En noviembre de 2020, Mariana*, de 27 años, esperaba los resultados de unos exámenes médicos de rutina. Su mayor preocupación era no volver a contagiarse de COVID-19. Sin embargo, la noticia de que tenía 11 semanas de embarazo la dejó sin aliento. No podía creer que hiciera parte de ese dos por ciento de casos en los cuales los anticonceptivos orales fallan.
“Entré en pánico. Lo primero que pensé es que quería que fuera un aborto medicamentoso. Quería hacer el procedimiento lo menos traumático posible”. Mariana no quería volver a una clínica después de su primer aborto ocho años atrás, cuando tenía 19 años.
De inmediato buscó asesoría en la Fundación Oriéntame y en Profamilia, organizaciones privadas que promueven y garantizan los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, para hacer la solicitud a través de su Entidad Promotora de Salud (EPS) Compensar. Mariana acudió bajo la causal de salud (que incluye la salud mental), una de las tres causales despenalizadas por la Corte Constitucional desde 2006 con la Sentencia C-355. El embarazo no era parte de su proyecto de vida y le estaba ocasionando una crisis de ansiedad grave. Sin embargo, la EPS nunca le contestó.
Esta falta de respuesta por parte de una EPS es inconstitucional desde 2011. Ese año, la Corte Constitucional falló la Sentencia T-841. En ella afirma que los servicios de aborto legal generan una obligación de garantía por parte de las administradoras de salud. Luego, en 2013, la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular No.003. Esta estípula que las EPS deben responder y realizar la IVE en cinco días desde la consulta médica.
Unos años atrás, en 2017, Elsa*, de 21 años, ingresó a urgencias por su EPS Famisanar. La atendieron en el centro de salud de Cafam Floresta en Bogotá por un dolor abdominal insoportable y por presentar vómito. Además de descubrir que tenía apendicitis, le dijeron que estaba embarazada.
“Recuerdo que lo primero que hice fue preguntarle al doctor cuáles eran mis opciones y él no me dijo nada. No sé si porque en verdad no sabía o porque pensaba que era un pecado”, relata. El silencio del médico vulneró el derecho constitucional de Elsa, consignado en la Sentencia T-388 de 2009. En esta, la Corte establece que las mujeres deben contar con información “suficiente, amplia y adecuada que les permita ejercer a cabalidad y en libertad sus derechos sexuales y reproductivos”.
La duda de Elsa tenía cabida: es probable que el médico no supiera la respuesta. Una investigación de 2018 de la ONG La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Universidad de Los Andes encontró que ningún currículo de Medicina, de cuatro universidades estudiadas, tiene estrategias pedagógicas sobre IVE. A pesar de que en todas se habla de las tres causales que despenalizan el aborto y del derecho a la objeción de conciencia, en ninguna se enseñan las normativas de los últimos 15 años. Así, los médicos y las médicas no cuentan con la información suficiente y pueden crear barreras sin saberlo.
En la primera parte de nuestro especial periodístico #NoNieguesMiDerecho investigamos las fallas y obstáculos que tanto EPS como IPS en Bogotá han puesto ante el derecho constitucional de abortar que tienen mujeres como Mariana y Elsa. En uno de los casos logramos identificar tratos crueles y misóginos por parte de algunos miembros del personal de salud de la IPS Juan N. Corpas. En el otro, la negación deliberada de un procedimiento de IVE amparado en la causal de salud por parte de la EPS Compensar.
Estos son solamente dos casos que reflejan los obstáculos que viven las mujeres en la capital del país. La Supersalud es la “entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar que los servicios de IVE sean garantizados dentro del sistema de salud” en palabras de La Mesa. Y recibió 95 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) contra Empresas Administradoras de Salud (EABP). Todas relacionadas con la obstaculización de la IVE en la capital en los últimos siete años.
