El Ministerio de Salud emitió ayer un decreto por medio del cual establece el llamado modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, que fue uno de los pilares de los diferentes proyectos de reforma que presentó el Gobierno.
Con este decreto, entre otras cosas, buscan darle más capacidades a las entidades territoriales (Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales) para ordenar el sistema de salud y el acceso de los pacientes a la red de servicios.
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Uno de los puntos claves de este documento es la “Conformación, organización y gobernanza de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud - RIITS”. Esta tarea, que actualmente consiste en contratar a los hospitales y clínicas a los que pueden acudir los usuarios y guiarlos a través de esa red, pasará de estar a cargo de las EPS a estar en manos de las entidades territoriales de salud.
Sobre este punto, entidades como Acemi, que agremia a las EPS del régimen contributivo, habían manifestado su preocupación hace varios meses. Según el gremio, el decreto le resta responsabilidades a las EPS en puntos como la conformación de esas redes de servicios, lo que constituye un cambio de roles en el sistema de salud. Esto, aseguran, no debería hacerse por decreto, sino por medio de una ley.
Otro de los aspectos que había despertado críticas es la conformación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que serían la puerta de entrada de los usuarios al sistema de salud. Actualmente, los usuarios pueden elegir la EPS a la cual quieren afiliarse, pero ahora deberán estar vinculados a un CAPS.
El decreto también implementa las “regiones y subregiones funcionales”, que es una forma de dividir el país teniendo en cuenta diferentes criterios socioeconómicos para territorializar la salud. Sin embargo, diferentes EPS habían dicho a El Espectador que este también es un cambio que debe hacerse por medio de una ley.
Uno de los puntos que sí cambió en el proyecto, y que había recibido críticas por parte de actores de la salud, es el proceso de referencia y contrarreferencia. La “referencia” ocurre cuando un paciente es trasladado desde un nivel de atención básico (como un centro de salud local) a uno de mayor complejidad. La “contrarreferencia” es cuando el paciente, después de recibir atención especializada, es devuelto al centro de salud de origen para su seguimiento.
En un primer proyecto de decreto, el Minsalud le otorgaba esa capacidad a los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE), retirando esta responsabilidad a las EPS, quienes habían manifestado su descontento sobre este cambio de rol. Sin embargo, en el decreto emitido ayer, se estable que serán las EPS quienes “diseñarán, organizarán y documentarán el proceso de referencia y para sus afiliados”.
Tras la expedición del decreto, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas también emitió un pronunciamiento. “Estamos revisando la constitucionalidad y la legalidad de este decreto”, afirmó Agamenón Quintero, presidente de esa asociación, quien considera que el decreto implementa parte importante de la reforma a la salud que no ha sido aprobada en el Congreso. Según Quintero, el decreto genera incertidumbre en el sistema de salud y no resuelve los problemas que afronta el sistema de salud.
También, en mayo, tras manifestar sus inconformidades con el que entonces era un proyecto de decreto, Acemi también dijo a este medio que no descartaba la posibilidad de solicitar la nulidad de aquellos elementos que considera exceden las competencias del Gobierno, a través de una acción legal ante el Consejo de Estado.
Los cambios en el sistema de salud por decreto
Este es uno de los decretos que ha preparado el Gobierno durante los últimos meses luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que, de no aprobarse el proyecto de reforma a la salud que se discute actualmente en el Congreso, “vemos en decretos hasta dónde se puede salvar y lo demás se liquida”.
Hacer cambios estructurales al sistema de salud ha sido una de las principales apuestas del Gobierno Petro desde su llegada. Sin embargo, los proyectos que ha presentado, uno de los cuales se hundió en 2024, no ha logrado el apoyo suficiente en el legislativo. Además, el Gobierno ha recibido críticas por buscar cambios como la sustitución de funciones de las EPS. Algunos actores del sistema de salud, como Acemi, consideran que el cambio podría poner en riesgo el funcionamiento del sistema de salud.
Ante ese panorama, y con su segundo proyecto de reforma a la espera de ser debatido en la Comisión Séptima del Senado, el Gobierno ha buscado implementar por decreto algunos de los pilares de su apuesta por cambiar el sistema de salud. Las críticas a esta estrategia se han centrado en que los decretos podrían exceder las capacidades del poder Ejecutivo, realizando cambios que deberían tramitarse en el Congreso.
Este es el decreto emitido por el Minsalud
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