Alrededor de medio billón de pesos costará la primera etapa del plan de choque en salud que anunció el Gobierno Nacional en los últimos días, que se desarrollará durante los próximos tres meses y busca inyectar recursos a las EPS a través de la compra de cartera para destrabar servicios para más de un millón de usuarios. Dichos recursos, aseguró la ministra de salud, Ana María Vesga, están en el presupuesto de la Adres, el llamado banco de la salud.
No se ha conocido, sin embargo, el detalle de cómo se desarrollará esa compra de cartera. ¿Qué tipo de cartera se comprará? ¿Los recursos llegarán directamente a las EPS o se utilizarán para pagar a clínicas, hospitales y otros prestadores a los que estas les adeudan dinero?
Vesga estuvo en la Comisión Séptima del Senado respondiendo algunas preguntas y dando a conocer detalles del plan del Gobierno en lo que resta del año y también para 2027. La ministra no se refirió a los COP 10 billones que se prometieron en campaña para la estabilización del sistema de salud y que, según ha reconocido, no tienen en las cuentas, pero sí dijo que antes de inyectar nuevos recursos se requiere lo que llamó un “sinceramiento” de las cuentas.
El problema, explicó la ministra, es que no existe una única cifra sobre las deudas del sistema. Esto es una crítica que no es nueva en el sistema de salud. Las obligaciones que reportan las EPS no coinciden con las cuentas por cobrar de clínicas y hospitales, y en algunos casos una misma factura puede aparecer registrada de manera distinta en cada lado. Vesga menciona que, por ejemplo, en Nueva EPS el interventor ha reportado cerca de COP 10 billones en facturas “glosadas” (es decir, facturas cuyo pago ha sido objetado o cuestionado por la EPS por considerar que presentan alguna inconsistencia o que no cumplen con los requisitos para ser reconocidas), mientras que para los hospitales esas mismas cuentas ya hacen parte de la cartera que esperan recibir.
Por eso, el Gobierno Nacional le pidió a la Superintendencia Nacional de Salud, liderada por María Andrea Godoy Casadiego, que hiciera un ejercicio que fuera más allá de los reportes históricos de la Circular 30 (que establece el reporte periódico de información sobre cuentas por cobrar y por pagar entre las EPS y los prestadores de servicios de salud) y que, según reconoció la ministra de salud, han servido muy poco desde que se hacen.
"El hospital se va con su cuenta, el asegurador se va con su cuenta y ahí nadie se pone de acuerdo. Necesitamos una metodología que está en manos de la Superintendencia Nacional de Salud para que esos números se hablen", dijo la funcionaria. El ejercicio, espera Minsalud, es que se construya una “foto” más clara de las deudas del sistema: cuánto se debe, entre quiénes están esas obligaciones y qué parte corresponde efectivamente a servicios prestados.
Ese diagnóstico, según Vesga, es una condición para definir cómo deberían entrar nuevos recursos al sistema de salud, que es lo que están esperando todos los actores. “No le corresponde al Estado pagar las ineficiencias de sus actores. Sí le corresponde al Estado reconocer lo que fue financiado mal”, señaló en un punto la ministra. A continuación, explicó que una de las principales vías que tiene el Estado para financiar el sistema es la UPC, el valor que reconoce por cada afiliado. "La manera de reintegrar recursos al sistema de salud solamente es el ajuste de la unidad de pago por capitación. Por eso es tan importante el ejercicio que se derive de las órdenes que lleguen de la Corte Constitucional en el marco de ese desacato que tenía el gobierno anterior".
Esto sugiere que, más que plantear por ahora una inyección extraordinaria de los COP 10 billones prometidos en campaña, el Gobierno está poniendo el énfasis en corregir la financiación estructural del sistema, entre otras vías, mediante el ajuste de la UPC. Vesga, de hecho, recordó varios autos de la Corte Constitucional que señalan que la UPC ha estado mal calculada (por ejemplo, en 2024) y previó que, muy seguramente, el Ministerio de Salud tendrá que hacer un ajuste retroactivo de la UPC para reconocer recursos que no fueron incluidos adecuadamente en años anteriores.