PQRD relacionadas con IVE entre enero de 2020 y agosto de 2021 en Bogotá
Mariana es una mujer feminista desde hace años. Ella sabía que su EPS, Compensar, estaba obligada a atender su solicitud de IVE, y que el riesgo para su salud mental era razón suficiente para acceder a ella. Sin embargo, quería que su EPS la remitiera a Oriéntame o a Profamilia, dos IPS particulares. “Lo primero que me sugirieron en Oriéntame fue que lo hiciera de forma privada porque ya tenían antecedentes de que Compensar siempre demoraba o negaba el procedimiento y yo tenía que salir de esa situación lo más pronto posible”, cuenta.
En Profamilia le advirtieron lo mismo, pero le dijeron que lo solicitara de todas maneras. De pronto contaba con suerte y le autorizaban el procedimiento. Así lo hizo, pero la EPS nunca contestó. De acuerdo con cifras entregadas por Profamilia a El Espectador, 34.130 interrupciones voluntarias del embarazo dejaron de realizarse en el país en 2020, el año en que Mariana solicitó una IVE. Una de las razones fue que los servicios de salud se enfocaron en atender la emergencia sanitaria.
Pero es probable que la pandemia no haya sido la única razón por la cual Compensar no respondió a tiempo. Esta EPS, como le advirtieron a Mariana en Oriéntame y Profamilia, tiene un historial de negar el acceso a abortos permitidos por la Corte. En los últimos siete años, Compensar ha sido la EPS con más quejas y denuncias relacionadas con la IVE en Colombia y en Bogotá. Cuenta con 42 (PQRD) en la Superintendencia Nacional de Salud. Es una de las dos EPS sancionadas por la SuperSalud en Colombia por obstaculizar IVE junto a Servicio Occidental de Salud, que fue multada por 64 millones de pesos en 2015 por no dar una respuesta a una solicitud de IVE en los cinco días siguientes después de recibirla.
Compensar, por su parte, fue multada en febrero de 2018 por 234 millones de pesos por no garantizar el acceso a una IVE requerida por una usuaria. En septiembre de 2020, la EPS volvió a recibir otra multa de 298 millones de pesos por no cumplir con las instrucciones de la SuperSalud de mostrarle a la entidad un reporte sobre los servicios de IVE ofrecidos. Las pocas sanciones frente a la cantidad de PQRD reflejan que gran parte de los casos o se resolvieron o están aún en investigación por parte de la entidad.
El hecho de que Compensar sea de las EPS con más PQRD y de las pocas con sanciones relacionadas con la obstaculización de la IVE es preocupante. Esta entidad, por ejemplo, cuenta con 520.000 mujeres y niñas afiliadas en edad reproductiva nada más en Bogotá. De acuerdo con la información más reciente del Ministerio de Salud.
En el informe sobre barreras de acceso a IVE en pandemia que hizo La Mesa en 2021, distintas EPS, entre las que se encuentra Compensar, aseguraron que durante la pandemia implementaron una línea telefónica especial para que las mujeres accedieran a información sobre IVE, pero no le reportaron a la Mesa el tipo de información sobre IVE compartida a través de esa línea o las estrategias de difusión. Esto no permitió evaluar la efectividad de la medida durante la emergencia sanitaria. Aunque Mariana llamó por esta línea telefónica, al menos en su caso podemos evidenciar que la efectividad fue nula.
Por otro lado, varias EPS le afirmaron a La Mesa que la prestación del servicio de IVE se realizó en la oportunidad adecuada durante el año pasado. No obstante, en 2020 los principales motivos de las quejas presentadas ante la SuperSalud en contra de las EPS frente a la garantía de la IVE fueron precisamente la falta de oportunidad en la programación de procedimientos quirúrgicos, la demora en la referencia o contrarreferencia y en la autorización de procedimientos y la no aplicación de normas, guías o protocolos de atención.
Información suministrada por la Supersalud a MANIFIESTA muestra que el año pasado fue el que más registró quejas y denuncias contra EPS relacionadas con IVE. De hecho, hubo un total de 85 casos, presentando un aumento de 23 frente a 2019 y de 25 respecto a 2018. Adicional a esto, y de acuerdo a información de La Mesa, menos de la mitad de las mujeres que accedieron a una IVE el año pasado lo hicieron a través de sus EPS. El 15 por ciento del total de mujeres acompañadas desistió de hacerse el procedimiento por situaciones asociadas a la interposición de barreras por parte de las EPS.
