El efecto positivo de la vacunación contra COVID-19 se evidencia en la diminución sostenida de la mortalidad y hospitalización (formas graves) asociadas a esta infección. En este contexto, la vacunación es una intervención que contribuye, de forma efectiva, a la salud individual y colectiva de la población. Por ello, de forma general, las personas han aceptado y recibido dicha intervención; además, algunas voces demandan que la vacunación sea una medida obligatoria. Situación que, desde la perspectiva ética del principio de la autonomía, podría requerir de un mayor análisis.
En esencia, por las diferenciales que nos caracterizan como seres humanos (todos somos diferentes y, acore con ello, necesitamos un trato diferencial/equitativo), tanto a nivel global, nacional y local, aún un grupo de la población se niega a vacunarse, debido a que considera que la vacunación podría ser innecesaria e, incluso, generar riesgo para su salud o libertades sociales. Esta situación, aunque dista de los beneficiosos para la salud individual y colectiva, evidenciados con los resultados conocidos de los estudios clínicos precomercialización (fases 1, 2 y 3) y, más importante, de los resultados con la utilización masiva de las vacunas contra la COVID-19 (fase 4 o poscomercialización: efectividad -condiciones de vida real), muestra la necesidad de mejorar nuestra capacidad para cumplir con la responsabilidad que tenemos TODOS, pero especialmente los profesionales de la salud y la institucionalidad en salud, de informar, orientar y educar a las personas sobre riesgos y beneficios reales de la vacunación.
El cumplimiento de esta responsabilidad es clave para que, en el marco del principio ético de la autonomía, cada persona tome su decisión, independiente que la misma se ajuste o diste de lo que nosotros creemos. La esencia es cumplir con nuestra deber de garantizar la certeza que, dicha decisión, está basada en la mejor información disponible y se ha logrado superar lo imaginado, supuesto o distante del conocimiento científico generado.
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La tarea de informar y educar a la población sobre lo conocido realmente, de las vacunas y la vacunación, es clave para el logro del deseado control de la pandemia por COVID-19. Pues, en países con independencia, capacidad y recursos para cumplir con las metas de cobertura de la vacunación contra COVID-19, en el corto plazo (durante este mismo 2021), los procesos de vacunación se han estancado y alcanzado una especie de meseta, debido a la negativa de un porcentaje significativo de personas que aún se niega a vacunarse. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que, al 16 de agosto de 2021, sólo el 50,8% (168,7 millones) de la población ha sido completamente vacunada, equivalente al 59,4% de la población meta a ser inmunizada.
Desde una perspectiva práctica, las limitaciones, para el logro de la cobertura en vacunación propuesta (y obviamente las limitaciones para lograr el seguimiento de las medidas de bioseguridad y mitigación), ponen en riesgo la meta de alcanzar el control de la pandemia por COVID-19. En el momento, dicho riesgo es mayor, debido a la rápida propagación y efectos para la salud de la variante Delta. Variante que, inicialmente fue identificada en India, pero que en el momento se proyectada como la que globalmente va a ser la dominante, y que tiene una capacidad de transmisión del 60% mayor que la variante Alfa. Por ello, es claro que las tasas bajas de vacunación (o inequitativa/no uniforme) se asocian con un número mayor de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19.
En la actualidad, aunque aún las preguntas/incertidumbres asociadas a la COVID-19 pueden superar las certezas, la información científica disponible muestra que el control e, incluso el fin, de la pandemia por COVID-19 requiere que más personas se vacunen a nivel local, nacional y global. Lo cual pone en escena la obligación de los diferentes gobiernos y líderes mundiales de contribuir con el logro del cumplimiento del principio ético de la justicia: Acceso y distribución justa, equitativa y apropiada de las vacunas (y de la vacunación) a todos los países, independiente de condiciones económicas, sociales o creencias religiosas.
En definitiva, TODOS, pero en especial los profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad ética de aumentar/mejorar nuestra capacidad/habilidad para contribuir a que, en el marco del principio ético de la autonomía, cada persona tome la decisión de vacunarse o no hacerlo, pero garantizado que dicha decisión está basada en la mejor información/evidencia científica disponible.
*La presente columna de opinión pretende aportar elementos al debate, generado por las voces que llaman a que, la vacunación contra la COVID-19, sea obligatoria, y se fundamenta en: (1) la lectura del punto de vista publicado por Carlos del Rio y col., el 18 de agosto de 2021, en la revista JAMA (Confronting the Delta Variant of SARS-CoV-2, Summer 2021. JAMA. Published online August 18, 2021. doi:10.1001/jama.2021.14811); y (2) la presentación realizada en el conversatorio “Ética en el quehacer del químico farmacéutico”.
*Por Pedro Amariles Muñoz. Doctor en Farmacia (Homologado a PhD en Farmacología), Profesor titular y Coordinador del grupo de investigación Promoción y Prevención Farmacéutica, Universidad de Antioquia, Medellín-Colombia.