Ya cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley, firmado, entre otros, por los representantes Daniel Briceño (Centro Democrático) y Carol Borda (Salvación Nacional), que propone derogar los llamados impuestos saludables. La iniciativa, radicada en la Cámara de Representantes, plantea eliminar el gravamen que recae sobre las bebidas ultraprocesadas azucaradas y determinados productos comestibles ultraprocesados, como las gaseosas y algunos productos de paquete. Los tributos fueron aprobados en 2022 y empezaron a aplicarse gradualmente en 2023. Su objetivo es, fundamentalmente, desincentivar el consumo de productos asociados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, entre ellas la obesidad y la diabetes tipo 2.
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En medio de la discusión sobre sus efectos, han surgido varias afirmaciones sobre el impacto que esas medidas han tenido —o no— en el consumo, los precios, la salud y los hogares de menores ingresos. Algunas de ellas sugieren, por ejemplo, que los impuestos han quebrado a miles de tenderos, que no hay evidencia de que funcionan o que simplemente tienen un fin recaudatorio y no de mejorar la salud.
Para saber si son ciertas o no, en El Espectador revisamos qué indica la evidencia disponible y qué tan precisas son algunas de esas afirmaciones.
Hablamos con investigadores como Luis Fernando Gómez Gutiérrez, investigador del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana; Paul Rodríguez-Lesmes, economista e investigador de la Universidad del Rosario; Martha Yaneth Sandoval Salazar, economista de la Universidad Nacional y asesora del Global Health Advocacy Incubator; y Mylena Gualdrón Rivero, nutricionista dietista y coordinadora de la línea de nutrición de FIAN Colombia, una ONG que trabaja por la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas.
Los vacíos de los estudios de Fenalco
La discusión sobre estos impuestos se reavivó luego de un video publicado por el representante Briceño en sus redes sociales. En él, Briceño aparece en una tienda y utiliza la “mala” situación que viven muchos de estos establecimientos como uno de sus argumentos para cuestionar la medida.
Fenalco también ha advertido sobre el supuesto impacto en los tenderos: en 2022, el gremio estimó que los impuestos a las bebidas azucaradas podrían provocar una reducción de 8,04 % en las ventas de las tiendas. Para Sandoval, economista de la Universidad Nacional, esa estimación parte de dos problemas básicos. El primero es que asume que una caída en las ventas de bebidas azucaradas se traduce automáticamente en una caída igual en las ventas totales de las tiendas. Pero, señala, una tienda de barrio vende muchos otros productos, no solo gaseosas y otras bebidas azucaradas.
“Las ventas totales de una tienda contienen bebidas, más alimentos gravados, más otros productos no gravados”, explica Sandoval. Una reducción en las ventas de bebidas azucaradas no equivale, dice, a una reducción de las ventas totales del establecimiento.
El segundo problema, añade la economista, es que la estimación de Fenalco obvia algo que los expertos llaman “sustitución”. Si una persona deja de comprar una gaseosa porque aumentó de precio, no necesariamente deja de comprar en la tienda. “Un consumidor puede reemplazar ese producto por agua, leche, café, otra bebida, alimentos u otros productos vendidos por el mismo establecimiento y que no están gravados”, dice Sandoval.
Fenalco tiene una segunda fuente mucho más reciente para sustentar su argumento: la encuesta de Fenaltiendas de 2024. Allí, 60 % de los tenderos consultados afirmó que el impuesto había afectado sus ventas, mientras que 58,9 % dijo no haber encontrado una oferta para sustituir los productos.
Para Sandoval, la percepción de los comerciantes es información sobre cómo están experimentando la política, pero una encuesta de percepción responde una pregunta distinta a una evaluación causal. La investigadora lo explica con un ejemplo muy sencillo: si un tendero dice que considera que el impuesto afectó sus ventas, esa respuesta permite concluir que él percibe ese efecto. Lo que no permite determinar es cuánto cayeron sus ventas por causa del impuesto. Para responder eso habría que hacer algo más: comparar las ventas antes y después de la reforma y, sobre todo, estimar qué habría ocurrido con esas mismas tiendas si el impuesto no existiera.
Esto es clave porque las tiendas de barrio han estado sometidas al mismo tiempo a otros cambios. “Frente al impacto en las tiendas de barrio, la evidencia disponible sugiere que la situación de los tenderos no puede atribuirse de manera directa a los impuestos saludables, porque durante el mismo periodo el mercado minorista colombiano ha experimentado transformaciones importantes”, dice Sandoval.
