Medimás no goza de buena salud

Fernando Carrillo *

Especial para El Espectador

Hay un clamor nacional por la calidad de la salud. No es una exageración decir que las deficiencias de la salud matan más gente que la guerra. Hay que decir con sinceridad que este tema sigue en cuidados intensivos. Un enfermo, en muchos casos, es atacado por varios males a la vez: corrupción, incompetencia, ineficiencia y desangre de recursos por la contratación. Un caso especial es Medimás, que continúa en la sala de observación de los organismos de control.

Desde el comienzo del proceso de venta de Cafesalud, la Procuraduría adelantó una actuación preventiva para garantizar que conllevara a la solución de la problemática que padecían, desde hace varios años, los afiliados de Saludcoop y de esta última EPS.

Dentro de las grandes preocupaciones manifestadas, en ese momento se destacan la falta de experiencia de aseguramiento de los compradores, la forma de pago de la operación y los riesgos en materia de integración vertical para que no se violen los topes permitidos por la ley para contratar su propia red.

Con la entrada en operación de Medimás y el seguimiento riguroso a nivel nacional cumplido por el Ministerio Público, desde septiembre se alertaron otras situaciones que afectaban el derecho fundamental a la salud de los colombianos. En especial, la inexistencia de una red de prestadores de servicio y la falta de atención a la población vulnerable, como niños, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, entre otras.

Por desgracia, para los usuarios de Medimás las advertencias del Ministerio Público no se escucharon ni se tomaron los correctivos a tiempo, y las falencias se convirtieron en una tragedia que se hubiera podido evitar.

Uno de los objetivos de la Procuraduría Ciudadana es garantizar el derecho a la salud. Actuamos con la Constitución en la mano, sin agenda política ni en defensa de ningún interés particular. Nuestra obligación es actuar para garantizar la dignidad humana, el bienestar de los afiliados y que la salud sea una actividad con sentido humanitario y no un simple negocio, en el que prime la rentabilidad financiera por encima de los derechos de los afiliados.

Hace sólo unos días la Superintendencia Nacional de Salud impuso dos multas a Medimás. La primera, de 1.500 salarios mínimos, por actuar de manera negligente e irregular en la atención de 3.220 pacientes vulnerables, a quienes no les garantizó el acceso a los servicios de salud. La segunda, de 2.300 salarios mínimos, por la comisión de infracciones administrativas, como la no conformación, garantía, organización y evaluación de la red de servicios de salud. Sorprende que cinco meses después de entrar en operación esta EPS se hicieran efectivas las primeras medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Cinco meses en que muchos de los afiliados a esa EPS vieron vulnerados sus derechos.

Esas sanciones confirmaron las tempranas advertencias de la Procuraduría: Medimás no contaba con una red de prestadores de servicios de salud en 27 departamentos, ni garantizaba, en muchos casos, la atención de población vulnerable.

Para el Ministerio Público persisten grandes preocupaciones frente a Medimás. Las investigaciones y los seguimientos adelantados evidencian posibles incumplimientos al proceso de venta por parte del Consorcio Prestasalud y de Medimás, a lo que se sumaría un problema societario interno que, además de la Procuraduría, también conocen la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación; la posible vulneración al tope de integración vertical; eventuales afectaciones al proceso de pago por la adquisición de Cafesalud; el riesgo de utilización de la UPC que percibe esta EPS por cada afiliado para otros fines, sin descontar que se mantiene la insuficiencia actual de la red para atender a sus cerca de cinco millones de usuarios a nivel nacional.

La Procuraduría no dará marcha atrás en su labor preventiva y de vigilancia. La protección efectiva del derecho a la salud de los afiliados a Medimás y sus familias es un deber irrenunciable. En las próximas horas iniciaremos la articulación interinstitucional que se requiere para superar esta problemática, sin perjuicio de exigir a los órganos rectores y actores del sistema las actuaciones que sean necesarias, lo que no puede ser interpretado como una renuncia a nuestra competencia disciplinaria.

El derecho a la salud de los colombianos es un compromiso irreversible que ojalá ocupe con prioridad el espacio que merece en la agenda de las propuestas de los candidatos presidenciales. El paciente no da espera. O actuamos ya de manera coordinada o vendrán malas noticias para todos.

