Este 10 de abril, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a la polémica que se ha creado en torno al barco diseñado para brindar servicios de salud en el Amazonas, una de las regiones más dispersas y de difícil acceso en Colombia. Hace unos días, el periodista Daniel Coronell reveló unos audios en los que se escucha a Beatriz Gómez Consuegra, delegada para prestadores de servicios de salud de la Superintendencia Nacional de Salud, presionando a funcionarios del hospital público San Rafael de Leticia para que firmaran el contrato que da vía libre a la embarcación. Al respecto, Jaramillo afirmó que el retraso para la construcción del buque no se debe “ni al Ministerio ni a Cotecmar -una empresa pública colombiana especializada en construcción naval-, sino a funcionarios negligentes”.
Minsalud lo denomina como “barco-hospital” y lo presenta como un centro de atención primaria en salud de carácter fluvial (CAPS-F, por sus siglas técnicas). Según las especificaciones que envió Cotecmar el pasado marzo en una cotización dirigida al Hospital San Rafael de Leticia -y que este periódico conoció- se trata de una embarcación autopropulsada de 46,3 metros de largo, 11,5 metros de ancho, y 2,9 metros de altura desde la base del caso hasta la cubierta principal. Su longitud equivale, aproximadamente, a medio campo de fútbol profesional, y su ancho es similar al de una calle de doble sentido.
Según explicó este martes Jaramillo, le embarcación contó, en un principio, con una asignación de $55.045 millones de pesos. Su diseño le permitiría bajar por el río Amazonas y subir por el río Putumayo para, incluso, llegar a territorios como Guapi, en el Pacífico colombiano. Aunque según el Ministerio, estaba previsto que preste servicios de alta complejidad, como pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general, psicología y psiquiatría en 9 municipios y una población de 193.357 personas, en el Amazonas, según nos había dicho el hospital San Rafael de Leticia, se estima que se iban a impactar a poco más de 8.000 personas.
Aunque la resolución 1315 de 2024 aprobó el recurso para la construcción del barco, la obra —que estaría a cargo de Cotecmar— nunca recibió la autorización para comenzar. Al respecto, Jaramillo hizo un recuento de las acciones que ha llevado a cabo Minsalud para dar inicio a la construcción del barco. Entre los documentos proyectados por Jaramillo en la rueda de prensa, destaca la carta que envió esa cartera el pasado 30 de julio de 2024 en la que se mencionaba que ya se tenían asignados los recursos y que solo faltaba contratar.
El 29 de agosto, se autorizó la asignación de presupuesto y el 30 de ese mismo mes se incorporó el recurso a través de una resolución. “Pero el 4 de septiembre se cambió el interventor (...) Estaríamos hablando de más de 7 meses de retraso”, afirmó Jaramillo. El 7 de octubre, el Hospital San Rafael Leticia solicitó reunión con Cotecmar para estudiar el proyecto. “Pero este proyecto empezó a estudiarse desde el 26 de julio de 2023, y otra vez nos estaban pidiendo que les enviáramos toda la documentación (...) Después, el 24 de febrero, la ESE le solicitó una nueva viabilidad del proyecto. Todo era para ponerle trabas a esto”, cree el ministro.
Minsalud espera a realizar una mesa socializaron en Leticia, Amazonas, durante el 10 y 11 de mayo, pero todavía no se ha suscrito el contrato para comenzar con la ejecución del proyecto. “Dicen que queremos hacer un negocio con la Armada, pero no estamos haciendo ningún negocio. La ley contempla los contratos interadministrativos (...) ¿Quién generó un detrimento de 10.000 de pesos por no firmar a tiempo? No fue el ministerio, ni la superintendencia ni Cotecmar, sino el hospital por una actitud negligente”, afirmó Jaramillo.
La otra mirada
La iniciativa enfrenta preguntas sobre su sostenibilidad financiera, su viabilidad operativa y su real utilidad en un departamento como la Amazonia, con un río que puede presentar graves sequías. “Cuando yo llegué a la institución, el 4 de septiembre de 2024, me encontré con un proyecto completamente estructurado, listo para contratar”, le contó hace unos días a ese medio Lina Baracaldo Moreno, agente interventora del hospital San Rafael quien se negó a firmar el contrato, lo que produjo su salida de la institución.