La inflación, el ingreso disponible de los hogares, las modificaciones en los hábitos de consumo, los precios de los proveedores y la expansión de las tiendas de descuento también pueden afectar sus ventas. Una evaluación causal, dice la economista, tendría que intentar separar todos esos efectos.
Otro sector de los propios comerciantes identifica muchos de esos factores como problemas centrales. Javier Galindo Mesa, vocero de la Mesa Nacional de Tenderos y Comerciantes y quien cuenta que fue comerciante durante 30 años, dice que cuando se habla con los tenderos aparecen preocupaciones que van mucho más allá del impuesto. Menciona los arriendos, los servicios públicos, los trámites y permisos, los costos laborales, la inseguridad y, especialmente, la competencia de las grandes superficies.
Su lista es larga: habla incluso de renovación de la matrícula mercantil, derechos de autor, uso del suelo, permisos de bomberos, manipulación de alimentos, obligaciones tributarias y seguridad social de los trabajadores. “Hay problemas mucho más graves que los impuestos saludables”, plantea. “Reducirlo todo a eso no es el camino. Que las empresas productoras defienden sus intereses es válido. Pero eso no es lo fundamental para una tienda”.
El Banco de la República, por ejemplo, ha documentado que, después de la entrada de establecimientos de hard discount, disminuyen los ingresos laborales y las ganancias de los minoristas informales. Al mismo tiempo, cadenas como D1, Ara, Ísimo y OXXO ya sumaban más de 4.800 puntos de venta, aumentando la presión sobre las tiendas de barrio.
Otra forma de comprobar la magnitud del supuesto impacto es mirar el mercado laboral. Si los impuestos estuvieran provocando un deterioro generalizado de las tiendas, sería razonable buscar señales de ello en el empleo, los ingresos laborales o la informalidad, cree Paul Rodríguez-Lesmes, economista de la U. del Rosario. Él y otros investigadores analizaron, precisamente, los efectos de las políticas de impuestos saludables y etiquetado sobre el mercado laboral colombiano. Sus resultados, publicados a finales de 2025, no encontraron reducciones estadísticamente significativas y generalizadas en el empleo, los ingresos laborales o la informalidad en los sectores analizados. En el caso de las tiendas de barrio, encontraron estabilidad en el número de empleos y en el ingreso laboral total, aunque también identificaron algunos ajustes localizados que, según los investigadores, deben seguirse estudiando.
“No existe evidencia de que el impuesto haya producido un efecto positivo sobre la salud en Colombia”
ENGAÑOSO
La afirmación omite un elemento clave: el impuesto saludable fue aprobado en 2022 y comenzó a aplicarse de manera gradual, por lo que apenas en 2025 llegó a su tarifa completa. Es decir, explica Gualdron, de FIAN Colombia, lleva poco más de un año funcionando con toda su tarifa.
Esto importa porque enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares no cambian de manera inmediata. Son el resultado de la acumulación de factores de riesgo durante años. Por eso, una política que busca modificar uno de esos factores —en este caso, el consumo de bebidas azucaradas y ciertos productos ultraprocesados— necesita tiempo antes de que puedan medirse cambios en la aparición de enfermedades a escala nacional. La falta de evidencia suficiente sobre estos desenlaces finales no equivale a que no exista ninguna evidencia sobre los efectos de la política.
Lo que sí puede estudiarse desde ahora son algunos de los mecanismos intermedios: qué ocurre con los precios, las compras, el consumo y la composición de los productos.
“Los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no cambiaron los patrones de consumo de los colombianos, solo modificaron cuánto pagan por su mercado”
ENGAÑOSO
La afirmación presenta como un hecho que los impuestos no cambiaron el consumo, pero la evidencia disponible no permite sostener una conclusión tan tajante. Aunque todavía no existe una evaluación definitiva sobre su efecto general en los patrones de consumo de los colombianos, ya hay investigaciones que han encontrado cambios en las compras de algunos productos gravados, en el consumo reportado por los hogares y en la composición de ciertos alimentos y bebidas. Luis Fernando Gómez, investigador del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad Javeriana, explica que estos son precisamente algunos de los indicadores que deben observarse para evaluar una política de este tipo, no solo en Colombia, sino en el mundo.