* Procurador General de la Nación

Fernando Carrillo *

Especial para El Espectador

Hay un clamor nacional por la calidad de la salud. No es una exageración decir que las deficiencias de la salud matan más gente que la guerra. Hay que decir con sinceridad que este tema sigue en cuidados intensivos. Un enfermo, en muchos casos, es atacado por varios males a la vez: corrupción, incompetencia, ineficiencia y desangre de recursos por la contratación. Un caso especial es Medimás, que continúa en la sala de observación de los organismos de control.

Desde el comienzo del proceso de venta de Cafesalud, la Procuraduría adelantó una actuación preventiva para garantizar que conllevara a la solución de la problemática que padecían, desde hace varios años, los afiliados de Saludcoop y de esta última EPS.

Dentro de las grandes preocupaciones manifestadas, en ese momento se destacan la falta de experiencia de aseguramiento de los compradores, la forma de pago de la operación y los riesgos en materia de integración vertical para que no se violen los topes permitidos por la ley para contratar su propia red.

Con la entrada en operación de Medimás y el seguimiento riguroso a nivel nacional cumplido por el Ministerio Público, desde septiembre se alertaron otras situaciones que afectaban el derecho fundamental a la salud de los colombianos. En especial, la inexistencia de una red de prestadores de servicio y la falta de atención a la población vulnerable, como niños, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, entre otras.

Por desgracia, para los usuarios de Medimás las advertencias del Ministerio Público no se escucharon ni se tomaron los correctivos a tiempo, y las falencias se convirtieron en una tragedia que se hubiera podido evitar.

Uno de los objetivos de la Procuraduría Ciudadana es garantizar el derecho a la salud. Actuamos con la Constitución en la mano, sin agenda política ni en defensa de ningún interés particular. Nuestra obligación es actuar para garantizar la dignidad humana, el bienestar de los afiliados y que la salud sea una actividad con sentido humanitario y no un simple negocio, en el que prime la rentabilidad financiera por encima de los derechos de los afiliados.

Hace sólo unos días la Superintendencia Nacional de Salud impuso dos multas a Medimás. La primera, de 1.500 salarios mínimos, por actuar de manera negligente e irregular en la atención de 3.220 pacientes vulnerables, a quienes no les garantizó el acceso a los servicios de salud. La segunda, de 2.300 salarios mínimos, por la comisión de infracciones administrativas, como la no conformación, garantía, organización y evaluación de la red de servicios de salud. Sorprende que cinco meses después de entrar en operación esta EPS se hicieran efectivas las primeras medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Cinco meses en que muchos de los afiliados a esa EPS vieron vulnerados sus derechos.

Esas sanciones confirmaron las tempranas advertencias de la Procuraduría: Medimás no contaba con una red de prestadores de servicios de salud en 27 departamentos, ni garantizaba, en muchos casos, la atención de población vulnerable.

Para el Ministerio Público persisten grandes preocupaciones frente a Medimás. Las investigaciones y los seguimientos adelantados evidencian posibles incumplimientos al proceso de venta por parte del Consorcio Prestasalud y de Medimás, a lo que se sumaría un problema societario interno que, además de la Procuraduría, también conocen la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación; la posible vulneración al tope de integración vertical; eventuales afectaciones al proceso de pago por la adquisición de Cafesalud; el riesgo de utilización de la UPC que percibe esta EPS por cada afiliado para otros fines, sin descontar que se mantiene la insuficiencia actual de la red para atender a sus cerca de cinco millones de usuarios a nivel nacional.

La Procuraduría no dará marcha atrás en su labor preventiva y de vigilancia. La protección efectiva del derecho a la salud de los afiliados a Medimás y sus familias es un deber irrenunciable. En las próximas horas iniciaremos la articulación interinstitucional que se requiere para superar esta problemática, sin perjuicio de exigir a los órganos rectores y actores del sistema las actuaciones que sean necesarias, lo que no puede ser interpretado como una renuncia a nuestra competencia disciplinaria.

El derecho a la salud de los colombianos es un compromiso irreversible que ojalá ocupe con prioridad el espacio que merece en la agenda de las propuestas de los candidatos presidenciales. El paciente no da espera. O actuamos ya de manera coordinada o vendrán malas noticias para todos.

* Procurador General de la Nación