Polémica por ley ecuatoriana que tipifica la mala práctica médica
Los especialistas alegan que prestan un servicio de alto riesgo, del que no está exenta la muerte del paciente, y que no por ello deben ser criminalizados.
AFP
Médicos de varios centros públicos de Ecuador, entre ellos del hospital Pablo Arturo Suárez -que atiende a un 5% de la población de Quito-, anunciaron que renunciarán si el gobierno insiste en tipificar la mala práctica profesional.
"Está presentada una intención de renuncia en caso de que la ley, como está aprobada por la Asamblea Nacional, entré en vigencia", señaló Francisco Lasso, delegado de los médicos del centro hospitalario.
El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, dijo a la prensa que "los médicos son libres de hacer lo que quieran" y reiteró que "yo como presidente me voy a la casa antes de ceder frente a los grupos presión".
"Tendremos que buscar especialistas en cualquier parte del mundo, pero no vamos a ceder ante las amenazas y presiones de ningún sector", añadió.
En diciembre, el Congreso de mayoría oficialista aprobó, después de más de dos años de discusión, un código penal que tipifica unos 70 nuevos delitos, entre ellos el feminicidio, la mala práctica profesional y el sicariato.
Correa vetó algunos artículos y devolvió el texto para su aprobación, aunque dejó en firme la pena de uno a tres años de cárcel por homicidio culposo por mala práctica profesional. La medida incluye a todos los profesionales, no solo a los del sistema de salud.
Los especialistas alegan que prestan un servicio de alto riesgo, del que no está exenta la muerte del paciente, y que no por ello deben ser criminalizados.
El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Alberto Narváez, declaró que el anuncio de renuncias tiene un "efecto dominó" y que hasta este lunes habría "más de 1.000 médicos, todos especialistas irreemplazables, renunciantes".
La ministra de Salud, Carina Vance, manifestó a su vez que el código penal "no pone en riesgo el ejercicio profesional" de los galenos y afirmó que el gobierno garantizará el servicio en cualquier circunstancia.
"Tenemos que resguardar que en el sector público, que es el mayor prestador de servicios, tengamos la capacidad de atender y vamos a tomar cualquier medida necesaria para realizar eso", sostuvo.
En 2013, el gobierno ecuatoriano pidió a Cuba el envío de 1.000 médicos para mejorar la atención pública.
Médicos de varios centros públicos de Ecuador, entre ellos del hospital Pablo Arturo Suárez -que atiende a un 5% de la población de Quito-, anunciaron que renunciarán si el gobierno insiste en tipificar la mala práctica profesional.
"Está presentada una intención de renuncia en caso de que la ley, como está aprobada por la Asamblea Nacional, entré en vigencia", señaló Francisco Lasso, delegado de los médicos del centro hospitalario.
El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, dijo a la prensa que "los médicos son libres de hacer lo que quieran" y reiteró que "yo como presidente me voy a la casa antes de ceder frente a los grupos presión".
"Tendremos que buscar especialistas en cualquier parte del mundo, pero no vamos a ceder ante las amenazas y presiones de ningún sector", añadió.
En diciembre, el Congreso de mayoría oficialista aprobó, después de más de dos años de discusión, un código penal que tipifica unos 70 nuevos delitos, entre ellos el feminicidio, la mala práctica profesional y el sicariato.
Correa vetó algunos artículos y devolvió el texto para su aprobación, aunque dejó en firme la pena de uno a tres años de cárcel por homicidio culposo por mala práctica profesional. La medida incluye a todos los profesionales, no solo a los del sistema de salud.
Los especialistas alegan que prestan un servicio de alto riesgo, del que no está exenta la muerte del paciente, y que no por ello deben ser criminalizados.
El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Alberto Narváez, declaró que el anuncio de renuncias tiene un "efecto dominó" y que hasta este lunes habría "más de 1.000 médicos, todos especialistas irreemplazables, renunciantes".
La ministra de Salud, Carina Vance, manifestó a su vez que el código penal "no pone en riesgo el ejercicio profesional" de los galenos y afirmó que el gobierno garantizará el servicio en cualquier circunstancia.
"Tenemos que resguardar que en el sector público, que es el mayor prestador de servicios, tengamos la capacidad de atender y vamos a tomar cualquier medida necesaria para realizar eso", sostuvo.
En 2013, el gobierno ecuatoriano pidió a Cuba el envío de 1.000 médicos para mejorar la atención pública.