A comienzos de abril se conoció que la Fiscalía había solicitado una medida de aseguramiento intramural a José Fernando Cardona Uribe, quien se desempeñó como presidente de la Nueva EPS entre 2009 y principios de 2024, y a otros tres exdirectivos. Todos investigados por presunto ocultamiento de facturas y desviación de recursos.
Un informe publicado esta mañana por Caracol Radio detalla que la Fiscalía le imputó a Cardona, expresidente a Nueva EPS, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación.
En cuanto a los otros funcionarios se trata de Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas, a quienes se les imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud.
Según pudo conocer la emisora, la Fiscalía encontró que, entre 2019 y 2023, Nueva EPS había dejado de procesar cerca de $14 millones de facturas que habían sido expedidas por las diferentes IPS. Esto, añadió la Fiscalía, “generó una distorsión en la información que se consignó en los estados financieros. Reportaron una actividad económica distinta a la que realmente tenía la Nueva EPS”.
Tras conocerse el informe, Javier Tamayo Perdomo, abogado de Cardona, explicó por medio de un comunicado lo sucedido. Dijo que la investigación que se adelanta en contra de Cardona es por la presunta apropiación de recursos que no son a favor de él, sino de la misma EPS.
“Tras las investigaciones hechas por la Fiscalía, ni el doctor Cardona ni terceros se apoderaron de recursos y los mismos quedaron en la compañía para el pago de deudas anteriores”, aclaró el abogado y añadió que así lo pudo constatar el ente acusador en el acta de la audiencia.
En cuanto al monto de los recursos, aseguró que no eran de $5 billones, como se estaba diciendo, “sino de $700.500 millones, que corresponden a las utilidades generadas entre 2019 y 2023″.
De acuerdo con el abogado, en los próximos juicios sostendrán que el valor de las facturas en proceso sí estaban en los estados financieros y registradas en las reservas de autorizaciones. Por eso, anotó que “no es cierto que exista ocultamiento de facturas. Están en proceso de auditoría, en la liquidación y se ve en los diferentes módulos del sistema”.
También indicó que la medida de aseguramiento intramural fue denegada el 8 de abril por un juez de garantías, quien señaló que había ausencia de solidez en los argumentos presentados.
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