El objetivo de un impuesto saludable no es únicamente aumentar el precio de los productos gravados: también busca generar cambios en las decisiones de compra y, a más largo plazo, en los patrones de consumo. Por eso, encontrar variaciones en las cantidades adquiridas o en los productos que se eligen constituye una señal relevante, aunque por sí sola no permita afirmar que ya hubo un cambio generalizado en la alimentación de la población.
En cuanto a las compras, dos investigaciones han encontrado señales de cambios asociados con los impuestos saludables. En Bogotá, la tesis de maestría en Economía de Paula Andrea Acevedo Rueda, de la Universidad Industrial de Santander, encontró que la respuesta de los consumidores al precio de las bebidas azucaradas aumentó después de la implementación del impuesto. Un incremento de 1 % en el precio pasó de asociarse con una reducción de 0,655 % en las compras antes del impuesto a una de 1,075 % después de su implementación (Acevedo Rueda, 2025). Además, el volumen promedio comprado, calculado a partir de las facturas, disminuyó aproximadamente 301 mililitros, con una reducción mayor en las tiendas del sur de Bogotá.
Otro estudio aún en proceso de publicación y realizado por Isabella Valencia-Prado y Paul Rodríguez con datos de escáner de una cadena de supermercados del Valle del Cauca, encontró un aumento relativo en los precios de las bebidas con alto contenido de azúcar y una reducción gradual cercana al 40 % en las cantidades vendidas (Valencia-Prado, 2026). Sin embargo, al estimar las ventas que probablemente se habrían registrado en ausencia del impuesto y compararlas con las observadas, la reducción agregada resultó modesta y no fue estadísticamente significativa.
También hay cambios en el consumo reportado. Según cifras del Ministerio de Salud construidas a partir de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, entre 2022 y 2024 disminuyó la proporción de personas que dijeron consumir diariamente algunos de estos productos. En el caso de las bebidas azucaradas, entre las personas de 29 a 44 años pasó de 24,9 % a 19,2 %. En los alimentos de paquete también se observa una reducción: entre las personas de 12 a 28 años, el consumo diario pasó de 18,7 % a 17,0 %. Y entre las personas de menores ingresos, la caída fue mayor: pasó de 18,1 % a 14,0 %. Esta última cifra corresponde al primer quintil de ingresos, es decir, y en palabras mucho más sencillas, al 20 % de los hogares con los ingresos más bajos.
Aunque los datos, por sí solos, no permiten establecer que esa reducción haya sido causada exclusivamente por los impuestos saludables, sí constituyen, en cambio, una señal de cambio en los patrones de consumo que debe tenerse en cuenta al evaluar sus efectos. "Estos resultados son consistentes con el objetivo de los impuestos saludables: desincentivar el consumo de productos asociados con mayores riesgos para la salud y generar mayores beneficios precisamente entre jóvenes y poblaciones de menores recursos", dice Sandoval, economista de la Universidad Nacional.
Finalmente, hay evidencia de reformulación en la industria. Un estudio publicado en BMC Medicine, que analizó 200 productos comercializados en Bogotá entre 2015 y 2024, encontró que el contenido de azúcar de las bebidas analizadas pasó de 8,9 a 4,8 gramos por cada 100 mililitros. En los alimentos sólidos, el sodio pasó de 400 a 296 miligramos por cada 100 gramos. Este resultado tampoco puede atribuirse exclusivamente al impuesto, pues durante ese periodo entraron en vigor otras políticas, como el etiquetado frontal. Por eso, la evidencia disponible todavía no permite afirmar que el impuesto haya transformado por completo los patrones alimentarios de los colombianos. Pero tampoco permite decir que su único efecto haya sido encarecer los productos. Hasta ahora hay señales de cambios en precios, compras, consumo reportado y composición de algunos productos.
“No existe evidencia internacional, más allá de modelos, de que los impuestos saludables mejoren indicadores de salud”
FALSO
Sí existen estudios que han evaluado qué ocurrió con algunos indicadores de salud después de implementar impuestos a las bebidas azucaradas en otros países. Y no son solo modelamientos. Los investigadores utilizan datos que efectivamente ocurrieron después de la política y buscan comparar ese comportamiento con lo que habría sucedido si la tendencia anterior hubiera continuado o con grupos similares que no estuvieron expuestos al impuesto.
