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La Nueva EPS está cerca de presentar un gran cambio. El Gobierno nacional ya lleva varios meses en negociaciones con las cajas de compensación para asumir la mayoría de las acciones de esta entidad que tiene cerca de 12 millones de afiliados. Aunque algunos medios ya dan por hecho que el Gobierno tiene el 51 % de las acciones de la EPS, El Espectador consultó a la Superintendencia de Salud, y dicen que aún no es algo confirmado.
Actualmente, el Estado tiene una participación del 49,9985%, mientras que seis cajas de compensación concentran el 50,0015 % de las acciones. La diferencia es, literalmente, una acción de las más de 16.8 millones en circulación. Sin embargo, esto es suficiente para que las cajas tengan la voz decisiva.
Como explicamos en este artículo, cuatro fuentes del sector asegurador, empresarial y cercanas al Gobierno le confirmaron a este medio que existe un acuerdo entre todas las cajas de compensación y el Gobierno del presidente Gustavo Petro para que el Estado asuma la mayoría accionaria de la Nueva EPS. Las conversaciones comenzaron tras la intervención de la entidad, ordenada por la Supersalud el 3 de abril de 2024.
¿Qué implicaría este cambio?
Por un lado, la decisión implicaría la inyección de capital, es decir, dinero, en una EPS que lo necesita urgentemente. Ese ingreso sería muy bien recibido por una red de más de 3.000 hospitales y clínicas, muchos de ellos públicos, que actualmente contratan servicios con Nueva EPS.
Sin embargo, pocos creen que cualquier tipo de capitalización pueda sacar a la EPS de la crisis, sobre todo porque no cuenta con estados financieros certificados desde 2022. En los análisis que se hacen en el sector, e incluso en los pasillos de los gremios, se comenta que con el control de las acciones y una nueva inyección de capital, la Supersalud podría considerar que la intervención ha terminado. Pero no está claro qué respaldo legal tendría esa decisión, porque incluso con más recursos, la EPS seguiría sin cumplir los indicadores que justificaron la intervención.
Las dudas más importantes, sin embargo, aparecen a mediano y largo plazo. Por un lado, Emilio Archila, abogado de la Universidad Externado, especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes y que ha seguido de cerca los últimos cambios regulatorios en salud, le contaba a El Espectador hace unas semanas, que considera que se está avanzando hacia una estatización del sistema. Según él, esto se parece a un regreso a una versión del extinto Instituto de Seguro Social, que era completamente público y cuya liquidación, por problemas financieros, dio origen a Nueva EPS. La pregunta que se hace Archila es concretamente una: ¿puede el control del Estado ser realmente más eficiente, profesional y transparente que el de los privados?
Otro riesgo que se ha identificado con el posible cambio es si con ese movimiento se corre el riesgo de perder la experiencia de las cajas de compensación. Tampoco se pueden descartar posibles problemas financieros, pues para algunos expertos existe una preocupación ligada tanto al peso fiscal como a la nueva mayoría en Nueva EPS, ya que el Estado podría verse obligado, en el futuro, a inyectar dinero una y otra vez para mantener la empresa en funcionamiento. En otras palabras, cada vez que la EPS necesite recursos, el Gobierno tendría que usar dinero público, lo que representa un “peso” sobre el presupuesto del Estado y limita los fondos disponibles. De cómo salga esa operación va a depender, en gran medida, el futuro del sistema.