El camino para acceder a la IVE no siempre es cuidadoso
Cuando el médico no le respondió a Elsa ella inmediatamente tomó su celular y buscó en Google si era permitido abortar en Colombia. Hasta ese momento no lo sabía. “El primer resultado que me salió fue Oriéntame. Ahí decía que el aborto era legal en tres causales y que una podía ampararse en la causal salud, que permitía el acceso por daños emocionales y psicológicos. Esa era mi causal”, dice Elsa.
A pesar de ser urgente, el embarazo no era su urgencia de salud más importante. Tenía una apendicitis que debía ser operada de inmediato. La trasladaron al hospital Juan N. Corpas, y allí, “un doctor me preguntó si quería contarle a mis papás lo del embarazo, yo en medio de lo que recuerdo le dije que no lo quería tener y que por favor no les dijera nada”. Después de la cirugía, Elsa duró varios días hospitalizada, pues alcanzó a presentar peritonitis.
“Mi papá al ver que seguía hospitalizada empieza a indagar y los médicos le dijeron que estaba embarazada”. Elsa cree que lo hicieron pensando en que se estaban salvando de una demanda, pero en realidad rompieron el secreto profesional. “No tenían por qué decirle a mi papá”, añade. La Sentencia T-388 de 2009 obliga al personal de salud a “ofrecer confidencialidad plena y a respetar el derecho de las mujeres a la intimidad y a la dignidad”, por lo que esos médicos fallaron en guardar el secreto profesional como obligación de primer orden.
Antes de salir de la clínica, luego de cinco días de permanecer hospitalizada, una psicóloga le hizo una valoración y le explicó que ella tenía derecho a la IVE gracias a la causal de salud. “Ella entregó un reporte muy bueno y puso que cabía dentro de la causal porque dentro de mi proyecto de vida no estaba contemplada la maternidad en ningún momento”. Fue la primera persona dentro de la IPS que cumplió su trabajo sin ejercer violencias contra Elsa. En ese momento no le hicieron la IVE porque estaba en recuperación de la cirugía de apendicitis.
Una semana después de estar en casa, Elsa contrajo una infección urinaria por no tomar uno de los antibióticos que debía. Ella y su madre no lo vieron en la receta y nunca lo compraron. Volvió a la misma IPS y mientras la preparaban para hospitalizarla de nuevo, le dijeron que la iban a trasladar a maternidad. “Les dije que no porque yo no lo quería tener. Al final me metieron a un cuarto normal, pero todo el tiempo las enfermeras me saludaban como ‘la mamita’”, recuerda.
También le incluyeron dos meriendas adicionales en su comida porque estaba embarazada. “Durante esa segunda hospitalización me hicieron una ecografía y me hicieron ver el feto”. Elsa tenía cuatro semanas de embarazo y apenas se veía el saco gestacional. Esa ecografía la hizo consciente de su poder de decisión y la convenció más de interrumpir el embarazo. “Vi lo que mi cuerpo era capaz de hacer, pero sabía que yo decidía”.
Las dos hospitalizaciones en total sumaron 10 días. En ese tiempo, las enfermeras fueron quienes más le recriminaron a Elsa su decisión. “Yo les decía que no lo iba a tener y me decían que me iba a arrepentir”. Todo el tiempo le recordaban que era una mujer profesional, con trabajo, con salud y estabilidad, no entendían por qué quería interrumpir el embarazo.
La Mesa también ha acompañado cientos de casos como el de Elsa, en los que el personal de salud ejerce maltrato y violencia contra las mujeres. En uno de sus informes de 2017 está consignado el caso de Was*. Ella, por ejemplo, tenía 18 semanas de embarazo cuando decidió interrumpirlo. Cuando ingresó a la sala de partos, una enfermera le dijo delante de otras mujeres y más personal de salud que “era una tristeza que el hospital practicara esos procedimientos, porque ellos debían dar vida, pero ahora se permitía matar a los bebés”. Por si fuera poco, Was informó a la misma enfermera esa noche que el misoprostol no estaba siendo totalmente efectivo. La enfermera en vez de atenderla, la siguió atacando y además no cambió las sábanas ni le brindó analgésicos para el dolor. Was contrajo una infección por la falta de cuidado de la enfermera.
