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El presidente Gustavo Petro realizó este viernes una alocución en la que respondió al último informe de la Contraloría general sobre una serie de hallazgos muy inquietantes en Nueva EPS, la entidad de su tipo más grande del país (con más 11 millones de afiliados) e intervenida por la Superintendencia de Salud desde abril de 2024.
Hay que recordar que según el informe del ente de control, la EPS enfrenta riesgos administrativos y financieros “significativos”, entre los que se incluyen un incremento de los anticipos pendientes de legalización —que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024 y alcanzaron $15,2 billones en el primer semestre de 2025—, un alto volumen de facturas sin procesar, con más de 22,7 millones reportadas y nueve millones duplicadas, y la subestimación de reservas por $11,1 billones a diciembre de 2024.
La Contraloría también advirtió sobre la falta de documentación contractual completa, la insuficiente capacidad tecnológica para garantizar información confiable sobre la gestión de recursos y la concentración de gran parte de los montos pendientes en un reducido número de prestadores, factores que afectan la liquidez de la EPS y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema de salud, advirtió el ente de control.
Petro respondió a los hallazgos del ente de control. “Se trata del enorme robo a la salud de Colombia. La demostración, no solo el discurso, de que en este país han estafado al pueblo de Colombia por decenas de billones de pesos (…) trasladados a un cartel de la contratación que esta detrás de la Nueva EPS”, comenzó diciendo el presidente. “Casi desde su primera afiliación, ha tenido una historia de robo. Pequeño mientras fue creciendo, hasta que se convirtió en la EPS más grande de Colombia. Lo que nos muestra el contralor es que en los últimos años (…) continuamente ha habido un mecanismo que ha permitido sacar el dinero que es del Estado para la salud de los afiliados, hacia unos contratistas, siempre son los mismos (…), hacia los dueños de la salud de Colombia y unos políticos poderosos que se quedan con las coimas”, continuó el mandatario.
Petro volvió a atacar el rol de las EPS en el sistema, señalándolas de ser simples intermediarios financieros y contó algunas incidencias del inicio de su Gobierno.
“Hice una reunión con la junta directiva de Nueva EPS” en ese momento, dijo. Estaban, según el presidente, Enrique Vargas Lleras, Noemí Sanín Posada, de la junta, y el presidente de la entidad en ese momento, José Fernando Cardona. “Ellos recibieron de primera mano la reforma que queríamos hacer del sistema de salud. En vez de discutir con nosotros la transición o el apoyo (…), los señores nos sonrieron y se prepararon para robarse de manera mas grande la Nueva EPS en el 2023. Siendo yo presidente, pero aun manteniendo viva la Nueva EPS tal como vino. Cuando nos la tomamos, intervenida legalmente, en el año 2024, mes de abril, hicimos los primeros ejercicios contables”.
Petro acusó a la junta directiva y la presidencia anterior de Nueva EPS EPS de entregar datos falsos. Los acuso de señalar que la EPS tenía alrededor de $6.6 billones de pasivos, cuando el Gobierno encontró, según Petro, que que eran más de $11 billones.
El mandatario señaló que la anterior junta directiva “escondió” facturas por valor de $5 billones de deudas existentes que no aparecían. “¿Si no pagaron $5 billones es que no tenían la plata o se la gastaron en otra cosa? He ahí el punto de la investigación”. El mandatario señaló a las cajas de compensación, dueñas de la mayoría de la EPS (como contaremos más adelante): en vez de discutir su propuesta de reforma, dijo, decidieron “en 2023 superar en un 70% los costos que tenían en los años anteriores”. Las señaló de subir los gastos de la EPS de $14 a $24 billones en un año. “¿Eso es posible?“, se preguntó
“La Nueva EPS venia presentando esa contabilidad maquillada a los gobiernos pasados”, concluyó el mandatario. “Nosotros los descubrimos. El Gobierno. porque intervenimos”.
El Gobierno aprovecho para volver a defender que ha sido el que más recursos ha entregado en términos de aseguramiento. “¿Por qué nos están pidiendo más plata? Si lo que les hemos dado es plata". Y repitió argumentos que han sido rechazados por expertos del sistema, como que los recursos anuales de la UPC solo deben gastarse en el año en el que fueron girados. Algo que se conoce como “anualidad”. Aunque el Gobierno defiende que es así, los expertos señalan que esa anualidad no abarca los recursos de la UPC.
Petro defendió su reforma
El presidente aprovechó para volver a defender su reforma a la salud, que permanece estancada en la Comisión Séptima del Senado, aunque se prevé que la discusión comience finalmente la semana próxima. “Lo que dijimos al Congreso, cuando presentamos la reforma en el año 2023, abril, es: discutamos para que los recursos se giren a las IPS”.
“Durante dos años han tenido el proyecto y ahora quieren volver a hundirlo. ¿O acaso quieren mantener un Frankenstein de empresarios corruptos, que han contribuido a un cartel de contratación cuyos responsables ya están en manos de la justicia y que cuentan con el respaldo de políticos y senadores de la República?” se preguntó. Aunque no quiso referirse a nombres respecto a esos supuestos senadores involucrados.
