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A principios de agosto del 2014 el país conoció con asombro cómo otro de los llamados “carteles” había estado jugando con las finanzas de los colombianos por varios años, sin que nadie lo pusiera en cintura. Esa vez salió a la luz pública uno de los escándalos más recordados: desde el 2000 hasta el 2013, unas cinco empresas habían acordado aumentar el precio de los pañales desechables para bebés, un mercado movía $7,7 billones de pesos.
Pero a la par de esta controversia el país estaba viviendo otra realidad relacionada con esta clase de artículos, que engloba discusiones mucho más complejas: los pañales, los pañitos y las cremas antipañalíticas para niños, adultos o personas de la tercera edad, le estaban –están– costando al sistema sumas preocupantes. Solo en 2014, por recobros de estos productos se pagaron casi $18 mil millones. Y si a esos dígitos se les suman los datos de 2010, 2011, 2012 y 2013, esa cifra se acerca a los $42 mil millones y medio. En total, en ese lapso Colombia pagó por recobros $10,6 billones, cuatro billones más de lo que recibió el Gobierno por vender Isagén.
Los datos hacen parte de un informe que realizó el Minsalud, luego de que en una reunión con la Corte Constitucional el año pasado salieran a la luz los primeros indicios que mostraban lo complejo de este panorama. De 2010 a 2014, por ejemplo, las tutelas para solicitar este tipo de artículos ascendieron a 367.414. En total, fueron 414 mil los pañales y pañitos húmedos que pidieron los colombianos al sistema de salud, si se tienen en cuenta las autorizaciones de los comité técnico-científicos.
Pero estas cifras engloban un debate mucho más complejo, que es quizás una de las discusiones más frecuentes en los sistemas de salud: ¿Qué deberían cubrir entre sus gastos y qué no? ¿A qué servicios complementarios debería darles prioridad? ¿Los pañales deberían estar en esa lista?
El caso de estos productos resulta un buen ejemplo por dos razones: porque, por un lado, como lo reitera el informe, se trata de artículos que son esenciales para pacientes con discapacidades físicas y en muchos casos ayudan a conservar un asunto tan esencial como la dignidad. Ese es el caso de usuarios con trastornos como cáncer de próstata, alzhéimer, párkinson, esclerosis múltiple y otro largo listado de alteraciones que afectan, esencialmente, a adultos mayores. Muchos de ellos no tienen la capacidad de pago para asumir esos costos.
Por otro lado, el mercado de los pañales también refleja un problema contra el que se enfrenta el sistema: el exceso de tutelas para conseguir estos artículos (el 88,7 % de las personas recurrieron a este medio judicial). En muchos casos, como cuenta el doctor Germán Escobar, a cargo de la Oficina de Calidad del Minsalud, que fue la que hizo el informe, es posible que no todos cumplan con los requisitos. Es decir, o a veces los criterios médicos que los autorizan son dudosos o a veces los pacientes que los solicitan sí pueden tener los medios suficientes para pagarlos.
Una muestra de ello es que en la revisión de la muestra de tutelas que hicieron en el Ministerio había algunas en las que se solicitaban pañales para enfermedades como artrosis o hipertensión arterial. “No queda claro cómo para estas patologías se requieren estos insumos para un adecuado tratamiento médico”, se lee en el documento. El otro buen ejemplo es que la mayoría de las personas que las interpusieron (el 63 %) están afiliadas al régimen contributivo, que son quienes tienen mayores ingresos económicos.
Pero, aclara Escobar, “no hay que ser absolutistas, porque hay usuarios que aun estando en ese régimen no tienen la capacidad económica. Pero tenemos razones para creer que en los fallos de los jueces no se está considerando esa variable”. El debate entonces, dice, es cómo en Colombia se van a cubrir esos servicios ahora que hay cifras tan dicientes. “En España tienen mucha más claridad. En EE.UU. e Inglaterra la cobertura de esos servicios no existe, salvo excepciones muy particulares”.
Por su parte, Néstor Álvarez, representante de los pacientes de alto costo, cree que esta clase de artículos no se deben entender como un lujo sino como una necesidad para muchos usuarios. “No se trata de un lujo sino de un artículo esencial para mantener la dignidad y son claves, por ejemplo, para pacientes que han tenido un derrame cerebrovascular o para los niños que tienen parálisis cerebral. Como pacientes de alto costo hemos luchado para que los pañales sean reconocidos como una tecnología en salud”, dice, al tiempo que señala que el Ministerio de Salud, luego de tener claras las cifras sobre los recobros que estos productos le generaron al sistema, debería dar el siguiente paso: a través de la Fiscalía, exigirles a las compañías que estuvieron involucradas en el llamado “cartel de los pañales”, que le devuelvan a los colombianos el valor del sobrecosto.
Entonces, cuenta, a muchas personas les fueron negados los pañales y eso generó en varios pacientes infecciones de piel y tejidos blandos. Ya algunas organizaciones de la sociedad civil, se han reunido con la Fiscalía para solicitarle lo mismo, pero hasta el momento no se han visto resultados.
Tal vez, señala Escobar, habría mucha más eficiencia en el manejo de los recursos si no hubiesen trampas como aquella de quienes piden y formulan extravagancias por motivos de salud como unos patines, o como la que evidenció el Departamento Nacional de Planeación: hay 87 mil personas que están en el Sisbén aun cuando ganan más de $3,8 millones cada mes.