Esta semana se conoció un informe realizado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) en el que se analizan las presiones fiscales que enfrenta el sistema de salud en Colombia. En él se advierte que la reforma a la salud que impulsa el Gobierno tendría un mayor impacto que el proyectado en las finanzas del país.
El Ministerio de Salud se pronunció esta tarde frente a ese informe, asegurando que los analistas “parten de supuestos incompletos que no reflejan la estructura real ni los objetivos del proyecto de ley que propone este Gobierno para transformar el sistema de salud”. Por esto, dice la entidad, habrían llegado a conclusiones sesgadas.
(Conozca los detalles del informe del CARF: Un nuevo informe choca con el optimismo fiscal del Gobierno frente a la reforma a la salud)
Pero, ¿qué es lo que dice el informe y cuáles son los argumentos del Minsalud para contrariarlo?
Los argumentos del Minsalud sobre el informe del CARF
Lo primero es que el análisis del CARF no solamente habla de la reforma. El documento es claro en que el sistema de salud está bajo múltiples presiones fiscales en este momento y que, con o sin reforma, la situación financiera del sector seguirá deteriorándose en los próximos años.
Sin embargo, sí dedica un apartado importante a estudiar los impactos que tendría la reforma en las finanzas del sistema de salud. De acuerdo con el informe, la reforma tendría un sobrecosto de 0,5 puntos del PIB, por el incremento en el gasto que implicarían rubros como la formalización laboral en el sector, la ampliación de la red de atención pública y los incentivos en la calidad de la atención.
Frente a esto, el Minsalud asegura que “el análisis del CARF parte de una premisa que ya no es válida: entender la reforma como si se tratara exclusivamente de ampliar la oferta de servicios del sistema actual. El informe desconoce que el corazón del proyecto es una estrategia de prevención basada en Atención Primaria en Salud (APS) y gestión anticipada del riesgo”.
De acuerdo con el comunicado de la entidad, estrategia de prevención que implementaría el Gobierno tendría un efecto en el que, aunque se aumente la oferta de servicios, aliviaría en el mediano plazo la carga que suponen para el sistema de salud las atenciones de mediana y alta complejidad.
Además, el Minsalud considera que informe asocia a la reforma gastos que el sistema tendría que hacer aun si el proyecto no prospera. Como ejemplo ponen la modernización de la red de atención pública, algo que no está atado a la reforma, sino que es “una obligación mínima del Estado de garantizar infraestructura digna para la atención de toda la población”, se lee en el comunicado.
Otro de los aspectos que analiza el CARF en su informe es el crecimiento de la UPC, que es la que financia la gran mayoría de servicios que reciben los usuarios a través de las EPS, y de los presupuestos máximos, con los que se financian los servicios y tecnologías que no están incluidas en la UPC. De acuerdo con el informe, el crecimiento de estos rubros juntos sería de 5,3 % anual entre 2026 y 2036, algo que superaría la capacidad de las fuentes de financiación del sistema de salud, creando un déficit que tendría que asumir el Estado.
Al respecto, la respuesta del Minsalud es que “el CARF proyecta la UPC a partir de la historia reciente del sistema, sin considerar la dinámica demográfica, epidemiológica y tecnológica del país ni la eficiencia que introduce la reforma. Proyectar la UPC bajo los parámetros del modelo actual —que arrastra sobrecostos, ineficiencias administrativas y un manejo discrecional de los recursos por parte de las EPS— es un error metodológico".
Por otra parte, los escenarios que plantea el CARF para plantear un déficit creciente en el sistema de salud toman en cuenta el aporte de entre COP 2,9 y COP 4 billones anuales que tendrían los impuestos saludables entre 2026 y 2036. Incluso contando con estos recursos, asegura el informe, las finanzas del sistema no serían suficientes y el déficit lo asumiría el Estado.
El Minsalud también contraría este punto. Según la entidad, “el documento ignora los avances del país en una política integral de impuestos saludables, que además de prevenir enfermedades de alto costo, genera recursos adicionales y estables para el financiamiento del sistema. Esta fuente tributaria reduce la presión futura sobre el gasto sanitario y fortalece la sostenibilidad del sistema basado en el aseguramiento social que plantea la reforma”.
En resumen, el CARF plantea escenarios en los que, con o sin reforma, las finanzas del sistema de salud se deteriorarán en la próxima década. Además, asegura que la reforma sumaría una carga fiscal más alta de la que el Gobierno está proyectando.
El Ministerio de Salud contesta a esto que el informe no está considerando efectos que tendría la implementación de la reforma y que, en su concepto, aliviarían parte de la carga fiscal que hoy tiene el sistema de salud.
“Si bien el CARF aporta insumos al debate, sus cifras parten de supuestos que no corresponden al diseño de la reforma, un análisis entendible dado que se trata de una entidad financiera que no cuenta con experticia en sistemas de salud. La propuesta del Gobierno no representa un salto al vacío fiscal, sino una transición ordenada hacia un sistema más eficiente, moderno, equitativo y sostenible”, concluye el comunicado del Minsalud.
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