En medio de la polémica por la situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, se conoció un nuevo escrito de acusación de la Fiscalía contra cuatro exdirectivos de entidad por el presunto ocultamiento de facturas, así como por la desviación de $70.500 millones del sistema de salud.
El ente acusador, a través del documento, acusó formalmente a José Fernando Cardona Uribe (expresidente de la Nueva EPS), Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente administrativo y financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabián Alberto Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas) de crear “una política fraudulenta” para presentar estados financieros con información falsa. Esto último con el objetivo, según la Fiscalía, de ocultar las pérdidas de la EPS y mantener su habilitación, otorgada por la Superintendencia de Salud, para prestar el servicio a sus afiliados en el país.
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Según detalla la Fiscalía, los exdirectivos implementaron, entre 2019 y 2023, una política en la que no se procesaba la totalidad de la facturación que estaba siendo radicada por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS tenía alguna relación contractual.
“Esta situación era conocida por cada una de las áreas de la alta dirección y consultada por las mismas, a través de los sistemas de información dispuestos por la Nueva EPS. El no procesar toda la facturación que se radicaba ante la empresa promotora de salud Nueva, generó un ocultamiento del costo que presentaba en ese lapso la EPS y dicha información no se proporcionó de manera fidedigna al ente de control de la Superintendencia”, se lee en el escrito de acusación. “En otras palabras, con esta política fraudulenta, se generó un impacto directo en la cuenta del costo, en virtud a que la misma disminuyó, entre tanto aumentó la cuenta del ingreso, afectando la cuenta de la reserva técnica, trayendo como consecuencia que en los estados financieros se reflejara una utilidad artificialmente mayor año 2019 a 2023″.
De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo de presentar estados financieros con información falsa era “dar apariencia de que se reunían las condiciones de estabilidad para continuar prestando el aseguramiento de los afiliados de esta EPS [...] Esto pese a que los indicadores financieros en la realidad señalaban una pérdida millonaria año tras año, sin embargo, esta situación no fue puesta en consideración de esta última entidad, ya que de haberse hecho la Nueva EPS, en cabeza de José Fernando Cardona hubiese sido objeto de intervención hace un tiempo atrás, como en efecto ocurrió en el año 2024. ”.
Además, los exdirectivos fueron acusados de desviar $70.500 millones del sistema de salud, a través de los estados financieros. A través de estos últimos, el presidente de EPS, propuso a la asamblea general de la entidad disponer de las “presuntas utilidades” para cubrir los pasivos de vigencias anteriores.
“Tanto el señor Cardona como los señores Isaza y Pedraza conocían, que la Nueva EPS, no había generado ningún tipo de utilidad, que, por el contrario, año a año, desde el 2019, la empresa promotora de salud generaba indicadores negativos, que incluso el dinero girado por el ADRES derivado de la administración de la UPC (unidad de pago por capitación) no lograba sufragar el pasivo que había generado todos estos años la entidad”, se lee en el documento.
En particular, estos recursos fueron dispuestos “en favor de sus accionistas” con lo que, según la Fiscalía, se defraudó “al sistema general de seguridad social en salud, con el único propósito de que la entidad que representaban continuara en el sistema de salud”.
Por estos hechos, los exdirectivos fueron acusados de los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público, omisión de control en el sector salud y peculado por apropiación.
Vale aclarar que este escrito de acusación, que fue presentando antes del último discurso del presidente Gustavo Petro, hace parte de una investigación penal en contra de los exdirectivos.
una investigación penal y que la acusación ocurrió antes del último discurso de Petro
Esto dice la exjunta directiva de la Nueva EPS
Ante los señalamientos del ocultamiento de las facturas, la exjunta directiva de la Nueva EPS aseguró, en un comunicado emitido hace un año, que “en sus sesiones ordinarias y extraordinarias en los periodos comprendidos entre los años 2019 a 2023, nunca fue informada ni por el presidente de la empresa, ni por el Revisor Fiscal, ni por los Auditores de la existencia alguna de facturas que no estuvieran adecuadamente contabilizadas en los estados financieros de la empresa”.
También aseguran que las revisorías fiscales realizadas, por parte de Deloitte and Touche y KPMG, así como los dictámenes y opiniones sobre los estados financieros anteriores al de 2023, “siempre tuvieron calificaciones satisfactorias referentes a la situación financiera y jamás presentaron salvedad alguna sobre la veracidad de los datos e informaciones financieras presentadas por la administración a la Junta Directiva”.
Por otro lado, señalan que, en cuanto a los estados financieros del periodo 2023, fueron presentados por la presidencia de la empresa a través del vicepresidente financiero. “Como consecuencia, la Junta Directiva solicitó explicaciones sobre el estado de la cartera de la empresa y la forma en que se venían atendiendo las obligaciones a los proveedores”, pues había quejas por mora en pagos.
Al respecto, son enfáticos en que tras el análisis de la situación y la información presentada sobre “pasivos desconocidos hasta ese momento por la Junta Directiva, correspondientes a cuentas médicas que podrían afectar los resultados financieros de la entidad, la Junta Directiva exigió explicaciones por el ocultamiento de facturas y ordenó la contratación inmediata de una revisoría forense especializada e independiente, así como un informe sobre la materia por parte de la auditoría interna de la entidad”.
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