La ministra de salud dio a entender que, por ahora, el gobierno no está pensando en una reforma a la salud. "Primero hay que estabilizar a este paciente. Meterse en este momento en una cirugía de rodilla cuando el paciente no está respirando por sí solo es una gran tontería". Pero sí habló de revisar algunas de las ineficiencias que se han acumulado en el funcionamiento del sistema, incluida la manera como se contrata y se distribuyen los recursos.
Vesga se refirió, por ejemplo, al pago por evento (que consiste en que el prestador recibe un pago por cada servicio, procedimiento o atención que realiza), que es reconocido como una forma de contratación más cara y que, según reveló la ministra, representa más del 60 % de la forma en que contrata Nueva EPS. También se refirió a la necesidad de avanzar hacia contratos por resultados en el sistema de salud, en los que el pago esté relacionado no solo con la cantidad de servicios prestados, sino con los resultados que se obtengan en la atención de los pacientes.
Presupuesto en salud para 2027
La ministra de Salud defendió ante los senadores de la Comisión Séptima la solicitud de COP 13,9 billones adicionales para el sector en 2027. De ese monto, explicó, COP 12 billones estarían destinados al financiamiento del aseguramiento en salud y otros COP 1,6 billones a inversión.
Hay que recordar que, según Sectorial , con una inflación sectorial cercana al 8 % y una siniestralidad del 108 % (es decir, que por cada $100 recibidos se gastan $108 en atender servicios de salud), los recursos destinados al sistema tendrían que crecer alrededor de 16,9 % para 2027. El problema es que el presupuesto del Gobierno para salud contempla un aumento de apenas 1,8 %. La brecha, según la firma, podría terminar impactando la UPC del próximo año, pues los recursos disponibles estarían lejos de lo que, de acuerdo con los cálculos de Sectorial, necesitaría el sistema para cubrir sus gastos.
La mayor parte de esos recursos adicionales que está pidiendo el Minsalud, explicó la ministra, responde a la necesidad de revisar cómo se está financiando el aseguramiento. Para la ministra, no basta con tomar como referencia el valor actual de la UPC, sino que es necesario recalcularla teniendo en cuenta tanto la inflación como el crecimiento en la utilización de los servicios durante 2025, que es el año base para calcular la UPC que regirá en 2027.
La ministra también vinculó esta discusión con las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema. Pero el presupuesto de 2027 no solo enfrenta necesidades de aseguramiento. Vesga también advirtió sobre las restricciones que tiene el componente de inversión. Según explicó, mientras en 2026 el presupuesto de inversión del Ministerio rondaba los COP 2,6 billones, para 2027 está previsto en COP 1,6 billones. Además, cerca del 43 % de ese presupuesto ya está comprometido o tiene destinación inflexible por obligaciones adquiridas previamente, lo que reduce el margen de acción.
Una de las consecuencias que mencionó es la dificultad para financiar algunas necesidades que el Ministerio considera prioritarias. Entre ellas está el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): Vesga señaló que se requieren alrededor de COP 150.000 millones adicionales para mantener el esquema actual de vacunación, y que una estrategia de vacunación a lo largo del curso de vida exigiría recursos adicionales.
Entre otras cosas, Vesga señaló que el Minsalud está revisando programas como el de equipos básicos en salud, una estrategia que, según adelantó, considera que en algunos casos no ha sido costo-efectiva para el sistema. La ministra explicó que, aunque estos equipos han permitido llegar a territorios y visitar a millones de familias, también existen dificultades para medir sus resultados y garantizar que esa atención se traduzca en información e intervenciones integrales.
La revisión también alcanza la inversión en infraestructura. Vesga pidió revisar los recursos destinados en años anteriores a proyectos de este tipo y advirtió sobre el riesgo de terminar financiando obras que no responden a las necesidades reales del sistema o que pueden convertirse en lo que denominó “elefantes blancos”. En ese contexto, señaló que el Ministerio está revisando qué inversiones deben mantenerse y cuáles requieren una evaluación más detallada antes de comprometer nuevos recursos.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