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Este viernes 21 de marzo el procurador general, Gregorio Eljach, dio una serie de instrucciones a todos los procuradores regionales, provinciales y municipales. El objetivo de esta directiva es prevenir y vigilar actuaciones que puedan estar atentando contra el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Entre sus consideraciones, el Ministerio Público se refirió a las noticias, quejas y denuncias sobre posibles irregularidades en la prestación de servicios de salud, así como en el suministro de tecnologías y medicamentos. La medida también estuvo motivada por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos por parte de algunas EPS y otros actores del sistema que, dice la entidad, habrían llevado al déficit de atención a los usuarios.
“Ante la situación y la crisis que está atravesando el sistema de salud para la prestación de los servicios y el incremento de las peticiones, reclamos y tutelas, se hace necesario desplegar acciones preventivas y de control de gestión”, se lee en la Directiva No. 003 de la Procuraduría.
De ese modo, el organismo indicó que los procuradores regionales, provinciales y municipales podrán solicitar información sobre la prestación de servicios, la calidad de la atención y la gestión del dinero a las entidades de salud. Además, los funcionarios tendrán la facultad para hacer inspecciones a sus instalaciones y equipos, con el fin de verificar que estén funcionando de manera adecuada.
Los procuradores también deberán impartir instrucciones obligatorias e inmediatas a los actores del sistema general de seguridad social en salud, los cuales tienen la responsabilidad de garantizar un acceso efectivo a este derecho fundamental.
Otra de las tareas de los procuradores será presentar acciones judiciales para defender, de forma inmediata, los derechos de los usuarios, además de garantizar el cumplimiento de las normas y estándares de salud. La directiva señala que, en suma, deberán vigilar a los operadores logísticos y de dispensación de medicamentos e insumos, en aras de acceso oportuno y de calidad.
Finalmente, los procuradores regionales, provinciales y municipales han de “emitir los informes correspondientes y los resultados de las actuaciones, para que se evalúe la incidencia disciplinaria a que haya lugar”.
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