En sus palabras, el proyecto estaba diseñado en tres fases: la construcción del barco, su dotación y su transporte (el barco se construye en Cartagena, pero tiene que trasladarse hasta Leticia). “Inicialmente, cuando recibo el hospital, el proyecto cuesta $55.000 millones, incluyendo las tres fases. Posteriormente, en noviembre, Cotecmar dice que hay que actualizar la cotización, porque la primera se hizo a finales de 2023 y dicen que las condiciones del mercado cambiaron”, cuenta la exfuncionaria.
El proyecto sufrió entonces un ajuste tanto en las fases de ejecución como en el valor, ajuste que fue presentado por el hospital, aprobado por la Gobernación del Amazonas y viabilizado el 13 de diciembre por la Dirección de Prestación de Servicios (Subdirecciones de Prestación de Servicios y de Infraestructura en salud). Los $55.000 millones costearían la construcción, pero la dotación médica y tecnológica, así como el traslado de la embarcación desde Cartagena hasta Leticia, no tenían recursos garantizados.
“No había ningún soporte documental que me dijera a mí que podía garantizar que esas otras dos fases iban a ser financiadas”, dice Baracaldo. El Ministerio de Salud señalaba en la resolución que la fase II del proyecto, que consistía en la adquisición de la dotación para el Buque Hospital Fluvial, se viabilizaría una vez el avance en la construcción del barco fuera superior al 70%. Solo hasta ese momento, decía el Minsalud, la Secretaría Departamental de Salud del Amazonas debería presentar la actualización del proyecto en este componente con valores actualizados para la fecha y cumpliendo los requisitos establecidos. “Pero yo, como ordenadora del gasto, debía garantizar no solo la construcción, sino todas las fases del proyecto, incluyendo la sostenibilidad, que también estaba en duda”, defiende Baracaldo.
Justamente, la sostenibilidad financiera del buque, que tuviera la plata para operar después de construido, era otra de las principales preocupaciones del hospital. En una comunicación oficial enviada a la Supersalud el 31 de marzo, el Hospital San Rafael advirtió que los costos de operación del barco superaban los $16.000 millones. En el documento se señalaba que esa financiación no estaba asegurada y que según la proyección de venta de servicios, el resultado anual sería negativo en al menos $13.000 millones durante el primer año, cifra que aumentaría a $28.000 millones anuales a diez años, lo cual resultaba “incompatible con la situación de una entidad que lleva cuatro años bajo intervención forzosa administrativa”.
El 28 de diciembre de 2023, el entonces gobernador electo de Amazonas, Óscar Enrique Sánchez, envió una carta oficial al Ministerio de Salud expresando su total respaldo al proyecto del buque hospital. “Una vez asuma mis funciones, ratificaré el mismo y me pondré a disposición de las partes para contribuir a la construcción y puesta en marcha” del proyecto, se leía en la comunicación. Como una muestra del apoyo, el pasado 3 de febrero de 2025, entonces, la Gobernación —de la cual depende el hospital San Rafael— expidió la resolución 0301 que adicionó $55.000 millones al presupuesto del hospital San Rafael para la vigencia de ese año. Sin embargo, la Gobernación no autorizó el compromiso de vigencias futuras. Como el proyecto se planeó para ejecutarse en 22 meses, la falta de esa garantía presupuestal dejaba, para Baracaldo, la continuidad del buque aún más en el aire.
Además, existían preocupaciones técnicas en torno al buque. Si bien el Amazonas ya ha tenido experiencias previas con embarcaciones adaptadas para prestar servicios de salud, estas han sido de menor tamaño que la propuesta del Minsalud. “De grandes dimensiones, han existido en el Pacífico”, dice el médico Pablo Martínez, quien se ha especializado en temas de salud en la Amazonia y conoce muy bien ese territorio. “Un buque entre el área de Leticia y Puerto Nariño no tendría gran cobertura, porque la mayor parte de la población y con más necesidad está sobre el río Putumayo y el río Caquetá y sobre esos hay que pensar estrategias”.
El teniente Coronel (RA) Luis Eduardo Pino V, quien fue médico militar por 20 años, agrega un par de dudas adicionales. “Excepto que estas medidas hagan parte de un plan integral y duradero en el tiempo, se vuelven medidas temporales y que no tienen un impacto real en la salud pública a largo plazo. Uno no sabe cómo, desde el punto de vista de ingeniera naval, ajustaron las características del buque a los sitios donde pretendían llegar. ¿Dónde iban a parquear el buque? ¿La gente iba a llegar en lanchas? ¿Cómo se dio esa planeación? ¿Cuáles eran los estándares de operación?”, se pregunta. “Planes así tienen el riesgo de terminar siendo costosos y difíciles de operar. La mayoría de veces no redunda en beneficios para la gente”.
