En una rueda de prensa, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, dio a conocer las acciones del ente de control con relación a una alerta presentada ante la Procuraduría que señala que la prórroga de intervención por otro año a la Nueva EPS no habría cumplido con el debido proceso.
Según la denuncia, la superintendente nacional de Salud ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera Medina, expidió la resolución de la nueva intervención a pesar de que, según la exposición de los hechos, el Comité de Medidas Especiales recomendó por unanimidad no extender la medida, durante una sesión realizada el pasado 10 de abril.
Ante esta situación, el procurador general informó que ya hay equipo del ente de control en la Superintendencia de Salud “para verificar la veracidad de lo que se dijo, y abrir las investigaciones a quien corresponda”.
En ese sentido, Eljach aseguró que en este proceso se darán todas las garantías a las partes involucradas. “No podemos actuar más rápido”, agregó.
¿Qué dice la denuncia?
En el documento, dado a conocer por 6AM W de Caracol se señalan posibles irregularidades en la decisión de prolongar la intervención de la Nueva EPS por un año más. Esta fue realizada por la Superintendenta Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud (e), Edilma Marlen Suárez.
Entre sus razones, el comité argumentó que, antes de tomar este tipo de decisiones, se debe contar con un informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud. A partir de ese documento se ha de “generar el concepto técnico de adopción y seguimiento a la medida, así como incluir la información complementaria de las dependencias correspondientes”.
Suárez manifestó, además, que el proyecto de resolución, el cual Múnera le había enviado ese mismo día en horas de la madrugada, vía correo electrónico, presentaba inconsistencias relacionadas con el debido proceso. Lo más grave sería que el proyecto hacía referencia a recomendaciones no dadas.
En efecto, la resolución de la nueva intervención, conocida hace unos días, menciona en su parte motiva hechos que, subrayó Suárez, difieren de lo acontecido durante aquella sesión del 10 de abril.
De ese modo, se habría desconocido la obligación de “adelantar el proceso de control previo a la adopción de medidas especiales, lo cual constituye un elemento esencial para garantizar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones administrativas”, se lee en la alerta.
El análisis técnico y jurídico de la Delegatura arrojó que el proceso de intervención reciente a Nueva EPS “se aparta del principio del debido proceso administrativo, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y desarrollado en la Ley 1437”.
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