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La Procuraduría General de la Nación informó este lunes, 14 de julio, que realizó una inspección a las instalaciones de la EPS Famisanar, ante el aumento de acciones de tutela, peticiones, quejas y reclamos (PQRS) presentados tanto por sus usuarios como por asociaciones de pacientes.
Entre las principales quejas de los afiliados, según comunicó el órgano de control, se encuentran las dificultades en el acceso a los servicios y la escasez de medicamentos. La medida, entonces, se tomó con el fin de “recaudar información que permita identificar las dificultades en la prestación de servicios de salud”. La visita preventiva fue liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
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Durante la inspección se recaudó información sobre la gestión técnica, jurídica y financiera de la Famisanar. Del mismo modo, el Ministerio Público indagó sobre los canales de recepción de las PQRS y en los soportes o evidencias de la prestación efectiva de los servicios requeridos por el peticionario. También analizó la resolución de las solicitudes dentro de los tiempos establecidos.
“En cuanto a lo jurídico, el ente de control solicitó una relación de las acciones de tutela, los incidentes de desacato las demandas vigentes, documentación de las demandas vigentes y todos los procesos en curso en contra de esta EPS”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.
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Sobre el ámbito financiero, el organismo requirió el estado de la deuda con la red, así como información sobre las condiciones de suficiencia. “La información recaudada será objeto de análisis y contrastada con otras fuentes institucionales relevantes para realizar un diagnóstico integral”, aseguró la entidad.
El caso de Ana María Cuesta
La medida de la Procuraduría llega unas semanas después de que la Superintendencia de Salud anunciara la apertura de una investigación administrativa a Famisanar EPS y a Colsubsidio tras las denuncias, publicadas en El Espectador, que hizo la familia de Ana María Cuesta, quien era directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y falleció el pasado 11 de junio, a sus 39 años.
En ese momento, la Supersalud comunicó que había realizado una auditoría en la que “encontró material suficiente que evidencia la falta de seguimiento por parte de la EPS y del gestor farmacéutico en la entrega oportuna y completa de los medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas”, como era el caso de Ana María Cuesta.
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A los 19 años, Cuesta fue diagnosticada con hipertensión pulmonar. Más adelante, a su diagnóstico se sumó el de lupus eritematoso sistémico (LES), una enfermedad autoinmune que afecta al pulmón y para la que aún no hay cura conocida. La paciente tomaba dos medicamentos de alto costo como parte de su tratamiento: ambrisentan, que no recibía por parte de la EPS desde abril, y selexipag, que le formularon en 2023 y cuya última entrega habría sido en diciembre de 2024.
Por su parte, tras la publicación de este diario, el pasado 15 de junio, Famisanar anunció una revisión “de manera rigurosa todo lo relacionado con la atención médica brindada a la señora Ana María Cuesta, incluyendo la entrega de sus medicamentos”.
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