“Patarroyo tiene que adecuarse a la ley”

“Los permisos de caza y recolección de monos Aoutus vociferans utilizados en sus investigaciones por la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic) —que dirige Manuel Elkin Patarroyo— no serán reanudados hasta que esta institución no adecúe su comportamiento a las leyes vigentes”, les respondió el Consejo de Estado a más de 150 investigadores que le enviaron una carta pidiéndole la revisión de la sentencia que emitió en noviembre del año pasado.

En ese momento el tribunal tuvo motivos para detener los permisos de caza a Patarroyo al encontrar que la Fidic “violó los derechos de estas especies animales” e incumplió con los protocolos de repoblación. Según la sentencia, el tribunal comprobó que, para realizar la debida repoblación, el equipo científico de Patarroyo trajo de Perú y Brasil una nueva especie de primate, diferente a la que habían utilizado en sus laboratorios, pero ésta terminó desplazando a la nativa.

Ante esta decisión, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) suspendió la caza de los monos y aclaró que la medida “no está atentando contra la investigación científica del país”, sino que, por el contrario, las autoridades ambientales están buscando que los científicos reconozcan que para usar y aprovechar animales deben cumplir con unos requisitos legales, como garantizar la repoblación y que no se someta a esas especies a un trato cruel y degradante.

Pero la decisión del Consejo de Estado fue entendida de otra manera por varios miembros de la comunidad científica nacional, quienes la tomaron como el punto de partida para la restricción total del uso de animales en los procesos de investigación científica.

“He visitado el bioterio del doctor Patarroyo y he sido testigo del trato digno que les dan a estos los animales. No es cierto que sus poblaciones estén disminuidas. El Consejo de Estado se apresuró y creyó en pruebas que no tienen sustento. Sus representantes ni siquiera visitaron el centro de investigaciones para comprobar las acusaciones. Le solicitamos que revisara su decisión y vemos que no lo hizo. Entonces un ambientalista puede sacar mañana un comunicado diciendo que en la U. de Antioquia trabajamos con animales y nos van a frenar las investigaciones con las que esperamos encontrar curas a enfermedades muy graves”, dice Iván Darío Vélez, director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet), de la Universidad de Antioquia, quien reunió más de 150 firmas de científicos para apoyar a Patarroyo.

Pero César Rodríguez, abogado que ha analizado la decisión del alto tribunal, por considerarla un avance en el reconocimiento de los derechos de los animales en el país, concuerda con Corpoamazonia en que la sentencia no habla de limitar la producción científica colombiana, “lo que dice es que hay unas condiciones legales para garantizar que esa experimentación no incluya riegos sanitarios ni sufrimientos innecesarios para los animales. El problema no es que se utilicen animales sino cuáles serán los límites de esta experimentación científica en Colombia”.

“Los permisos de caza y recolección de monos Aoutus vociferans utilizados en sus investigaciones por la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic) —que dirige Manuel Elkin Patarroyo— no serán reanudados hasta que esta institución no adecúe su comportamiento a las leyes vigentes”, les respondió el Consejo de Estado a más de 150 investigadores que le enviaron una carta pidiéndole la revisión de la sentencia que emitió en noviembre del año pasado.

En ese momento el tribunal tuvo motivos para detener los permisos de caza a Patarroyo al encontrar que la Fidic “violó los derechos de estas especies animales” e incumplió con los protocolos de repoblación. Según la sentencia, el tribunal comprobó que, para realizar la debida repoblación, el equipo científico de Patarroyo trajo de Perú y Brasil una nueva especie de primate, diferente a la que habían utilizado en sus laboratorios, pero ésta terminó desplazando a la nativa.

Ante esta decisión, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) suspendió la caza de los monos y aclaró que la medida “no está atentando contra la investigación científica del país”, sino que, por el contrario, las autoridades ambientales están buscando que los científicos reconozcan que para usar y aprovechar animales deben cumplir con unos requisitos legales, como garantizar la repoblación y que no se someta a esas especies a un trato cruel y degradante.

Pero la decisión del Consejo de Estado fue entendida de otra manera por varios miembros de la comunidad científica nacional, quienes la tomaron como el punto de partida para la restricción total del uso de animales en los procesos de investigación científica.

“He visitado el bioterio del doctor Patarroyo y he sido testigo del trato digno que les dan a estos los animales. No es cierto que sus poblaciones estén disminuidas. El Consejo de Estado se apresuró y creyó en pruebas que no tienen sustento. Sus representantes ni siquiera visitaron el centro de investigaciones para comprobar las acusaciones. Le solicitamos que revisara su decisión y vemos que no lo hizo. Entonces un ambientalista puede sacar mañana un comunicado diciendo que en la U. de Antioquia trabajamos con animales y nos van a frenar las investigaciones con las que esperamos encontrar curas a enfermedades muy graves”, dice Iván Darío Vélez, director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet), de la Universidad de Antioquia, quien reunió más de 150 firmas de científicos para apoyar a Patarroyo.

Pero César Rodríguez, abogado que ha analizado la decisión del alto tribunal, por considerarla un avance en el reconocimiento de los derechos de los animales en el país, concuerda con Corpoamazonia en que la sentencia no habla de limitar la producción científica colombiana, “lo que dice es que hay unas condiciones legales para garantizar que esa experimentación no incluya riegos sanitarios ni sufrimientos innecesarios para los animales. El problema no es que se utilicen animales sino cuáles serán los límites de esta experimentación científica en Colombia”.