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César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia y director del Partido Liberal Colombiano, publicó este lunes una larga carta en la que responsabiliza al Gobierno y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de la que denomina una “demolición deliberada” del sistema de salud colombiano y advierte sobre el riesgo de un colapso institucional.
En el documento, Gaviria afirma que “la profunda crisis del sistema de salud en Colombia es una realidad innegable” y denuncia que el Gobierno ha optado por la “imposición ideológica en lugar del diálogo técnico”. En su análisis, acusa al ministro de desatender fallos judiciales, intervenir EPS sin debido proceso —como en el caso de Sanitas, dice— y agravar con sus decisiones una crisis financiera, administrativa y de acceso a servicios médicos.
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“El sistema hoy no colapsa por falta de diagnósticos, sino por la negligencia en atenderlos”, advierte el expresidente Gaviria, quien sostiene que las acciones del Gobierno y en particular del Ministerio de Salud violan mandatos de la Corte Constitucional, desconocen sentencias clave y han generado efectos devastadores en la atención a los pacientes.
La carta, titulada Comunicado a la opinión pública, también recoge algunas cifras que ya se han publicado en el pasado en diversos medios y entidades de control: “29,7 millones de colombianos —6 de cada 10— están afiliados a EPS intervenidas sin viabilidad financiera”, y señala que la siniestralidad del sistema ya alcanza el 110%, con pérdidas acumuladas superiores a los $14 billones. Además, denuncia que “las EPS adeudan $2,8 billones a operadores farmacéuticos”, comprometiendo el acceso a medicamentos esenciales.
Ante este panorama, Gaviria anunció que el Partido Liberal exigirá entonces una investigación formal por parte de la Fiscalía contra el ministro Jaramillo por posible “omisión dolosa”, así como la intervención urgente de la Contraloría y la Procuraduría para determinar responsabilidades fiscales y disciplinarias. Esta crisis “ya no es solo un tema técnico o político: se ha convertido en la principal preocupación de los colombianos, por encima incluso de la seguridad”, advierte, al tiempo que propone declarar un Estado de Cosas Inconstitucional para enfrentar la emergencia con medidas estructurales.
El expresidente recuerda que, según él, los partidos Liberal, Conservador y de la U propusieron en 2023 “una ruta de reformas responsables, dentro del marco del sistema vigente”, y subraya que esta alternativa fue avalada por la Corte Constitucional. Gaviria cita la Sentencia C-378 de noviembre de 2023, donde —dice— “la Corte afirmó que no existe prohibición alguna para que las EPS operen con ánimo de lucro y que el sistema vigente estaba dentro de nuestro ordenamiento constitucional”.
Según Gaviria, el debate comenzó en la Casa de Nariño, donde los partidos buscaban discutir con el presidente mecanismos de financiación del sistema de salud para zonas marginadas. Desde ese momento, la entonces ministra de salud Carolina Corcho “dejó clara la intención del Gobierno. Había de eliminar las EPS para destinar directamente esos recursos subsidiados a una nueva estructura estatal”, señala. A su juicio, esto derivó en “una estrategia deliberada y metódica para provocar una crisis explícita”, cuyo objetivo era “asegurar que el sistema fuera público”, incluso si eso implicaba desconocer a la Corte.
“A pesar de que fuimos los tres partidos quienes propusimos una solución técnica y constitucional, el ministro optó por el camino del desconocimiento sistemático de la legalidad”, afirma Gaviria, quien acusa a Guillermo Alfonso Jaramillo de incurrir en “un desacato abierto y sistemático de decisiones judiciales”. Gaviria añade que esa intención fue “brutalmente confirmada” cuando el ministro Jaramillo reconoció públicamente que “las EPS están siendo llevadas a cuidados intensivos” mientras se intenta imponer una reforma “ampliamente cuestionada”. Para el expresidente, esa declaración “no fue un lapsus: fue una confesión abierta de una estrategia de asfixia institucional”.
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