No obstante, la historia de Elsa tiene el final que debería. Famisanar, su EPS, a través de la IPS Juan N. Corpas le suministró el aborto por medio de medicamentos. El último día de la segunda hospitalización, a las cuatro semanas exactas de gestación, “llegaron de ginecología y me dijeron: “Bueno, usted solicitó una IVE”. Me pasaron un papel en el que tenía que poner que me acogía a la sentencia C-355 de 2006 bajo la causal salud. Me dieron cuatro pastillas de misoprostol por vía vaginal”. Elsa pudo abortar sin ningún contratiempo.
Famisanar tiene 12 PQRD registradas en SuperSalud relacionadas con IVE en los últimos siete años. Asimismo, según información suministrada a MANIFIESTA por Oriéntame, es la EPS que más remite a esta IPS a sus pacientes. “No me he cambiado de EPS por si llego a necesitar otra IVE”, comenta Elsa.
Financiación de procedimientos de IVE en la IPS Oriéntame entre 2015 y 2021 en Bogotá
Mariana no soportaba el dolor agudo, sordo, que tenía en su útero y en el canal vaginal. Varios días atrás había intentado calmarlo con una dosis alta de analgésicos orales, también con inyecciones. Nada servía. No acudió antes a urgencias por miedo. Cuando se enteró de que estaba embarazada, en 2013, supo lo que quería: interrumpir el embarazo. Logró conseguir unas pastillas abortivas de manera clandestina en el centro de Bogotá. “Yo solo tenía el nombre de las pastas”, cuenta ella.
La persona que se las vendió le dijo que tomara cierta cantidad de misoprostol. Pero le dio mal la información.”Me recomendaron una dosis menor a la que yo debía tomar por el tiempo de embarazo. Tenía cinco semanas de gestación”. Llegó a la Clínica el Bosque diciendo que había sufrido un aborto espontáneo y que no sabía qué pasaba. “Nunca dije que había sido algo voluntario porque sabía y tenía conocimiento de las implicaciones que eso podría tener. Sabía de casos donde mujeres habían sido judicializadas o no las atendían por decir que había sido voluntario”, recuerda.
La intuición de Mariana no se equivocaba. La Mesa encontró que el personal de salud es el que más denuncia mujeres y niñas en Colombia. De los 5.580 casos en Fiscalía vinculados a investigaciones por aborto entre 1998 y 2018, el 75 por ciento fue denunciado por médicxs y demás operadores del sistema de salud. En la mayoría de casos, las mujeres denunciadas llegaron a los centros asistenciales luego de tomar algún medicamento para abortar, como en el caso de Mariana.
En contraste, Causa Justa encontró en 2019 que los funcionarios judiciales se niegan a recibir o fallar acciones de tutela interpuestas por mujeres o niñas para obtener una orden para realizar una IVE. Esto desestimula la toma de acciones legales contra las EPS o IPS que incumplen. Varias fuentes consultadas por MANIFIESTA aseguraron que era más probable que las mujeres acudieran primero a la Supersalud que a la acción de tutela.
No obstante, aunque esta entidad reportó un aumento significativo de PQRD relacionados con IVE contra EPS desde 2016, los reclamos siguen siendo mínimos. Por ejemplo, como ya mencionamos, el año pasado más de 30.000 abortos dejaron de realizarse, pero la Supersalud solo recibió 86 PQRD relacionadas con IVE en todo el país para el mismo periodo. Muchas veces la falta de información o el agotamiento que produce la revictimización dentro del sistema de salud genera que las afectadas no denuncien. Esta investigación de La Silla Vacía encontró también que las mujeres no denuncian las trabas y sin eso, los entes de control tienen poca posibilidad de imponerles multas. Esto podría explicar la diferencia tan abismal entre las negaciones y obstaculos para la IVE y los reportes de esas vulneraciones.
