenaria una declaración de transparencia en la que está pidiendo que las delegaciones de los países declaren si tienen conflicto de interés. “La influencia de la industria no se ha notado en la COP porque apenas comenzó, pero en los meses anteriores sí se ha sentido”, nos dijo un diplomático.
El 14 de agosto de 2023, la Secretaría publicó un comunicado en el que señalaba que observaba “con preocupación” que algunos Estados estaban siendo contactados por representantes de la industria tabacalera y de otros sectores “para ofrecer viajes y apoyo técnico, incluidos asesores, para sus delegaciones oficiales”. La Secretaría aprovechaba entonces para recordar que “existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública”.
La Universidad de Bath, del Reino Unido, publicó el pasado 24 de enero un extenso informe en el que repasa lo que llama “una serie de incidentes de interferencia” en el que se reseñan, entre otras cosas, la realización de encuentros paralelos (incluso en Ciudad de Panamá), declaraciones e informes periodísticos donde importantes empresas tabacaleras de América Latina y del mundo aparecen haciendo menciones negativas a la COP10. (Puede ver: El ácido glicólico, sus efectos y beneficios en la piel)
Algunas organizaciones civiles como Corporate Accountability, la Red Nacional Antitabaco (RENATA), Salud Justa Mx (México), Fundación Anáas (Colombia), Red PaPaz (Colombia) y otras de países como Chile, El Salvador y Honduras, publicaron un comunicado en el que denuncian que la industria ha desplegado “una intensa campaña global para incidir sobre los gobiernos”.
Entre las delegaciones, activistas y observadores se comenta abiertamente la discusión sobre si los nuevos productos como los vapeadores o los cigarrillos electrónicos son una forma de mitigación o reducción de riesgo. Se trata de una discusión álgida que explicamos en este artículo (y otros más) que hemos publicado en El Espectador y que se centra en un par de preguntas: ¿son estos productos menos dañinos que los cigarrillos “normales”? ¿Podrían ser usados como una estrategia para que la gente deje de fumar?
Mientras la industria responde positivamente a ambas preguntas y pide que la regulación sobre estos productos sea diferente a la que cobija a los cigarrillos y al tabaco “tradicional” (es la posición que se defiende, por ejemplo, en Colombia), otro sector importante señala que no hay evidencia para decir eso y pide que esos “nuevos” productos tengan la misma regulación (con las mismas limitaciones y prohibiciones) que los cigarrillos “normales”. Entre las delegaciones y activistas corre un rumor:Reino Unido aprovechará el contexto de la COP10 para presentar un programa de salud pública dirigido a fumadores que se basa justamente en esta idea de “reducción de riesgos”.
Aunque esta discusión sobre productos como los vapeadores y cigarrillos electrónicos no está propiamente en la agenda de la COP10, seguramente se abordará y despertará debate en otros puntos fundamentales que sí se discutirán. Uno de ellos tiene que ver con la propuesta de directrices para abordar la publicidad y promoción del artículo 13. Allí se busca que los Estados avancen hacia una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, o en caso de que no se puede debido a su constitución o principios constitucionales, se apliquen restricciones. Entre esas restricciones podría estar, por ejemplo (se recomienda en el artículo) exigir que toda publicidad esté acompañada de una advertencia sanitaria.
“El problema es que esas directrices, aunque muy buenas, surgieron cuando nadie podía enviar un WhatsApp porque nada de esto del mundo digital existía como hoy existe”, dice Miguel Asqueta, director general de Salud del Ministerio de Salud Pública de Uruguay y representante de ese país en la COP10, uno de los estados que defiende posiciones más duras frente al tabaco y la industria.
La propuesta de directrices que se discutirá y que varios estados y organizaciones civiles buscan aprobar, incluye en esas restricciones originales de publicidad y promoción todo lo que tiene que ver con redes sociales y mundo digital. Una de las ampliaciones que más ruido está haciendo y que seguramente despertará mucha discusión tiene que ver con la que propone responsabilizar a las grandes empresas de redes sociales (como Meta o Instagram) de controlar esa publicidad.
Si en esa ampliación de control a redes sociales se incluirán (o no) los nuevos productos como vapeadores y cigarrillos electrónicos, será seguramente un punto que discutirán los Estados.
Países como Brasil y Ecuador también llevan diferentes propuestas. El primero, por ejemplo, busca avanzar en la discusión y acuerdos que reconozcan el impacto del tabaco en el medio ambiente, acordando el inicio de estudios e investigaciones que permitan, si es el caso, hallar responsables; mientras el segundo busca que haya un enfoque de derechos humanos en cualquier discusión sobre regulación o prohibición.
Finalmente, los Estados también esperan avanzar en el diálogo sobre un mecanismo de apoyo al examen de aplicación para ayudar a las partes a cumplir con sus obligaciones. Aunque los países de las Américas buscan llegar con una posición regional consensuada sobre estos puntos, hay países que ya han comenzado a mostrar sus reparos. “Tenemos un consenso político, pero no uno económico”, nos dijo un diplomático. Se refiere a que las resistencias se ubican sobre todo en aquellas naciones cuya economía tiene un importante ingreso en la producción del tabaco.
*El Espectador está en Panamá invitado por Campaign for Tobacco-Free Kids. La organización respeta y no interfiere de ninguna manera en el contenido periodístico de este cubrimiento.
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