En el Reino Unido, por ejemplo, un estudio liderado por Nina T. Rogers y publicado en 2023 en PLOS Medicine analizó datos de más de un millón de niños de escuelas primarias en Inglaterra. Los investigadores compararon la prevalencia de obesidad observada 19 meses después de la implementación, en abril de 2018, del impuesto a las bebidas azucaradas con la que se habría esperado si las tendencias anteriores hubieran continuado. Entre las niñas de 10 y 11 años se encontró una reducción de 1,6 puntos porcentuales en la prevalencia de obesidad, equivalente a una disminución relativa del 8 %. El descenso fue mayor entre las niñas que estudiaban en zonas con mayores niveles de privación socioeconómica: en el grupo de mayor privación la reducción llegó a 2,4 puntos porcentuales. En cambio, el estudio no encontró una reducción general similar entre los niños de esa edad ni entre los menores de 4 y 5 años.
En Estados Unidos también hay investigaciones que han encontrado cambios en indicadores de peso. En Seattle, donde desde 2018 existe un impuesto a las bebidas azucaradas, un estudio publicado en 2024 en JAMA Network Open siguió a 6.313 niños y comparó su evolución con la de niños de zonas cercanas donde no se aplicaba el impuesto. Los investigadores utilizaron registros médicos y construyeron un grupo de comparación con tendencias similares antes de la medida. Después de la implementación, encontraron una reducción estadísticamente significativa de 0,90 puntos porcentuales en el BMIp95, una medida que expresa el índice de masa corporal de un niño como porcentaje del percentil 95 esperado para su edad y sexo.
En otras palabras, se evaluó si la trayectoria de los niños de Seattle había cambiado más que la de niños similares que no estuvieron expuestos al impuesto.
En Filadelfia, un estudio publicado en 2024 analizó los registros médicos de adultos de 18 a 65 años para evaluar qué ocurrió después del impuesto a las bebidas azucaradas implementado en 2017. Los investigadores compararon la evolución del índice de masa corporal (IMC) de personas de Filadelfia con la de adultos de zonas cercanas de Pensilvania y Nueva Jersey donde no se aplicaba el impuesto. En el análisis, que incluyó a 587.121 adultos, encontraron que el IMC disminuyó 0,05 kg/m² adicionales por trimestre en Filadelfia frente al grupo de comparación, una diferencia que, acumulada durante los tres años, equivaldría a 0,60 kg/m². Los resultados sobre la proporción de personas con obesidad fueron similares, informaron los autores.
Otros trabajos han encontrado resultados en la misma dirección. Un estudio de cohorte en el área de San Francisco y un análisis de estudiantes de secundaria que utilizaron datos de varias ciudades estadounidenses también reportaron reducciones en medidas de IMC después de la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas. Investigaciones realizadas en ciudades de Estados Unidos han estudiado posibles asociaciones con resultados durante el embarazo y el nacimiento, mientras que estudios en México y Reino Unido han encontrado asociaciones con indicadores de salud oral.
“Los impuestos saludables encarecen la canasta básica familiar de los colombianos”
ENGAÑOSO
Según Gualdron, coordinadora de la línea de nutrición de FIAN Colombia, el primer problema de esta afirmación está en qué entendemos por “canasta básica familiar”. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE no es una lista de los alimentos indispensables que compra una familia. Es una canasta mucho más amplia, construida para medir cómo cambian los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. Allí hay alimentos, pero también vivienda, transporte, salud, educación, restaurantes y otros gastos. Además, cada producto tiene un peso diferente dentro del cálculo de la inflación.
Por eso, que las gaseosas, por ejemplo, hagan parte del IPC no significa que tengan el mismo peso que alimentos como el arroz, la papa, la carne o la leche. De hecho, dentro de la estructura del IPC, las gaseosas y maltas para consumo en el hogar representan apenas el 0,44 % del total. Todas las bebidas no alcohólicas, una categoría mucho más amplia que incluye productos gravados y no gravados, representan alrededor de 1,16 %.
Además, el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados que se aplica en el país tampoco abarca a todos los alimentos que hacen parte del IPC. Según el Ministerio de Hacienda, el impuesto tiene efecto directo sobre 21 de los 443 artículos que componen la canasta utilizada para medir la inflación. Productos como frutas, verduras, tubérculos, leche, carne, huevos, pescado, granos y pan no están gravados.