En el triage, la enfermera le indicó que lo más probable sería que el médico le brindara pastas abortivas para terminar de evacuar. Sin embargo, al pasar a la sala cuatro ginecólogos distintos, en vez de revisarla, la sometieron a un interrogatorio: “¿Qué pasó?”, “¿Por qué no me dice la verdad?”, “¿Qué se hizo?”, “¿En dónde consiguió lo que se metió?”. Mariana enmudeció. Una quinta ginecóloga llegó a decirle que tenía un coágulo en el cérvix que no permitía la total evacuación, que eso producía el dolor. En vez de darle las pastas, cuenta Mariana, la enfermera intentó sacarle el coágulo con los dedos, sin ningún tipo de anestesia. Ella gritó, lloró y le suplicó que parara. El procedimiento no sirvió y decidió suministrarle dos pastas más de misoprostol para que terminara de evacuar.
Para Catalina*, ginecobstetra del Grupo Médico por el Derecho a Decidir en Colombia el procedimiento realizado por la ginecóloga no era necesario y lo considera tortura. “Esa es una práctica completamente inadecuada. Ese acto va contra todos los protocolos médicos del aborto temprano. Todos los médicos saben que el aborto temprano se trata con medicamentos. Si no hay una evacuación completa, sino parcial, lo que debe hacer es darle una segunda dosis, no meterle los dedos y causarle dolor”, explica.
Médicas y médicos entrevistados por MANIFIESTA graduados entre 2017 y 2019 de las universidades Javeriana, Rosario y Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) admitieron que la IVE y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres eran un tema dentro del currículo de Medicina en sus universidades. Así, mientras en la Javeriana y el Rosario los entrevistadxs consideran que vieron la legislación y la formación médica sobre IVE a fondo, en la FUCS “es un tema que se vio por encima y es un tabú”.
No obstante, un informe de 2021 de Causa Justa reveló que el 59 por ciento de los ginecólogos en el país nunca ha realizado una IVE y el 65 por ciento no la hace en casos permitidos, en muchos casos porque no están de acuerdo. El 24 por ciento de quienes no realizan abortos apelan a razones morales o religiosas. Esto muestra que muchxs de lxs profesionales en Colombia no entienden que la IVE es un derecho protegido por la Constitución, sino un procedimiento en el que sus juicios, creencias y opiniones personales priman sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.
A esa experiencia traumática se refería Mariana cuando deseaba que el segundo aborto fuera por vía medicamentosa en Profamilia, para evitar ir a una clínica u hospital. Sin embargo, por su tiempo de gestación debió someterse a un procedimiento quirúrgico. “Un viernes me enteré de que estaba embarazada, el lunes estaba en Profamilia y el jueves me estaban haciendo el procedimiento”.
Mariana tuvo que sacar medio millón de pesos de su bolsillo para poder acceder a un aborto, pues Compensar no cumplió con su deber. “Las EPS están en la obligación de prestar el servicio porque la IVE está incluida en el Plan de Beneficios en Salud”, explica María Mercedes Vivas, directora de la Fundación Oriéntame. “Que dilaten la prestación del servicio o lo nieguen va en contra es un incumplimiento de la sentencia C-355, y es un desconocimiento de los servicios a los que las mujeres y personas en capacidad de gestar tenemos derecho en Colombia”, concluye.
Aunque en Oriéntame en los últimos seis años, la financiación particular es la que predomina en los procedimientos de IVE, en Profamilia predomina la financiación de las EPS desde 2017. Pasó de cubrir el 44.2 por ciento de los procedimientos ese año, a cubrir el 64.4 por ciento en 2020. No obstante, un 25.5 por ciento de las mujeres siguen acudiendo a sus recursos económicos. Como en el caso de Mariana.
Financiación de procedimientos de IVE en la IPS Profamilia entre 2012 y 2020 en Colombia
“Si ya con esas semanas que tenía, con todas las garantías que me daba Profamilia, era un procedimiento supremamente doloroso, traumático y caro” dice Mariana, “imagina si hubieran sido más semanas. Qué tal si hubiera esperado a que de pronto Compensar respondiera. Ya no tenía que pagar medio millón, sino un millón de pesos porque el procedimiento iba a ser más complejo. Eso es impagable para las mujeres”. Hasta la publicación de este reportaje, Compensar no contestó las preguntas de MANIFIESTA sobre su caso.
