Desde hace varios meses las quejas contra Caprecom, la EPS más grande del régimen subsidiado (con más de tres millones de afiliados), parecen ser cada vez más frecuentes. A las alertas de la Procuraduría y las inquietudes que la semana pasada había manifestado la Secretaría de Salud de Bogotá por una deuda cercana a los $150.000 millones con los hospitales del Distrito se suma un nuevo capítulo.
Esta vez los reclamos provienen de los pacientes de Puerto Leguízamo, Putumayo, de donde una paciente de 13 años con VIH no había podido ser trasladada a otra ciudad pese a que lo ordenaba un fallo de tutela.
La historia la dio a conocer hacer un par de días Guillermo Rivera, alto consejero presidencial para los derechos humanos. Sus declaraciones en diferentes medios surtieron efecto ayer en la mañana. Caprecom finalmente aceptó remitir a la niña a Bogotá en compañía de su abuela. Tendrán cita el próximo martes.
“Es un riesgo, no sólo para el derecho a la salud, sino además para el derecho a la vida. La EPS no está garantizando el transporte de los pacientes que son remitidos por los médicos generales a especialistas”, había dicho Rivera.
Sin embargo, según declaró el comisionado, esta traba parece ser una constante en Puerto Leguízamo, a donde sólo se puede llegar en avioneta o en lancha. “Tenemos documentadas 68 remisiones, entre las que también hay personas con cáncer y otras patologías, que requieren ser atendidas en centros de salud de mayor complejidad”.
El inconveniente radica en que la EPS aún no había gestionado el contrato de transporte en ese municipio, y en el caso de la niña argumentaban que únicamente podían trasladarla a ella, pero no a su acudiente.
Sin embargo, de acuerdo con Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, cuando un menor debe ser remitido a otro centro y hay una indicación médica que así lo establece, la entidad prestadora de salud debe gestionar también el traslado de quien lo acompaña.
Dejando de lado este caso, a los ojos de Silva este es un problema que deben enfrentar con frecuencia los pacientes con VIH. Sólo en este año, la organización que representa ha presentado 146 tutelas para garantizar la continuidad del tratamiento y permitir la movilidad de quienes lo necesiten. Un caso tuvo que ser llevado a los tribunales internacionales con sede en Ginebra para poder solucionarlo.
Según Silva, “si tuviéramos que establecer un ranquin de las EPS que más niegan este tipo de servicios, los primeros lugares los ocuparían Caprecom, Saludcoop y Coomeva. En todo caso, es vergonzoso que para que una EPS estatal acate una tutela, tenga que intervenir un funcionario como el alto consejero presidencial”.
Por Redacción Salud