“Señores del Senado, Comisión Séptima, por favor, esto no va mas. (...) Si sigue el sistema de las EPS, condenan a la nación al fracaso. Señores de la Comisión Séptima, pueden decidir, mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar”.
¿El Gobierno se tomará a Nueva EPS?
Hay que recordar que la propiedad de Nueva EPS está dividida entre el Estado y un grupo de cajas de compensación familiar. Si bien el Ministerio de Hacienda (en representación del Gobierno) es el socio más grande, con casi el 50% de las acciones (49.9985%), el resto de la propiedad pertenece a un grupo de cajas de compensación. Al sumar las participaciones de Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comfandi, estas entidades alcanzan un total de poco más del 50% de las acciones.
Esto significa que, en conjunto, las cajas son las socias mayoritarias. “Nunca el Estado dirigió a Nueva EPS, siempre los que elegían eran ellos”, dijo Petro refiriéndose a las cajas de compensación. ¿Quienes son esos personajes? El que mas duró, durante diez años consecutivos, se llama Enrique Vargas Lleras. Y hay otros. Del gobierno llegaban, pero eran minoría. El presidente de la Nueva EPS siempre lo escogía la mayoría. Durante 15 años fue Cardona. Pregunta. ¿Es que el señor (José Fernando) Cardona, durante 15 años, y el señor Enrique Vargas Lleras, durante 10 años, no se dieron cuenta de esto? ¿No se dieron cuenta que eran billones de pesos los que se escondían en las facturas?“, se preguntó.
Esta fue una semana movida para la EPS más grande del sistema. Además de los pronunciamientos de la Contraloría y del presidente, se conoció que la Superintendencia Nacional de Salud autorizó reformas importantes a los estatutos de Nueva EPS.
Los cambios, solicitados por el entonces agente interventor Bernardo Camacho, cambian artículos clave sobre emisión de acciones, derechos de los accionistas y causales de disolución, reduciendo los requisitos para la emisión de nuevas acciones, otorgando mayor flexibilidad para reorganizar la compañía y facilitando la entrada de nuevos socios y capital.
Las reformas aprobadas esta semana no son meros ajustes administrativos: algunos creen que preparan a la entidad para una eventual reestructuración que podría implicar que el Gobierno se haga con la mayoría de las acciones. No se puede pasar por alto que Nueva EPS es clave en los planes del Gobierno para reformar el sistema de salud, pues es la única EPS presente en casi todo el país. El Gobierno siempre la ha imaginado como la columna vertebral del nuevo modelo de atención, en donde absorbería usuarios de otras EPS que deban retirarse o desaparecer, garantizando la continuidad de la atención.
No son acusaciones nuevas
No es la primera vez que el Gobierno acusa a la anterior junta directiva de Nueva EPS de tener malos manejos financieros. A mediados de 2024, el entonces supersalud, Luis Carlos Leal, había anunciado cifras similares a las del presente. Dijo en ese momento que que su entidad había encontrado más de 12 millones de registros de facturas radicadas en proceso de auditoría por valor de más de $4.4 billones de pesos, obligaciones que no fueron incluidas en los estados financieros de la EPS en el momento oportuno (lo que denominó “pasivos ocultos”) y que acumulan, según la entidad, un valor de $5.7 billones.
Después de ese anunció, la exjunta directiva de Nueva EPS emitió un comunicado respondiendo a las declaraciones del supersalud.
En el comunicado, afirman que “la Junta Directiva, en sus sesiones ordinarias y extraordinarias en los periodos comprendidos entre los años 2019 a 2023, NUNCA fue informada ni por el presidente de la empresa, ni por el Revisor Fiscal, ni por los Auditores de la existencia alguna de facturas que no estuvieran adecuadamente contabilizadas en los estados financieros de la empresa, menos aún de facturas que alcanzan los $5,5 billones”.
También aseguran que las revisorías fiscales realizadas, por parte de Deloitte and Touche y KPMG, así como los dictámenes y opiniones sobre los estados financieros anteriores al de 2023, “siempre tuvieron calificaciones satisfactorias referentes a la situación financiera y jamás presentaron salvedad alguna sobre la veracidad de los datos e informaciones financieras presentadas por la administración a la Junta Directiva”. Por otro lado, señalaron en ese momento, y frente a acusaciones muy similares a las de hoy, que, en cuanto a los estados financieros del periodo 2023, fueron presentados por la presidencia de la empresa a través del vicepresidente financiero. “Como consecuencia, la Junta Directiva solicitó explicaciones sobre el estado de la cartera de la empresa y la forma en que se venían atendiendo las obligaciones a los proveedores”, pues había quejas por mora en pagos.
Al respecto, fueron en ese momento enfáticos en que tras el análisis de la situación y la información presentada sobre “pasivos desconocidos hasta ese momento por la Junta, correspondientes a cuentas médicas que podrían afectar los resultados financieros de la entidad, la Junta Directiva exigió explicaciones por el ocultamiento de facturas y ordenó la contratación inmediata de una revisoría forense especializada e independiente, así como un informe sobre la materia por parte de la auditoría interna de la entidad”.
En ese momento, señalaron que no eran veraces “los señalamientos (…) al calificar el papel de la Junta Directiva de Nueva EPS como una junta negligente y mucho menos responsable del ocultamiento de deudas en los estados financieros de la empresa”.
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