El Ministerio de Hacienda estimó, de hecho, que el efecto total del impuesto sobre la inflación sería de 0,21 puntos porcentuales en 2023, 0,11 en 2024 y 0,12 en 2025, incluyendo tanto el efecto directo sobre los productos gravados como posibles efectos indirectos sobre sus insumos. “Estas cifras indican que atribuir a los impuestos saludables un efecto significativo sobre el costo general de la canasta familiar no es consistente con la magnitud del impacto reportado por las propias entidades oficiales”, dice Sandoval.
Hay, además, otro punto que suele perderse en esta discusión: “ultraprocesado” no significa automáticamente “gravado”. El impuesto colombiano tiene umbrales y exclusiones. En las bebidas, por ejemplo, la tarifa depende de la cantidad de azúcares añadidos: desde 2025, las que tienen menos de 5 gramos por cada 100 mililitros tienen una tarifa de $0. Las bebidas sin azúcar añadida tampoco entran en la definición de bebida ultraprocesada azucarada.
En los alimentos, el impuesto tampoco se aplica indiscriminadamente a todos los productos procesados o ultraprocesados: deben cumplir las condiciones establecidas por la ley, entre ellas determinados umbrales nutricionales. También existen exclusiones expresas para productos como el arequipe o dulce de leche, el salchichón, la mortadela, la butifarra, el pan, las obleas y el bocadillo de guayaba. La ley contempla claras excepciones, como algunas donaciones a bancos de alimentos, y establece un umbral de ingresos para los productores personas naturales que determina cuándo son responsables del impuesto.
Por todo esto, presentar el impuesto como si hubiera encarecido de manera generalizada la “canasta familiar” no refleja cómo está diseñado el tributo ni la magnitud de su impacto estimado sobre la inflación.
“Los impuestos saludables son regresivos y afectan a los más pobres”
ENGAÑOSO
La afirmación tiene sustento si se observa únicamente la carga económica directa, señalan los investigadores que consultamos. Como ocurre con otros impuestos al consumo, los hogares de menores ingresos pueden destinar una mayor proporción de su presupuesto a los productos gravados. Por eso, cuando estos productos suben de precio, el impacto sobre el bolsillo de estas familias puede ser mayor en proporción.
Pero, según Paul Rodríguez-Lesmes y los demás investigadores consultados, esa no es la única variable que debe tenerse en cuenta. También importa qué ocurre después del aumento de precios: si las personas mantienen sus compras, reducen el consumo de los productos gravados o los sustituyen por otros.
Esto es relevante porque el propósito de estos impuestos no es solo recaudar, sino también desincentivar determinados consumos mediante el precio.
Desde esta perspectiva, un hogar de menores ingresos puede asumir una carga tributaria proporcionalmente mayor y, al mismo tiempo, obtener un eventual beneficio si reduce el consumo de productos asociados con factores de riesgo para la salud.
La evidencia internacional sugiere que los impuestos saludables pueden contribuir a disminuir la carga de enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente entre poblaciones socialmente vulnerables, y compensar parte del impacto económico que soportan estos hogares.
En Colombia hay señales en esa dirección. Entre 2022 y 2024, el consumo diario de alimentos de paquete entre el 20 % de la población con menores ingresos pasó de 18,1 % a 14 %, según cifras del Minsalud. Por eso, sostienen los investigadores, para evaluar el efecto distributivo del impuesto saludable no basta con mirar cuánto más paga un hogar, sino que también hay que considerar qué ocurre con ese gasto después: si la familia reduce el consumo del producto gravado o lo sustituye por una alternativa más saludable, ese posible beneficio en salud también hace parte del balance.
¿Quiere comerse un bocadillo de guayaba? No paga impuesto
El impuesto no se aplica de manera general a todos los productos ultraprocesados. La ley establece umbrales y exclusiones. En las bebidas, por ejemplo, las que no tienen azúcar añadida y usan edulcorantes no calóricos no pagan, y tampoco las que tienen menos de 5 gramos de azúcar añadida por cada 100 ml. En los alimentos hay productos expresamente excluidos del impuesto saludable, entre ellos el arequipe, el salchichón, la mortadela, la butifarra, el pan, las obleas y el tradicional bocadillo de guayaba.
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