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La propuesta del Ministerio de Salud para reducir el precio de varios de los anticonceptivos que se comercializan en el país acaba de recibir un espaldarazo: 22 organizaciones se unieron para manifestar, a través de una carta, su apoyo a la medida (Circular 07 de 2018). Entre los firmantes están la Comisión Colombiana de Juristas, la Escuela de Género de la Universidad Nacional, la Federación Médica Colombiana, la Fundación Ifarma y la Mesa por la vida y la salud de las mujeres. (La pelea por evitar que los anticonceptivos bajen de precio)
A los ojos de estas organizaciones, la iniciativa “se justifica en el especial interés de superación de barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y, hacia un sistema de salud que priorice los derechos de las personas por encima de intereses económicos. Mediante este proyectoel Ministerio pone un precio máximo de venta a diversos medicamentos anticonceptivos en el canal institucional (EPS, IPS, ESE, etc.) y, por primera vez, extiende dicha regulación al mercado privado, es decir a los medicamentos anticonceptivos que las personas compran directamente de su bolsillo en las droguerías y farmacias”. (Lea El injustificado silencio de Profamilia)
La misiva, también firmada por Women’s Link Worldwide, el Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana (Observamed), el Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder de la U. Nacional y Misión Salud, reitera que “no controlar el precio de los anticonceptivos empeora las brechas de género en términos económicos”. (Los argumentos de Profamilia frente al precio de los anticonceptivos: ¿Verdad o mentira?)
Las cifras de esa brecha son claras: las colombianas reciben, en promedio, 20% menos de salario que los hombres y enfrentan un desempleo mayor (13%). Además, “son ellas quienes culturalmente son las responsables del control de la reproducción debido a pautas culturales que, aunque se han venido modificando, persisten”.
Para estas organizaciones, la regulación que promueve el Minsalud es clave por varias razones. Una de ellas es porque “ampliar el acceso a métodos anticonceptivos es un requisito indispensable para proteger el derecho a la autonomía sexual y reproductiva de mujeres y hombres. Igualmente, ayuda a reducir los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes y los abortos inseguros que ponen en riesgo la vida de las niñas y las mujeres y que influyen en la perpetuación del ‘círculo vicioso’ de la desigualdad”.
A lo que se refieren es que hay un número importante de mujeres que no pueden acceder a métodos anticonceptivos modernos. En América Latina y el Caribe, esa cifra puede ser de 1,2 millones. “Si esta necesidad insatisfecha se cubriera en la región, habría una disminución de alrededor de dos terceras partes en el número anual de embarazos no planeados, que podrían pasar de 14 a 5 millones por año”, advierten.
Además, la regulación que busca el Ministerio de Salud y que, posiblemente, será firmada la próxima semana, resolvería el hecho de que los anticonceptivos cuesten más que en otros países. Como lo ha mencionado este diario en varias oportunidades, algunos de estos medicamentos se venden a un valor superior de lo que se comercializan en Colombia. Los ejemplos abundan: la tableta de Yasmín de tres miligramos, producida por Bayer, hoy se vende a un poco más de $59.000 en las farmacias del país, mientras que en Brasil vale $29.826. En Ecuador $25.704 y en Noruega $19.691. La idea es que, con la medida, cueste alrededor de $22.000
Algo similar sucede con la tableta Nordette del laboratorio Pfizer. Mientras en las droguerías el costo suele ser de $17.500, en Ecuador puede costar $7.900, en España $6.844 y en México $1.896. En Argentina puede valer $20.408. (Lea El difícil caso del Spinraza, el medicamento más caro del mundo)
“La regulación de estos precios es crucial ya que son las droguerías del mercado privado la principal fuente de suministro de medicamentos anticonceptivos femeninos (>40%). Adicionalmente permitiría corregir que en Colombia las principales marcas de anticonceptivos hayan aumentado su precio en más del 20% en los últimos años”, escriben las organizaciones firmantes, entre las que también están la Red por la Justicia Tributaria, Universities Allied for Essential Medicines de la U. Nacional, el Colectivo de Mujeres del Tolima, la Alianza LAC-Global por el Acceso a Medicamentos, el Comité de Veeduría y Cooperación en Salud y la Acción Internacional para la Salud, de Perú. Por ejemplo, yasminq (Bayer), pasó de costar $40.000 en enero de 2016 a $50.000 a principios de 2018.
Igualmente, en la carta rechazan las presiones que han ejercido diferentes organismos internacionales y algunos laboratorios farmacéuticos. Como lo contó este diario, la Embajada de Estados Unidos, el Consejo de Empresas Americanas y algunos laboratorios como Abbott, enviaron cartas al Ministerio de Salud pidieron la suspensión de la medida porque, según ellos, generaría desabastecimiento y podría afectar a varios empleados. “Les invitamos”, apuntan las organizaciones “a que se unan en el propósito de defender los derechos fundamentales por encima de los intereses comerciales particulares”.
Con esta medida, el Ministerio de Salud, liderado por Alejandro Gaviria, busca un ahorro de $366 mil millones, si se tienen en cuenta los otros medicamentos que bajarán de precio: los antihipertensivos. En total, serán 1.645 presentaciones de medicamentos que disminuirán su valor.