Los casos de Mariana y de Elsa ponen sobre la mesa la necesidad de que el aborto además de seguro, legal y gratuito tiene que ser feminista y cuidadoso para evitar maltratos y dinámicas misóginas. En Profamilia, la anestesia no le hizo efecto a Mariana. Fue por esto que vivió una segunda experiencia traumática. “Empezó el procedimiento y yo solo me preguntaba cuándo iba a dejar de sentir, porque yo estaba sintiendo todo. Siempre fui consciente. Es el dolor más horrible que he sentido en mi vida”.
Mariana empezó a llorar, a vomitar lo que podía porque estaba en ayunas y a pedirle al médico que detuviera el procedimiento. Sin embargo, de acuerdo con la versión de Mariana, el médico no hizo caso. “Durante 20 minutos me dijo que aguantara un poquito y que ya íbamos a terminar. No me aplicaron más anestesia”.
“Hay instituciones que prestan el servicio de IVE de manera preferente como Oriéntame y Profamilia. (...) En este caso parece que a ella le practican un AMEU, Aspiración Manual Endouterina que se puede hacer hasta las 14 semanas y media”, explica Catalina. Este procedimiento corto que generalmente no necesita anestesia general, sino local, de acuerdo con lo estipulado por la OMS. “El protocolo dice que sí hay pacientes que rara vez y por algún motivo no responden a la anestesia local, el médico debe asegurarse que la paciente no sienta dolor. El AMEU nunca debe hacerse bajo angustia de la paciente”, dice. Para Catalina, una de las posibles causas es que tal vez ese día en Profamlia no contaban con un anestesiólogo que le pudiera poner la anestesia general en ese momento.
Respecto al caso, Profamilia contestó que “sin los datos personales de la usuaria ni su autorización para entregar información que hace parte de su historia clínica, Profamilia no puede pronunciarse sobre los hechos descritos, en aras de preservar su intimidad y la reserva de su información confidencial”. Sin embargo reiteró que deja los canales abiertos para que Mariana les cuente su caso y puedan darle respuestas.
Es importante resaltar, como menciona Catalina, que en la mayoría de los casos, la anestesia local funciona y es indicada como una de las ventajas del procedimiento. De hecho, Mariana menciona que casi todas las mujeres que pasaron antes que ella mencionaron que el procedimiento no fue tortuoso y que todo se desarrolló con normalidad. Su caso, al parecer, fue la excepción.
“El aborto además de ser legal, seguro y gratuito, tiene que ser feminista y eso implica que sea cuidadoso, que sea amoroso, que sea acompañado”, enfatiza Mariana. Una IVE no tiene que ser traumática ni dolorosa, ni un secreto”. Por su parte, Elsa considera que experiencias como la de ella demuestran que el modelo de causales no es suficiente y por eso es tan importante que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de la demanda interpuesta por Causa Justa hace más de un año para la despenalización total del aborto. “Si las causales funcionaran y no impusieran barreras estatales, institucionales y culturales de pronto serían suficientes, pero es que no tenemos lo mínimo para tener una Interrupción con dignidad”, asegura.
Bogotá es responsable por el 99,2% de abortos reportados por las Secretarías de Salud entre 2015 y 2017, es la que más denuncias pone ante la SuperSalud contra EPS que obstaculizan la IVE, la que más acompañamiento pide a ONG’S como La Mesa para acceder a un aborto legal. Lo anterior demuestra que es una ciudad en la que las mujeres tienen un mayor acceso a información, como suele pasar en las zonas urbanas y más en las capitales. Sin embargo, si las mujeres en Bogotá aún encuentran barreras para acceder a una IVE como lo demuestra este reportaje, ¿qué está pasando en el resto del país, sobre todo en territorios rurales y alejados de servicios de salud?
*Los nombres de las fuentes fueron cambiados para protegerlas.
Este texto fue publicado originalmente en Manifiesta.